Desde hace más de una década Cristina Vázquez (37) pasa sus días en una fría celda de la Unidad Penal N° 5 del Instituto Correccional de Mujeres de la ciudad de Posadas, Misiones. Las horas se le hacen eternas mientras aguarda el día clave, el que marcará esa última oportunidad que tiene para terminar con el calvario. Espera la resolución de la Corte Suprema de la Nación que debe rever el fallo que la condenó junto a otras dos personas –Cecilia Rojas (37) y su pareja Omar Jara (38)- a prisión perpetua por un crimen que, asegura, no cometió.
Cristina sostiene su inocencia sobre la base de que no hay testigos directos que acrediten su culpabilidad: nadie la vio a entrar ni salir de la casa de la víctima, Ersélide Dávalos (79), quien era su vecina. Las pericias en la escena del homicidio y en su casa tampoco encontraron ningún rastro o huella suya que la vinculen con el hecho.
Entonces, ¿cómo se la relaciona con el crimen? A partir de la amistad que mantenía con Cecilia Rojas, de su cercanía con la víctima (vivían en la misma cuadra y solían charlar), y de la declaración de un testigo que dijo que ella se lo confesó en "una noche de drogas".
Todo comenzó la noche del viernes 27 de julio de 2001 cuando Dávalos fue asesinada a golpes causados, de acuerdo a los exámenes forenses, con un elemento que podría ser un martillo o un caño en su casa del barrio El Palomar de Posadas. La autopsia determinó que el ataque se produjo entre las nueve y las doce de la noche. La víctima agonizó y murió poco después, entre la 1 y las 2 de la madrugada.
Ya por la mañana del sábado 28, cerca de las 7:30, la empleada doméstica que trabajaba desde hacía siete años en ese hogar, halló el cadáver en el lavadero. Inmediatamente fue a pedir auxilio a la casa de la hija de Dávalos, Daniela Insaurralde, a dos cuadras de allí.
Las pesquisas iniciales orientaron la investigación a un episodio de robo detrás del homicidio, ya que en la vivienda faltaban dinero y joyas. Un dato llamó la atención de los investigadores y fue utilizado luego en contra de Cristina: la alarma de la casa no se activó y tampoco se forzaron las puertas.
La empleada doméstica había trabajado ese viernes y, según declaró, se retiró a las 20:30. Dijo, además, que al irse en la vivienda aún estaba un técnico en electrónica que había ido a reparar el calefón a la anciana. Este hombre, conocido de Dávalos, dijo por su parte que se fue cerca de las 21:20.
Durante los meses siguientes fueron detenidos cuatro vecinos, a los que eventualmente liberaron. Uno de ellos declaró que aquella noche vio a la camioneta Volkswagen Saveiro del electricista irse "raudamente" de la propiedad. No obstante, el testimonio de varias personas que se presentaron a declarar viraron el rumbo de la investigación, que terminó posándose sobre Cristina, Rojas y Jara.
En el expediente se describen diferentes versiones en su contra: que Omar Jara ofreció a una vecina joyas que podrían pertenecer a Ersélide, una cadenita y una alianza de matrimonio que nunca aparecieron; que también lo vieron con un buzo enrollado entre sus brazos y manchas oscuras en su pantalón la noche del homicidio; que ese mismo día observaron a Cristina caminando varias veces por el frente de la casa de la víctima acompañada de otra mujer, la última vez cerca de las 21, lo cual -dedujeron después los investigadores- se trató de una maniobra para rastrear la casa previo al ataque.
A ellos se sumaron los testimonios que aportó Rubén Texeira, un "detective privado" -tal cual se lo define en la causa- contratado por la hija de la víctima. Este hombre trabajaba en realidad como remisero de turno noche y consiguió las declaraciones mientras hacía viajes.
A los pocos días del homicidio, el 10 de agosto de 2001, Cristina fue citada por la Justicia y dio su versión: dijo que ese fin de semana estuvo en lo de una amiga, Celeste García, en la localidad de Garupá, a 8 kilómetros de su hogar. De acuerdo a su relato, volvió a su casa recién el domingo por la mañana. Así lo ratificó la propia García y el padre de esta.
