El martes por la tarde, el pediatra Ricardo Guillermo Russo, de 55 años, ex jefe del área de inmunología y reumatología del hospital Garrahan, era detenido en el estacionamiento del centro médico por la Policía de la Ciudad, en una investigación bajo las órdenes de la fiscal Daniela Dupuy. Lo cierto es que su domicilio porteño había sido allanado mucho antes.
Fuentes en los organismos de seguridad afirmaron -y luego confirmó la ministra Patricia Bullrich en conferencia de prensa- que Russo fue allanado el 22 de noviembre de 2018 por Gendarmería Nacional en presencia de testigos.
Infobae accedió a las imágenes del procedimiento, donde se ven nueve dispositivos secuestrados, entre ellos un CPU. En la conferencia de prensa de esta mañana junto a Diego Santilli, Bullrich habló de "tres terabytes" de información, tres mil gigabytes, un menú altamente comprometedor de fotos y videos que incluía imágenes de varones y mujeres por igual, bebés de seis meses, adolescentes, incluso imágenes en camillas compatibles con hospitales.
La pregunta, entonces, fue obvia para la ministra: ¿por qué se demoró en detenerlo? ¿Por qué seguía trabajando con chicos? La respuesta fue cauta: se necesitaban más pruebas, no existía una certeza procesal suficiente para privarlo de su libertad por un delito que es mucho más común de lo que parece. Una fuente en el Ministerio Público Fiscal porteño asegura: "Sospechas por viralización de contenido sexual de chicos tenés 200 por día, y no es un número dibujado".
Russo cayó en el marco del operativo denominado "Luz de Invierno III", con datos originados desde Homeland Security que apuntaban hacia movimientos en Brasil con redes P2P como la eMule, en la que Russo está acusado de distribuír material. En Argentina, Gendarmería allanó domicilios en diez provincias en forma coordinada.
Asistido por un defensor oficial, Russo se negó a declarar ayer por la tarde ante la fiscal de su caso, Daniela Dupuy. Hoy enfrentará su audiencia de prisión preventiva.
La división Informática Forense de Gendarmería fue la encargada de peritar el material incautado, con un extenso estudio a cargo del primer alférez Javier Zakowicz. En diálogo con Infobae, Zakowicz asegura que recibió los aparatos en febrero, "seis discos rígidos y 20 pendrives en tarjetas de memoria", lo que acumulaban tres terabytes de información en total.
"Cada archivo se vio manualmente para determinar su contenido, uno por uno", asegura Zakowicz.
Los resultados, afirma, fueron entregados a la fiscal Dupuy la semana pasada, lo que llevó a la orden de detención. En su informe, el perito de Gendarmería determinó la existencia de sesenta videos y 39 imágenes que podían ser consideradas como pornografía infantil. Fueron de fácil acceso, nada de ese material resultó estar encriptado.
Al recibir el material, Zakowicz realizó una copia forense de cada dispositivo con un software especial llamado Encase. "Encender una computadora e ingresar ya genera una alteración en el dispositivo", aclara. Tras realizar las copias, los dispositivos fueron remitidos de vuelta a la Justicia. Así, comenzó el registro archivo por archivo, lo que llevó a encontrar el material incriminante.
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