Quizás había algo más que lo inmediato debajo de la piel de San Miguel del Monte cuando cientos de vecinos acudieron el jueves por la tarde a la plaza Alsina de la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte, a 100 kilómetros de Capital Federal.
Cuatro chicos de la zona, tres de ellos de no más de 14 años, estaban muertos y enterrados en el cementerio local tras una persecución sobre la Ruta 3 con un patrullero de la Policía Bonaerense involucrado, con tres efectivos de la comisaría local a bordo. "Hubo tiros", dijo el procurador provincial Julio Conte Grand. "Hubo tiros", ratificó luego el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Uno de los fallecidos, determinó la autopsia, murió con una bala en uno de sus glúteos.
Horas después de la marcha, siete efectivos de la comisaría de Monte eran detenidos por la Bonaerense misma acusados, en principio, de homicidio culposo y encubrimiento. Otros doce fueron desplazados de sus cargos, toda una cúpula policial decapitada por las autoridades civiles luego de versiones que habían venido desde la Policía misma que indicaban que los efectivos habían hecho señas con una linterna en vez de disparado, que entregaron sus armas con los cargadores completos.
De vuelta en la plaza Alsina, en la calle, las cosa habían sido unánimes.
No había lugar para esconderse en la grieta retórica con estas tumbas frescas. Nadie podía levantar el dedo al respecto, decir que algo habrán hecho, hablar de garantismo jurídico que beneficia delincuente o justicia veloz en manos de uniformados con pistolas reglamentarias, cosas así.
Los muertos no eran dealers narco, no eran motochorros, no eran violadores o rastreros, sino adolescentes que hacían rap y andaban en skate. Y en la plaza, los adultos con pancartas, las preceptoras del secundario de las víctimas y los adolescentes amigos que rapeaban con ira y hartazgo y evocación para pedir justicia no hablaban de la mala suerte, no hablaban del destino. Hablaban contra la Policía, contra la comisaría de San Miguel del Monte.
Lo cierto es que las muertes en la persecución no sorprendieron a los investigadores del Ministerio Público en Cañuelas, divididos en dos fiscalías a cargo de la jurisdicción, la primera a cargo de Lisandro Damonte, que investiga el hecho, y la segunda a cargo de Norma Pippo. La comisaría no caía bien en las fiscalías. Resentían su estilo, sus procedimientos, cuestionaban las causas y supuestos culpables que les enviaban por delitos menores. "Le pegan a los detenidos, se sienten los sheriff de la zona", dice una fuente judicial.
En lo que va del año, las fiscalías de la zona recibieron al menos tres denuncias y testimonios contra la comisaría de Monte. Infobae accedió a sus contenidos: los policías son señalados por violencia gratuita, apremios ilegales. "Te vamos a empapelar", es decir, acusar sin pruebas, por capricho o malicia, es una frase repetida.
El lunes 6 de este mes, un joven de 26 años, vecino de la zona, trabajador rural, se presentó en la UFI de Norma Pippo para ser indagado. Había estado preso por robo, recuperó su libertad a principios de este año. Al volver a su casa tras salir de la cárcel, se enteró que su hermano menor y un amigo habían robado una bicicleta, que estaba ahí, en el fondo de su casa. El amigo cómplice llegó poco después a la casa. No pudieron salir: estaban rodeados por policías, con un patrullero en la puerta. Aseguró que los efectivos lo golpearon en reiteradas oportunidades en la comisaría, que esta vez fue en la frente y en las manos, entre varios.
Dos días antes, otro joven de la zona, un changarín, también declaró en indagatoria, asistido por un defensor oficial. También había estado preso cinco años por robar un auto abandonado en la calle, salió el 13 de febrero de este año. Aseguró que estaba en su casa del barrio Coppola de Monte junto a sus dos hijastros y un joven de la zona que cría caballos. Así, varios de ellos se fueron a correr una carrera a una cancha de sortijas de la zona. Poco después, se enteró que a su hijastro lo habían detenido, sin saber la causa.
Así, el changarín se presentó en la comisaría de Monte con su mujer para preguntar por el chico. El policía de la mesa de entradas, según consta en su testimonio, le contestó de mala manera. "Yo no estoy acá para aguantar a nadie, menos a viejas de mierda", habría dicho el efectivo. El changarín no se lo calló. "¿Y vos quien sos para meterte? ¿Qué carajos te importa, salame?", le respondió el uniformado.
Terminaron a golpes. Los separaron. Otro policía intervino, según su relato. "¿Así que te gusta faltarle el respeto a mi personal? Ahora te voy a re empapelar todo", escuchó. Lo terminaron golpeando en grupo. Llegó a la fiscalía de su caso acusado de abigeato, robo de ganado.
No siempre es contra ex presidiarios. El 5 de febrero de este año, un comerciante de 56 años, directivo de un club deportivo de la zona, relató un incidente en donde un chico llegó con la nariz llena de sangre a la cantina del club, llorando en medio de un partido. Un policía, según el relato, lo habría golpeado en la cara. El hermano mayor del chico declaró poco después en la fiscalía y respaldó el relato. A su hermano, dijo, un policía le pegó en la cara por nada.
Algunos días más tarde, el chico llegó a declarar acompañado de su mamá. Contó cómo en un partido en el club, colgado al alambrado, un policía vino y lo golpeó en la cara mientras otros insultaban a los uniformados presentes. Confirmó que en ningún momento el policía lo ayudó mientras lo vio sangrar.
Al contrario de los dos casos anteriores, hay un nombre que sobrevuela esta denuncia, el presunto policía golpeador del chico. "Ángel, Héctor", dice una transcripción de un testimonio. En la mañana del viernes, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad, el teniente primero Héctor Ángel fue desplazado de la comisaría de Monte, implicado en el escándalo.
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