Prisión preventiva para los acusados de la violación en manada a una menor en Florencio Varela

El 8 de mayo por la mañana, un guardia de seguridad entró agitado al Juzgado de Garantías N°6 en los tribunales de la calle Mitre al 400 en Florencio Varela. Cerca de treinta personas con carteles cortaban la cuadra a gritos y sin previo aviso, dos policías de Tránsito llegaban al lugar. "Saquen los autos", advertían los custodios a los funcionarios judiciales mientras afuera se oía: "¡Los pibes son inocentes!", un clásico de los imputados provinciales, una y otra vez.

Eran los padres, madres y familiares de la manada de Florencio Varela, nueve detenidos del barrio Santa Rosa acusados de violar en grupo, uno tras otro a Miki, una chica de 17 años en la madrugada del 30 de marzo pasado en una fiesta de alcohol en su propio barrio, el ataque sexual más aberrante de la historia argentina reciente. Llegaban con un graznido para limpiar el nombre de sus hijos varones: Agustín Emiliano Varela, Octavio Joel Coria, Laureano Martín Coria, Alan Gabriel Lazarte, Nicolás David Barreto, Alexander Germán Krick, Eric Hernán Krick, Matías Guillermo Lamboglia, Leonardo Ezequiel Silva, todos ellos mayores de edad, de 18 a 24 años.

No son los únicos que Miki señaló. Hay un menor que fue detenido, P., de apenas 14 años, en manos de la Justicia de responsabilidad juvenil y Nehemías Ezequiel Fernández, de 21 años, prófugo hasta comienzos de este mes, el único que la Bonaerense no había podido encontrar.

"Son inocentes, inocentes, ¡que salgan!", gritaban en la vereda, una y otra vez.

Exigían ver en audiencia privada al juez Diego Agüero, titular del N°6. Exigían una resolución. Era exactamente el día para protestar: los nueve ya llevaban más de un mes detenidos bajo la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante en comisarías de la zona. En pocas horas expiraba el plazo impuesto por el Código Procesal Penal de la provincia para que Agüero resuelva si les imponía o no la prisión preventiva. Sus familias habían intentado soltarlos por todos los medios en poco más de un mes de encierro: defensores oficiales y abogados particulares presentaron recursos que llegaron hasta Casación, sin éxito.

Así, Agüero los recibió en una sala de audiencias. Los padres, madres y familiares comenzaron a hablar. El juez no tardó en entender su lógica, quién en los cálculos de ellos tenía la culpa. Aseguraban que Miki es una drogadicta, que ella se había "regalado", que por qué "se hacía la santa" si estaba "escabiada y fumando porro", que todo fue consentido y que "cómo iban a estar presos los pibes por ésto". Un grupo de familias pobres que señalaban a una chica mucho más pobre que ellos, que se había criado en la periferia rota del Santa Rosa, cerca de la cancha de Defensa y Justicia, que había llevado a la cárcel a sus bienes más preciados, sus hijos varones.

Quizás se trataba de diferencias sutiles. Las casas de los acusados tienen revoque, aires acondicionados, aberturas y ventanas. Miki, abandonada por su mamá, hija de una familia marcada por la discapacidad mental, madre de una bebé de dos años producto de una violación cometida por su padrastro, vivía con su tía Isabel, que se dedica al cirujeo, en un rancho de chapa, tras vivir unos meses junto a su bebé en un hogar de madres, cobra una Asignación. Tiene cuentas de Facebook, pero no tiene un celular. Se lo pide prestado a una amiga cada tanto. Vendió rosquitas en la calle para poder comprar ropita y pañales, tuvo que dejar el secundario.

Los Krick, los Coria, todos los acusados menos dos tienen abogados particulares. A ella la representa la Asesoría de Incapaces N°4 de Florencia Varela. Cuando estaban libres, los acusados posteaban su número de celular en sus muros de Facebook para que las chicas del barrio les escriban para salir. Miki, en sus 17 años, conoce el sexo en su vida principalmente por el abuso. Su madre biológica, en Corrientes, ya con una nueva pareja, intentó que el padrastro que violó y embarazó a Miki se revincule con la bebé.

En la sala de audiencias, la palabra "zorra" fue usada en voz baja al menos una vez.

Agüero escuchaba sentado en su silla, mientras Miki era humillada en grupo por segunda vez.

Los padres y madres dejaron el juzgado con la sensación de haber sido oídos, aplaudieron mientras se iban. Al cerrarse la puerta, el juez comenzó a escribir. En un fallo de 44 páginas marcado por la perspectiva de género, Agüero resolvió la prisión preventiva para los nueve detenidos, dispuso que sean enviados en el plazo de cinco días a penales de la provincia de Buenos Aires que enfrentan la mayor crisis de sobrepoblación de su historia.