Sin embargo, Cristina (por entonces de 19 años), Jara y Rojas fueron imputados por homicidio agravado críminis causa. Al año siguiente fue detenida aunque recuperó la libertad al poco tiempo. Estuvo presa unos meses y fue liberada por falta de mérito.
Los años pasaron pero la investigación continuó. Cristina volvió a ser arrestada en 2007 luego de que el hermano de una amiga suya testificó que ella le había confesado el hecho "en una noche de drogas".
Con todos los elementos la fiscal del caso, Liliana Picazo, elaboró su hipótesis: Ersélide había enviudado cuatro meses atrás y en ese lapso había cambiado de auto por un modelo más nuevo, por lo que los agresores creyeron que habría cobrado un seguro de vida. La víctima dejó pasar a Cristina porque la conocía (convirtiéndola en partícipe necesaria), y esta luego, junto a Jara y Rojas, la asesinaron para ocultar el robo.
En diciembre de 2008 elevaron el caso a juicio y en julio de 2010 el Tribunal Penal Nº 1, conformado por los jueces Marcela Leiva, Fernando Verón y Selva Zuetta, condenó a los tres acusados a la pena de cadena perpetua.
Indiana Guerreño, abogada defensora y presidente de la Asociación Pensamiento Penal cuestionó la resolución: "El tribunal construye la culpabilidad de Cristina Vázquez en base rumores, cargados de prejuicios de género y de clase. Su condena viola todos los principios que protegen la libertad, ya que juzga un estilo de vida que el tribunal imagina conocer, cuando en nuestro sistema penal solo se pueden juzgar actos. Para condenar a las personas que cometen esos actos, estos tienen que ser probados en un proceso donde se respeten las garantías constitucionales. Hasta que eso ocurra toda persona es inocente y tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable".
"Tantas irregularidades hubo en este largo proceso -lleva ya dieciocho años-, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la condena de sea revisada en Misiones. Sin embargo, el máximo tribunal provincial volvió a confirmar copiando y pegando párrafos enteros de la sentencia que debía revisar", aseguró la abogada.
Un documental del caso
Magda Hernández es una periodista colombiana que vino a vivir a Buenos Aires a principios de 2007. Su primer trabajo fue como moza en un restaurante del barrio porteño de Recoleta. Allí conoció a Cristina, quien después de haber sido absuelta por falta de mérito se había mudado para iniciar una nueva vida y había conseguido el mismo empleo.
Rápidamente forjaron una amistad que se interrumpió abruptamente. "A los pocos meses se realizó una redada policial en el restaurante para capturar a Cristina y ahí me enteré que la acusaban de un homicidio", recordó Hernández en diálogo con Infobae.
Pero la efímera relación perduró en su mente. "Me pasaba mucho que creía verla en la calle, la confundía con otras mujeres, así que finalmente me puse a buscar información. En 2013 fui hasta Posadas a visitarla. Ese primer encuentro fue muy movilizante. Cuando nos abrazamos me dijo que era inocente y sentí que no me quedaba otra opción: me metí de cabeza a investigar sin saber que iba a ser un proceso de años".
Hernández dice que al adentrarse en la causa sintió la necesidad de "probar que Cristina no tuvo nada que ver" con el homicidio. Para ello se contactó con Asociación Pensamiento Penal y la iniciativa se plasmó en el documental Fragmentos de una amiga desconocida, que ella misma dirigió y que se estrenó el jueves pasado a las 20:45 en el Cine Gaumont, frente a la Plaza Congreso (estará en cartelera durante una semana y a la vez se subirá a la cuenta de YouTube Mita'i Films, la casa productora).
El proyecto pretende sostener la posición de inocencia de Cristina. Mientras tanto ella aguarda entre bajones anímicos una resolución de la Corte Suprema que no tiene plazo estipulado. "Es particularmente fuerte, pero por momento quiere rendirse y dejar todo como está, porque la incertidumbre es muy difícil. Pero sigue, con sus alta y bajas, sigue", cierra Hernández.
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