El calvario de una mujer colombiana sometida por su novio argentino y esclavizada por una banda de falsificadores de tarjetas

En febrero de 2018, Paula recibió un llamado telefónico en su casa en Colombia de su hermana Diana, que vivía en Argentina. Ella le contaba, asustada desde un locutorio, de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, que su novio, Juan Martín I. -a quien había conocido por internet y visitaba desde hacía dos meses luego de venir al país para comenzar la relación- la había golpeado, amenazado de muerte y le había quitado todos sus documentos y pertenencias.

A partir de ese llamado, Paula pidió ayuda a las autoridades colombianas y denunció que temía que Diana -los nombres son ficticios para preservar la identidad de la víctima- fuese sometida a la trata de personas y explotación sexual por el argentino que era su pareja.

Así, se dio aviso al Consulado de Colombia en Buenos Aires para poder rastrearla, se radicó de inmediato la denuncia penal ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas a cargo del fiscal Marcelo Colombo y se dio inicio a una investigación que quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano de la Fiscalía Federal N° 3, bajo la firma del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Hoy, Juan Martín I., de 39 años de edad, comerciante según él mismo, registrado como empresario en la AFIP, con oficina en la calle Florida y domicilio en la coqueta calle Tomkinson en Beccar, está preso en el penal de Ezeiza, procesado con prisión preventiva por Martínez De Giorgi con un embargo de $3 millones, precisamente por el delito de trata. Sin embargo, el caso escapa al guión usual de la esclavitud sexual de las mujeres. El tormento de Diana, madre de un chico de cinco años, se convirtió en algo distinto. 

Diana y Juan I. se habían conocido en 2016 a través de Facebook por la intermediación de "Juancho", un hombre oriundo de la ciudad de Medellín. Durante cinco meses conversaron por mensajes de WhatsApp, se enamoraron, construyeron un vínculo sentimental. Finalmente, querían verse. Tras haber estado cierto tiempo sin hablar, Juan le compró un pasaje y la invitó a quedarse un mes con él en Buenos Aires, entre noviembre y diciembre de 2017.

Así, concretaron el encuentro del que tanto tiempo habían hablado, vivieron juntos como una pareja y se entretuvieron recorriendo la ciudad como turistas. Pero cuando llegó la hora de volver a Colombia, él la convenció a Diana de que se quedara un tiempo más y ella accedió.

Ahí las cosas cambiaron.

Juan tenía un problema de consumo de drogas que se había agravado y Diana estaba asustada. Según su relato ante la Justicia, a partir de ese momento él comenzó a maltratarla físicamente, la insultaba y la "hacía sentir inferior" por su nacionalidad.

El 18 de enero último, alarmada por el comportamiento de su pareja, Diana decidió volver a su país y dejar de tener contacto con él. Juan, desencajado por el abandono, se contactó con ella a través de sus familiares. Estaba enojado porque aseguraba que lo había engañado y la amenazó de muerte a ella y a su hijo de cinco años para que vuelva a Argentina. Le compró un pasaje y ella accedió a volver. Pensó que si cumplía con las cosas que él le decía la situación se iba a calmar.

Cuando llegó, sin embargo, la situación empeoró: Diana luego declaró ante la Justicia que a partir de su regreso su novio le prohibió salir del departamento, la obligó a darle todas las contraseñas de sus cuentas de mail y redes sociales, la golpeaba con el puño todos los días, la amenazó con un cuchillo con el que le realizaba cortes en el cuerpo para intimidarla, la tomó del cuello y hasta la obligó a tener relaciones sexuales. Dijo también que él le pegaba cuando ella se rehusaba a darle información y que en ocasiones le suministraba pastillas que, contó, la hacían sentir "cansada".

En ese mes ella aprovechó cada oportunidad que tuvo para comunicarse con su ex pareja y padre de su hijo, en Colombia, para contarle lo que le estaba pasando. Él la asistía a la distancia, le ofrecía el contacto de argentinos para ayudarla y le recomendaba que denunciara en la policía, pero a ella le daba pánico.

Esas conversaciones finalmente mermaron cuando una vez él la encontró en las cabinas telefónicas desde donde llamaba y la llevó a la fuerza de vuelta al departamento donde, en forma de castigo, según contó ella, le clavó un destornillador en la pierna.

