El sábado pasado cerca de las 10 de la mañana, después de gritar toda la noche y derribar puertas de chapa, los policías de la Federal y de la Ciudad que terminaban de allanar 77 objetivos del mercado transa del Playón Este y el barrio San Martín de la Villa 31 se quitaron los cascos e intentaron respirar un poco.
Habían recibido la orden para el operativo de parte del Juzgado Nº4 de Ariel Lijo tras 390 días de investigación de la Fiscalía Federal Nº1 de Jorge Di Lello a cargo del secretario Javier D'Elio. La Banda de los Sampedranos, llamados así por venir de San Pedro, Paraguay, era el blanco, un linaje de viejos dealers y capos que marcó al Playón durante la última década. Había pruebas.
La Policía de la Ciudad había filmado más de 50 mil gigas desde las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, la Federal había hecho lo propio con brigadas en el barrio y horas de seguimientos y escuchas telefónicas en vivo. Incautaron dos kilos y medio de pasta base, 12 kilos de marihuana infectada de hongos, 400 mil pesos, un millón y medio de guaraníes, un chaleco antibalas, tres pistolas, nueve vehículos, entre ellos dos camionetas, una Ford Ranger y una Toyota Hilux.
Y después llegaron los clientes.
Los policías terminaron apedreados con insultos, con cualquier cosa que hubiese a mano para tirar. Eran adictos al paco del barrio que habían perdido su punto de compra para la dosis, cercan 15, todos locales, completamente enajenados. Ni siquiera eran los que llegaban de afuera, de otras zonas, otros sectores de la Ciudad o el Conurbano para consumir en la 31. Eran los de ahí.
El comienzo de este artículo se parece al de muchos otros a lo largo de los últimos cinco años, relatos de operativos a simple vista exitosos en la villa de Retiro, con la paradoja de un hervidero de droga y sicariato a 15 minutos a pie del despacho de Mauricio Macri en Balcarce 50. El narcotráfico es un problema cíclico en la Villa 31 y la 31 bis, por decirlo de una forma amable, sean traficantes paraguayos o peruanos: venden, crecen en el negocio, matan traidores o enemigos, las fuerzas de seguridad los allanan. Y luego vuelven, los mismos u otros, quizás por complicidad, quizás por desidia. Los procedimientos en Retiro durante los últimos cinco años contra capos como Pedro Acosta Fouz, "Ruti" Mariños o César Morán de la Cruz crearon un vacío. Pero la naturaleza aborrece un vacío. Y el poder narco de la villa de Retiro también.
Juan Ramón Ortigoza Acosta, "El Groso", el supuesto nuevo jefe de Los Sampedranos, supo llenarlo con éxito.
La Policía de la Ciudad lo arrestó el sábado pasado poco antes del amanecer en un primer piso de la manzana 100 al que llegaron tras subir por una escalera caracol. Tenía tres celulares, 35 mil pesos, lo acompañaba una joven de 20 años. Hubo 17 detenidos en el operativo: se habían identificado 64 personas para que terminaran arrestadas, 64 ordenes individuales. "Alguien puede haber dicho algo", se pregunta alguien cerca del expediente, "una batida".
Ortigoza, quizás no tan sorprendido, se dejó detener sin pelear. "Perdió tranquilo", dice un investigador. No tenía zapatillas para correr, lo encontraron en short y medias. También metieron presa a su madre, Juana Fariña Acosta, una ex empleada doméstica de 55 años acusada de manejarle el dinero: las escuchas revelaron que Ortigoza podía llevarse hasta tres millones de pesos argentinos por semana. Su estilo de vida lo contradecía: la pieza en que lo detuvieron era alquilada. Los números tampoco sorprenden mucho. Un cuaderno encontrado en la Villa 1-11-14 a la banda de "Marcos" Estrada González reveló ingresos diarios de más de un millón por la venta de cocaína y pasta base.
Con 30 años, "El Groso" había hecho algo que casi ningún capo narco porteño había hecho en su vida: trabajar. Tuvo empleos en blanco durante años en empresas de construcción a lo largo de la década, al menos cinco empleadores distintos. Ni siquiera era un narco de carrera. La única causa que lo menciona además de la que instruyen Di Lello y D'Elio fue una de 2011 en la que denunció a otro nombre por lesiones leves de acuerdo a datos de la Cámar aFederal.
Ortigoza, por otra parte, no es el único capo en la organización de los paraguayos, la Fiscalía Federal Nº1 lo ubica en una fila de cuatro hombres, la cima de la banda de los de San Pedro, un organigrama integrado por varias familias que incluye subjefes, proveedores, "dueños de cancha", los capos zonales de dealers y un prolijo sistema de campanas en cuatro anillos de seguridad distintos. La banda, entre el núcleo duro, asociados y satélites, tiene 193 personas en total, según fuentes de la investigación.
Los Sampedranos había comenzado su leyenda cinco años atrás, cuando un rumor de que vendían cocaína, marihuana y base en las inmediaciones de un colegio primario del asentamiento alertó a las autoridades. Se los vinculó a los hermanos Acosta Fouz, presos eventualmente los dos, ligados al corralón ilegal y boliche bailable Tarzán, allanado y clausurado en múltiples ocasiones.
Pero mientras la Fiscalía Federal Nº1 apuntaba a la banda del peruano Morán de la Cruz, particularmente violentos, con un dominio sanguinario del barrio San Martín junto al paredón de la estación de la línea de tren de ese nombre, y el Juzgado Federal Nº11 enfocaba sus esfuerzos en desgastar lo que quedaba del también peruano "Ruti" Mariños con su ex mujer, Miriam, "La Chona", Los Sampedranos tuvieron algo de espacio para reconfigurarse y crecer, menos gritones que sus competidores y predecesores, con menos ganas de matar. Quizás aprendieron: el crimen narco llama demasiado la atención. El triple crimen de marzo de 2018 en el Barrio San Martín, con tres cadáveres incendiados en un carrito de cartonero, un hecho brutal ligado a la banda de Morán de la Cruz, llevó a que los ministerios de Seguridad de la Ciudad y Nación a convocar a los investigadores de Comodoro Py, les ofrecieron apoyo logístico y recursos para un nuevo embate contra los traficantes de la 31 bis.
Para derribar a la banda del "Groso" y su madre, dos fuerzas de seguridad trabajaron mancomunadas en un territorio altamente complejo y con una banda mucho más suspicaz que el narco promedio. Sin embargo, el costo de la guerra a las drogas es obvio. Funcionarios alrededor del expediente no se atreven a ponerle un precio de etiqueta a la investigación completa. Allanar la Villa 31 año tras año le sale caro al Estado, las tareas de campo y un operativo de 300 hombres se suman a las intervenciones telefónicas y las pericias de rigor. Solo testear una muestra de cocaína cualquiera en un laboratorio policial, para que tenga validez en un expediente penal ante un tribunal, puede costar cinco mil pesos. Configurar una solución permanente es otro desafío.
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