En el marco de una causa que investiga una millonaria malversación de fondos públicos con tarjetas de débito, dos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires fueron detenidos por utilizar cientos de tarjetas de débito de ese organismo para obtener vehículos, embarcaciones deportivas y dinero en efectivo.
Se trata de Gustavo Chirambero, sindicado en la investigación por estar en lo alto de una organización delictiva encargado de la distribución y acopiamiento de dinero producto de la malversación del patrimonio público; y Diego Burgos, segundo al mando de la organización.
También fueron aprehendidos Néstor Casado y Horacio Gabriel Makowski, jefes del Departamento de Combustible y Automotores, quienes finalmente no quedaron detenidos tras presentar ante la Justicia un pedido de eximición de prisión.
La investigación se centró en comprobar que estos funcionarios desviaban en forma periódica fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles en una estación de servicio. También se detalló que varias tarjetas correspondían a autos que no estaban en funcionamiento.
Fuentes ligadas a la investigación explicaron que las detenciones ocurrieron tras una serie de allanamientos que se hicieron en La Plata y Berisso, en los que se secuestraron los bienes, en la causa que instruye el fiscal penal de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta.
La causa se inició el 26 de abril, cuando la policía detuvo en un control policial a un hombre de 29 años identificado como Walter Cejas, quien trabajaba en una estación de servicio situada en la calle 44 y 31 de La Plata.
El fiscal platense explicó que el hombre "se puso nervioso" y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo.
Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales y así llevar a cabo una millonaria estafa que afectó directamente al gobierno provincial.
Al parecer, la banda operaba con más de 600 tarjetas de débito, con las cuales obtuvieron millones de pesos para comprar bienes que terminaron siendo personales y también para adquirir un flujo importante de efectivo.
Desde la investigación sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.
"La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial", afirmó el fiscal. Ante la cantidad de dinero robado a través de este mecanismo, Condomí Alcorta solicitó que los bienes de los investigados sean embargados, hasta tanto se compruebe el monto total sustraído.
Entre lo secuestrado también se encontró un yate, un motor home, cuatriciclos, motos de agua, motos de alta cilindrada y automóviles, entre ellos varios de alta gama, y un arma. Asimismo se estima que los montos provenientes del erario provincial para dichas tarjetas ascendían en forma semanal desde 250.000 a 1.000.000 de pesos.
El procedimiento fue coordinado por efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado dependiente del ministerio de Seguridad bonaerense.
La investigación recayó, entre otras personas, sobre el director de Servicios Generales, el subdirector de Transporte Terrestre, el jefe de Movilidad y el coordinador del área de Combustibles, todos ellos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación.
El ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, expresó: "El trabajo llevado adelante por el personal policial en esta investigación permitió desarmar esta banda delictiva que venía estafando al Estado provincial y de esta forma a los ciudadanos de la Provincia".
Las personas implicadas, desde los cargos que ocupaban, eran las encargadas de administrar, entregar y controlar el normal funcionamiento de las tarjetas desde donde se desviaban los fondos. Para la Justicia, esos hechos fueron practicados aproximadamente desde 2014, en forma organizada y planeada, con distribución de roles.
En la causa intervienen la UFI N° 16, a cargo del fiscal citado; y el Juzgado de Garantías N° 5, de la doctora Marcela Garmendia, perteneciente al Departamento Judicial La Plata.
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