El drama de la enfermera peruana que fue deportada y separada de sus hijos llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La historia de Vanessa Gómez Cuevas, una enfermera peruana de 33 años y madre de tres nenes, es dramática por donde se la mire.

Estuvo presa en el penal de Ezeiza por ser "mula" del narcotráfico y, a pesar de cumplir la totalidad de la condena, fue expulsada de la Argentina en febrero y separada de dos de sus tres hijos sin siquiera dejar que se despidiera. Incluso, la mujer denunció en una entrevista que brindó a Infobae que fue "engañada por la Policía Federal" para ser llevada al aeropuerto y así concretar el trámite de deportación impulsado por la Dirección Nacional de Migraciones.

Vanessa hoy lo único que pide es que la dejen volver al país para poder estar con todos sus hijos. Es que al momento de ser sacada de su casa de La Plata, sólo dejaron que se llevara a Lima al menor de los chicos, que todavía es un bebé. Ante la intransigencia de la Justicia y el Estado argentino y al ver que los recursos se agotan, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le exijan al Gobierno que permita el ingreso de la enfermera peruana al país para poder estar con sus tres chicos.

Se trata de una medida "a favor de la mujer y sus hijos con el objetivo de evitar el daño irreparable a sus derechos a la integridad y a la protección de la familia y al derecho a la identidad de los niños, producto de la grave situación y urgente que enfrentan a causa de la expulsión y la separación de la familia", precisó Juan Martín Villanueva, abogado de la mujer.

Según se detalló, la presentación apunta a que el Estado argentino adopte las medidas necesarias "para salvaguardar los derechos de la mujer". En ese sentido esperan que se deje sin efecto toda orden de expulsión en su contra y que la reunificación de la familia ocurra en territorio argentino. Además debe garantizarse que la situación migratoria de Vanessa sea regularizada.

El abogado relató en un diálogo con la prensa al que asistió Infobae la falta de predisposición de la Justicia y de la Dirección Nacional de Migraciones y la negativa a considerar la situación de su clienta. Contó que la situación de la mujer es de urgencia, ya que está sola en Lima con su bebé, mientras el resto de su familia está en la Argentina. "Acá quedaron un chico de 6 y otra de 14 años. Están al cuidado de su abuela y la tía. Por ahora el Estado no les ofreció ninguna asistencia", relató.

De acuerdo con el letrado, en el fallo que ordenó su expulsión jamás se explicaron las razones de la decisión. "No se entiende. Vanessa es una persona que nunca reincidió. Estudió y cumplió con la condena. En su momento firmó el acuerdo de juicio abreviado mal asesorada. A ella la detuvieron por tenencia de droga. La arrestaron sólo por unos gramos. Además, sus tres hijos son argentinos. Su vida está en este país", relató.

Vanessa fue detenida en el Aeropuerto de Ezeiza en 2010 después de intentar ingresar cocaína. Al año y medio de entrar al penal de Ezeiza, quedó embarazada de M., su hijo más pequeño, y recibió el beneficio de la prisión domiciliaria para poder estar con él.

En 2014 se agotó la condena y salió en libertad. Sin embargo, Migraciones reactivó su proceso de deportación en 2015 hasta que finalmente el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº 5, cuya titular es María Alejandra Biotti, ordenó el año pasado su expulsión de manera perpetua. Es decir, si las cosas se mantienen tal como están, la joven madre no podrá ver nunca más a sus hijos en suelo argentino ni mucho menos volver al país en el que prácticamente vivió toda su vida.

Sus días son de suma angustia. Según Villanueva, Vanessa está prácticamente sola con su bebé, viviendo en una pequeña habitación en Lima y tratando de buscar trabajo. Su familia en la Argentina trata de enviarle dinero como puede. "La situación acá de sus familiares también es de vulnerabilidad. Su nene de 6 años está enojado con su madre porque no entiende el motivo de la separación", agregó.

Mariana Márquez es directora en Amnistía Internacional y dio cuenta de que el caso de Gómez Cuevas "es reflejo del retroceso en la política migratoria de la Argentina observado durante los últimos años" y que "genera una gran gran preocupación". Al respecto, Diego Morales, director de litigio del CELS, señaló que la modificación de la Ley de Migraciones a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Mauricio Macri perjudicó a los inmigrantes por dos motivos.

Según dijo, el cambio instaurado por el Ejecutivo primero acortó los plazos que tienen los extranjeros para discutir una expulsión del país y además, lo amplió a cualquier tipo de delito y condena. "Ahora sólo tienen tres días para apelar una decisión ante Migraciones y tres en la Justicia. Es decir que si son expulsados, en una semana ya podrían estar afuera. Es un trámite exprés. Antes, por ejemplo, se aplicaba a casos de delitos graves y con condenas de más de tres años. Ahora es todo tipo de delito", agregó.

Para el CELS ahora hay un escenario de incertidumbre para todos los extranjeros y por eso hizo una denuncia para que la Justicia declare la inconstitucionalidad del DNU, proceso que hoy está a instancias de la Corte Suprema de Justicia. Desde el CEJIL señalaron también que el caso de la mujer no es el único en los últimos años. Si bien aclararon que todavía el número no es muy alto, sí destacaron algunos episodios similares al de la enfermera.

Mientras tanto, las organizaciones que apoyan a la mujer y su abogado tienen la esperanza de que la CIDH les otorgue la medida cautelar en función del carácter urgente y de vulnerabilidad que presenta el caso. De hecho, Amnistía Internacional presentó un pedido directo a la DNM para tratar el tema pero todavía no tuvo respuesta, según fuentes cercanas al organismo.

Fuentes en Migraciones aseguraron a Infobae que la expulsión de Vanessa "tuvo distintas instancias como un pedido de hábeas corpus ante la Justicia que fue rechazado en dos ocasiones, lo que ratificó su salida del país. Sin embargo, a pesar de estar fuera de término sus apoderados hicieron una presentación ante la DNM, la cual está siendo considerada".

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