Además de los maltratos dentro de su casa, Juan I. empezó a obligar a Diana a realizar trámites en bancos: retirar dinero de una cuenta con la tarjeta de crédito o de cajeros automáticos con tarjetas de débito.

Diana sospechó rápidamente. Todo le indicaba que Juan I. se dedicaba junto con otros sujetos que lo visitaban a diario a clonar tarjetas de débito y crédito, documentos de identidad y pasaportes.

Diana intentaba ganar su confianza para lograr volver a Colombia y así denunciarlo. A pesar de su reticencia, Juan finalmente accedió con la condición de que llevara en su equipaje una computadora personal de él para entregársela a alguien. Todos los pasajes se los pagaba en efectivo o tarjetas que él falsificaba, según pudo constatar luego la investigación.

Cuando Diana logró volver a Colombia en marzo, lo denunció ante la Fiscalía General de Medellín por la violencia física, sexual, económica y psicológica a la que fue sometida y las amenazas a ella y a su familia. Pidió que investiguen a él y que la protejan.

Pero aún así, Diana siempre volvía a la Argentina. Después de esa denuncia lo hizo dos veces más hasta la última, a fines de 2018.

Juan se aseguraba su retorno a través de la manipulación, entregándole $ 10 mil mensuales para la manutención de su hijo que estaba en Colombia junto a su padre y, en simultáneo, seguía amenazándola. Le decía por ejemplo, en conversaciones telefónicas, los colores de las puertas de las casas de sus familiares en Colombia y le sugería que tenía contactos allá para lastimarla. Ante el miedo de que él efectivamente cumpliera, ella siempre optaba por volver para calmarlo.

Para la Justicia no era fácil encontrarlo, porque en todo ese tiempo Juan vivió en ocho departamentos distintos de Capital Federal que alquilaba temporalmente. Sin embargo, cuando el fiscal Taiano consideró que se habían reunido las pruebas suficientes para imputarlo, solicitó un allanamiento de la última vivienda que era investigada, un departamento sobre la calle Sánchez de Bustamante, y su detención.

Ese operativo fue revelador. En la casa de Juan I. había una gran cantidad de elementos que daban cuenta de su actividad ilegal: SIM de celulares, llaves de un auto BMW, cuatro teléfonos celulares, 10 pendrives, 14 mini Posnet, 26 cajas cerradas con lectores de tarjetas para cobranza por celular, luz ultravioleta, tres computadoras, dos documentos de identidad falsificados con su foto, 83 tarjetas de crédito y débito, dinero en efectivo en pesos, euros y dólares, hologramas, pinzas de trabajo y material para plastificar.

También aparecieron elementos "de índole sexual" (como arneses), y un recetario médico junto a un sello de una médica psiquiatra de la que Juan I. había sido paciente y con los que, se sospecha, accedía ilegalmente  a opioides y tranquilizantes. Aunque ante la Justicia Juan refirió que la médica era "una ex novia" y que los tenía en su casa porque "se los había olvidado", la profesional lo contradijo. Diana declaró además también que en una oportunidad él la envío a comprar pastillas con recetas médicas.

En la investigación también se pudo comprobar que Juan, mediante un usuario a su nombre, vendió de forma online una impresora sofisticada, que podría haber sido utilizada para la confección de tarjetas y documentos apócrifos, por 100 mil pesos.

El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en tanto, interceptó a Diana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la entrevistó para saber más de su vínculo con Juan.

En su informe se dio por probado que la mujer había sido sometida a maltratos físicos y psicológicos, que fue sometida a violencia sexual y que presentaba heridas que requerían asistencia médica que nunca recibió. Aunque Diana aclaró que Juan no la explotó sexualmente, el informe sí refiere que fue explotada laboralmente.

La Justicia consideró entonces que estaba comprobado que Diana había sido sometida a diversos maltratos constantemente, que Juan I. estaba abocado a la falsificación de tarjetas junto a otros hombres que aún no fueron identificados y que insertó a la joven colombiana en ese circuito ilegal "con la finalidad de reducirla a la servidumbre, al punto tal de convertirla en una cosa u objeto disponible a su medida".

Así, Juan Martín I. fue procesado y encarcelado por el juez Martínez De Giorgi.

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