El albatro de la Prefectura Francisco Javier Pintos, principal sospechoso de haber asesinado al joven mapuche Rafael Nahuel (22) durante un operativo en Villa Mascardi, Bariloche, a finales de 2017 recuperó la libertad después de haber pasado tres semanas en prisión.
La misma Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que había ratificado la prisión preventiva y avalado su detención el 10 de junio pasado este viernes dio lugar a la apelación de la defensa del agente y permitió que Pintos espere el juicio en su contra en libertad.
Con la firma de los jueces Mariano Lozano, Richar Fernando Gallego y Ricardo Barreiro, el Tribunal aceptó que no existen riesgos procesales (es decir, que el imputado se fugue o entorpezca el proceso) y determinó que el prefecto que, según las pericias balísticas, disparó por la espalda al joven de 22 años, vuelva a su casa con su familia bajo caución. Es decir, deberá pagar una fianza cuyo monto aún no fue fijado.
Pintos está imputado por el delito de "homicidio calificado agravado por el uso de armas de fuego". En caso de ser hallado culpable en el juicio en su contra, podría recibir una pena de entre 10 años y 8 meses y 33 años y 4 meses de prisión.
Fue la propia Cámara la que cambió la calificación, que originalmente era "exceso en la legítima defensa", ya que no había encontrado demasiadas pruebas ni explicaciones para sostener que el ataque de la comunidad mapuche había sido lo suficientemente grave para llevar al prefecto a actuar de ese modo.
Para el juez Lozano, corresponde la excarcelación, o el fin de la prisión preventiva, porque "no parece del todo desechable la chance que tiene de que en el juicio que se le avecina su defensa sea receptada, si no para obtener su absolución tal vez sí para un cambio de calificación que lo lleve a tener que afrontar una condena de menor entidad; circunstancia que, a su vez, es un acicate para que prefiera mantenerse a derecho, antes que profugarse".
El magistrado también consideró que no observa que las pruebas que restan colectar en la investigación puedan ser obstaculzadas por Pintos si se encuentra fuera de prisión. Para Lozano, el albatro de Prefectura "no ha demostrado hasta el momento tener un comportamiento obstructivo de la pesquisa".
El juez Barreiro consideró: "Debe repararse, primordialmente, en que la prisión preventiva significa poner preso a un inocente. Nada menos. De donde esa decisión es de una importancia capital y cuando se la adopta no se lo hace —si se procede correctamente— por anticipar un veredicto de culpabilidad, sino, y únicamente, para evitar que se frustre la aplicación de la ley penal".
Además, este juez, para sostener su aceptación de la excarcelación de Pintos, fue irónico con otros casos de renombre, cuando escribió en el fallo, al que tuvo acceso Infobae, que "el hecho de que en la Argentina —también en otros países, claro— la prisión preventiva se use para anticipar la pena es una patología del sistema".
Para Barreiro, la libertad de Pintos no pone en riesgo la continuidad de la investigación. Por eso aceptó terminar con la prisión preventiva, a pesar de que las pruebas lo comprometen seriamente: "Si bien podría sostenerse que la acentuada presunción de autoría y culpabilidad que pesa (…) justificaría mantenerlo en prisión preventiva para evitar que se fugue, el análisis fundado en su historia personal, ajena a los hechos por los que está procesado en este expediente, debe conducir aquí a disponer su libertad, ya que Pintos no ha revelado ninguna conducta elusiva de sus responsabilidades procesales, ha estado todo el tiempo a derecho, cuenta con medios de vida comprobables pues es miembro de la Prefectura Naval".
Se cree que Pintos, nacido en Formosa hace 30 años, mató a Nahuel durante el operativo de Prefectura llevado a cabo en la madrugada del 25 de noviembre de 2017. El cabo 1º del equipo especial Albatros entró a los tiros junto con un grupo comando en el territorio considerado sagrado por la comunidad mapuche de Villa Mascardi.
Según las pericias balísticas el joven Rafael Nahuel recibió una bala disparada por Pintos mientras estaba desarmado y de espaldas: el tiro entró por su glúteo izquierdo y se quedó alojado en su tórax. Un año, seis meses y 15 días después del hecho, el agente fue detenido en su casa del barrio bonaerense de San Fernando.
Según contaron los mapuches a Infobae, todos vieron el crimen. Uno de los líderes de la comunidad, conocido como Coihue, relató: "Fue un enfrentamiento entre armas de ellos, con balas, y piedras nuestras. Si yo hubiera tenido un arma no tengo tanta mala puntería, voy y le pego un tiro en la cabeza al que mató a Rafael. Los locos nos cagaron a tiros. Vinieron, les pegaron a las mujeres, les tiraron gas pimienta a los niños".
A pesar de las declaraciones de varios prefectos en la Justicia, y de funcionarios del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich incluida, que aseguraron que vieron "armas de fuego" entre los integrantes de la comunidad mapuche de Villa Mascardi, la investigación no logró determinarlo.
No obstante, la defensa de Pintos, encabezada por el ex funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense de Cristian Ritondo, Marcelo Rocchetti, apeló ante la Cámara Federal de General Roca la prisión preventiva y cuestionó el procesamiento. El planteo fue rechazado por los jueces una vez. El abogado recurrió. Y la Cámara, finalmente, aceptó la excarcelación.
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