Presentaron la primera demanda por extinción de dominio para recuperar bienes millonarios del clan narcocriminal Loza

Seis meses después de la incorporación del Régimen de Extinción de Dominio al ordenamiento jurídico, un grupo de fiscales interpuso este lunes la primera demanda en sede Civil y Comercial para que el Estado Nacional absorba un patrimonio millonario de origen ilícito, producto del tráfico trasnacional de drogas.

Impulsada desde la Procuración General de la Nación, la causa judicial plantea el cese de la titularidad a manos de una banda delictiva de un centenar de bienes muebles e inmuebles sospechados de haber sido adquiridos con las ganancias de cargamentos de cocaína colocados en Europa a lo largo de una década y por medio del lavado de activos en el país.

El Ministerio Público Fiscal le apunta a una organización narco desmantelada de manera simultánea y coordinada en diciembre pasado por autoridades judiciales y policiales argentinas, españolas e italianas en la que se detuvo a 35 personas.

La compleja investigación, una de las más resonantes en las últimas décadas, demandó siete años de pesquisas, aunque formalmente se inició cuando dos sujetos vinculados a la organización intentaron ingresar por Ezeiza 365.800 Euros ocultos en valijas con doble fondo despachas en un vuelo proveniente de Madrid.  La investigación internacional condujo a la detención de los presuntos líderes de la asociación delictual: los hermanos de origen salteño, José Gonzalo Loza, preso en España, y de Erwin Raúl Loza, detenido en Devoto, junto a otra decena de supuestos organizadores y miembros de la asociación ilícita, procesados con prisión preventiva por el juez Federal en lo Penal Económico Pablo Yadarola.

Un cúmulo de pruebas recogidas gracias a las tareas de agentes encubiertos, escuchas telefónicas y el aporte de un arrepentido precipitaron ese primer procesamiento por asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas, con embargos por $7400 millones que luego fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones.

Un año antes, un tercer hermano, Valdemar Loza, también había sido detenido, pero en 2017, por la división Drogas Peligrosas de la PFA mientras transitaba con más de una tonelada de clorhidrato de cocaína de máxima pureza cerca de Tapiales.

El clan Loza

El primero de los hermanos, según la imputación que pesa en España donde está siendo juzgado "por conductas de narcotráfico verificadas a través del hallazgo de 1200 kg de cocaína en la ciudad de Granada", era el encargado de la distribución de los cargamentos de droga en España y otras ciudades europeas. Mientras que el segundo, aprehendido en la localidad de Martínez, se ocupaba de enviarla camuflada en containers de pescado congelado y oculta dentro de autos preparados para competencias de rally.

Los bienes cautelados del clan en el país están valuados en al menos 800 millones de pesos (US$ 18 millones) y fueron detectados gracias al trabajo conjunto de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) con el apoyo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la Aduana, la AFIP, la Procuraduría Contra el Lavado de Activos (PROCELAC) y las fuerzas federales de Seguridad.

El patrimonio está compuesto por 45 propiedades en CABA, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la costa Atlántica y la provincia de Salta; una treintena de automóviles suntuosos—entre ellos tres Ferrari—, dinero en efectivo y depósitos en entidades bancarias a nombre de los miembros de la organización y de sociedades creadas para lavar el dinero.  Hay además maquinaria, joyas y electrodomésticos que los fiscales, legitimados para promover la acción civil según las disposiciones del DNU que en febrero pasado firmó el Presidente Mauricio Macri, buscan recuperar en su totalidad.

Impulso de Casal

El 16 de junio pasado el Procurador General, Eduardo Casal, dispuso que un equipo ad hoc del Ministerio Público Fiscal promoviera las primeras acciones de extinción de dominio para que esos bienes ilícitos pasen a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).  Con la postergada creación, por insuficiencia presupuestaria, de la unidad especializada en esa materia resolvió que los mismos fiscales que motorizaron la acción penal, Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR y Pablo Turano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°1, colaboraran con el fiscal federal Civil y Comercial, Miguel Ángel Guilligan.

En su dictamen, Casal argumentó que esa contribución era necesaria por el alto grado de conocimiento que poseen los fiscales del fuero penal sobre la red de activos investigados, cuyo dominio se aspira a extinguir.

La demanda, un compendio minucioso de 326 fojas más anexos, recayó en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°10, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos.

Los fiscales fundamentan el recupero de activos en manos de 22 imputados y la extinción de dominio del patrimonio de al menos 10 sociedades vinculadas al grupo, en su origen criminal, producto de actividades de narcotráfico de la totalidad de los bienes investigados. También en las maniobras de lavado a través de las cuales se canalizaron los beneficios de la actividad ilícita al ingresar las ganancias en efectivo ocultas en equipajes para más tarde adquirir bienes como cocheras y hoteles con la finalidad de simular ingresos legales.

Según la demanda a la que accedió Infobae la actuación de la banda "tuvo impacto en países como Italia, Irlanda, Inglaterra, Bolivia, Colombia y Perú" y "una actuación estable, con soporte estructural, división de roles y desarrollo en el tiempo".

Su operatoria se basó en el contrabando de drogas desde la Argentina a España por vía marítima y proveniente de Bolivia y Perú, el traslado de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos mediante un mecanismo de sociedades, actos simulados y maniobras para evadir el control estatal y así blanquear el dinero de la estructura delictiva.

En la argumentación jurídica, los fiscales sostienen la legitimidad del reclamo no sólo en las disposiciones del DNU sino también en la adopción de instrumentos internacionales, a través de al menos cuatro leyes, para promover la recuperación de activos relacionados con la criminalidad económica.

Decreto de Necesidad y urgencia

Los fiscales explicaron que ante las dificultades "que conlleva el decomiso penal donde se requiere de una condena, la extinción de dominio civil, autónomo del proceso penal, de carácter patrimonial y real se convierte en la herramienta adecuada para el alcanzar un recupero de los bienes producto de la actividad delictiva en forma oportuna y efectiva". "Así lo regula el DNU 62/2019 firmado por el presidente Macri, en virtud del cual la extinción de dominio debe tramitarse a través de una acción civil de carácter patrimonial mediante la cual, a raíz de una sospecha fundada en la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos legales de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado", precisaron.

Para Iglesias, Turano y Gilligan, la elección que realiza el DNU de este tipo de acción para extinguir el dominio "es conteste con la experiencia comparada y la tendencia internacional en la materia y tiene fundamento en la necesidad de separarlo del decomiso penal pues, en ese supuesto, el decomiso definitivo depende del resultado del proceso penal que, en caso de paralizarse o no poder iniciarse, por ejemplo por fuga o fallecimiento del demandado, nunca podrá ser alcanzado. Ello, entre otros obstáculos propios de las garantías que rigen los procesos penales".

Más allá de sus diversas denominaciones -"extinción de dominio", "decomiso civil" o "decomiso sin condena", entre otras acepciones que varían según el país o el sistema jurídico-, entre los rasgos que definen a este instituto se destacan su carácter real -es decir, que se dirige contra los bienes y no contra las personas-, que no es de naturaleza penal y que puede ser decretado por un juez no penal.

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