Cayó otra banda que lucraba con certificados médicos truchos a docentes y auxiliares

Así fue el operativo que desbarató la organización criminal.

El gobierno bonaerense volvió a poner bajo la lupa las licencias docentes. En un trabajo judicial y policial conjunto, las autoridades desbarataron en Lanús un sistema ilegal que otorgaba certificados médicos truchos a docentes y auxiliares de la educación. En la causa hay 28 personas procesadas, entre ellas, una empleada del Consejo Escolar.

Producto de la maniobra, se calcula que sólo el año pasado la defraudación contra el Estado superó los 10 millones de pesos, aunque la cifra global sería mayor con lo que sucedió el primer semestre de 2019.

La investigación comenzó meses atrás cuando personal de la Dirección General de Escuelas y Educación detectó y denunció, tras implementar un nuevo sistema de licencias médicas en 2018, diferentes irregularidades en el otorgamiento de carpetas por enfermedad.

No es el primer caso de estas características que se registra en la Provincia de Buenos Aires. A fines de mayo, un delegado del gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) del municipio de José C. Paz, junto a otras tres personas, fueron imputadas por otorgar más de 200 licencias fraguadas.

En Lanús, el hallazgo se produjo en el sitio web donde los docentes cargan los certificados. Allí, cada maestro que esté imposibilitado de trabajar por una razón médica sube la foto del comprobante respectivo. En el marco de los controles habituales, llamó la atención de parte de las autoridades aparecieran varias autorizaciones de los mismos médicos, pero con letra y firmas distintas.

Tras recibir la denuncia del gobierno bonaerense, el fiscal de la UFIJ N° 16 de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta dispuso que se iniciara una investigación penal para dar con los responsables de la maniobra.

Según las pesquisas, los integrantes del grupo delictivo expedían los certificados con falsos sellos y firmas de distintos profesionales que requerían el otorgamiento de licencias de como mínimo 30 días. Se comprobó que, a partir de esta maniobra, fueron concedidas más de 40 carpetas.

En la cartera educativa advirtieron que este tipo de trámite genera un perjuicio patrimonial al Estado provincial, si se incluye, además del pago de las licencias, los salarios de los docentes o auxiliares sustitutos para cubrir esos puestos.

Los procesamientos alcanzan a los maestros y al personal educativo que utilizó las licencias, junto con la encargada de coordinar todo el sistema ilegal. Los médicos involucrados, por su lado, desconocían que eran blanco de la falsificación y no habría hecho usufructo de este mecanismo.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la cabecilla de la organización tenía un rol similar al de una "puntera". Si bien falta precisar los alcances de la maniobra, el negocio de la mujer identificada consistiría en obtener "retornos" de parte de los docentes reemplazantes, quienes devolverían el favor con un porcentaje de su sueldo.

Los procesados fueron acusados por asociación ilícita en perjuicio de la administración pública, fraude y adulteración de documentos. Se trata de una imputación grave, cuyas pena máxima puede alcanzar los quince años de prisión.

Con los indicios recolectados, el titular del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi ordenó avanzar con unos 35 allanamientos en el Consejo Escolar de Lanús y diferentes localidades de este distrito y en los partidos de Quilmes, Avellaneda y San Vicente. Por ahora, no hay detenidos en la causa.

Entre los elementos secuestrados se destacan 25 celulares, comprobantes y ordenes médicas, recetarios, 80 certificados médicos, planillas de licencias, 17 constancias de atención y reposo, historial laboral y licencias tomadas, certificados de junta médica y varios talonarios con membrete del Ministerio de Cultura y Educación bonaerense y sellos varios de los profesionales apócrifos.

Las tareas estuvieron a cargo de numerarios de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía bonaerense, pertenecientes a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.

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