Las pruebas que habían reunido el Juzgado N°6 junto a la Fiscalía N°8 en más de un mes de investigación atravesaban la decisión de Agüero. Y las pruebas estaban en el cuerpo. Miki denunció el hecho horas después de que ocurrió, de que despertó apenas con un corpiño sobre su cuerpo en un cuarto con el piso mojado que apestaba con el olor ácido de la lavandina en la casa de los Krick en el Santa Rosa. Llegó a la Comisaría N°1 de Varela, dio su relato, una psicóloga la consideró apta para declarar, una médica tomó muestras de su cuerpo mediante hisopados y los remitió a un laboratorio.

Semanas atrás, Infobae reveló que las pericias de la Superintendencia de Policía Científica de la Bonaerense a esos hisopados revelaron la presencia de semen dentro del cuerpo de Miki, una prueba crucial para el expediente. Había mucho más en el análisis químico: el decreto de prisión preventiva firmado por Agüero habla de la presencia de espermatozoides y antígeno prostático en su cuerpo, en su corpiño y en su bombacha. También encontraron sangre humana. Había lesiones en su cuerpo compatibles con un ataque sexual: un golpe en su pecho izquierdo, edema generalizado en su vagina.

Pero lo central para enviar a la cárcel a los acusados fue Miki misma, "una niña", la definió el juez. Lo central fue su relato: el juez Agüero valoró que lo sostuviera a lo largo del tiempo, en público y en privado. Tres testigos la apoyaron, entre ellos la chica que la invitó a la previa, que la vio tras el ataque en la habitación lavada con lavandina en la casa de los Krick, llorando, apenas con su corpiño. Sabía que estaba en la habitación durante el ataque, "un petiso" le impidió entrar a ver. "Tu amiga está llorando, andá a ver que pasa", le dijo otro varón al final.

Un hombre del barrio también declaró, la vio en la madrugada del 30 de marzo, Miki estaba ebria, olía fuertemente a lavandina ella misma según el testimonio. "Me violaron, me violaron", la oyó gritar en la calle. Alan Lazarte, padre de un bebé, el mayor de todos los acusados, estaba a metros de ese encuentro en la vereda. Miki lo señaló en el acto. Otra chica declaró, no habló de un abuso colectivo, pero ubicó a los acusados en el lugar. Por consejo de sus defensas, ocho de los acusados se negaron a declarar en sus indagatorias.

A Miki -un nombre de fantasía empleado para crear su identidad-, el juez le creyó.

"No encuentro indicios para suponer que miente", escribió Agüero en el decreto de prisión preventiva. "Se enfrentó ante las miradas y los comentarios de los vecinos, de los familiares de los acusados, de las crudas y despiadadas opiniones ocultas de los usuarios que se esconden en el anonimato… abrió el camino que hoy día utilizan las mujeres en busca de visibiliza".

Miki, valoró el juez, encabezó una marcha frente a la fiscalía del caso acompañada por algunas vecinas y unas pocas amigas, dio entrevistas a medios. Una de ellas fue a Infobae. Se publicó el 12 de abril pasado. "Amenazada y en extrema pobreza: así vive la menor que denunció la violación en manada de Florencio Varela", fue su título. Miki efectivamente había recibido amenazas, dos audios a través del chat de Facebook. La autora sería la madre de uno de los detenidos que le asegura que le va a "partir el alma" si no le "limpia al guacho".

Tras recibir esos audios, Miki tuvo que dejar el rancho de su tía Isabel para esconderse en otro rancho en un asentamiento del sur del conurbano, uno de material pero convertido en una ruina, incendiado semanas atrás y todavía húmedo del agua que se usó para apagar el fuego, donde la acobijaron una amiga y su madre. Ahí, Miki habló, contó su historia. "Antes tenía que callarme, pero ahora aprendí a hablar", aseguró. El padrastro que la había violado y embarazado vivía a una cuadra.

Ese reportaje hoy ocupa tres páginas del decreto de prisión preventiva firmado por el juez Agüero: se lo consideró como prueba necesaria para encarcelar a los acusados por el ataque. "Es el informe ambiental que otros organismos del Estado no hicieron", asegura un investigador clave en la causa.

Que exista este fallo es un logro de Miki: ella fue quien impulsó a la Justicia. Y lo hizo casi sola, sin querellante particular, sin herramientas culturales en su extrema vulnerabilidad como persona, con un desconocimiento del sistema. Durante todo este proceso, su hermano, poco más que un adolescente, fue casi su única compañía, quien la lleva a declarar al juzgado o a la fiscalía. Miki visitó al secretario de la causa días atrás, tenía el pelo azul. "Rubia me reconocen", dice. Su hermano se mueve entre la confusión y la desconfianza, mantiene su trato con unos pocos funcionarios. Todavía no presentó los chats con las amenazas contra su hermana, que están en su teléfono. No sabe que puede hacerlo, o quizás no lo entiende.

No es fácil navegar lo que navega. El juez Agüero pidió expresamente que su fallo sea comunicado de forma clara al hermano de Miki. Lo mismo va para las familias de los imputados.

Casi una semana después de la firma del fallo, solo uno de los detenidos, Matías Lamboglia, fue enviado a una cárcel, la Unidad N°3 de La Plata. El resto permanece en comisarías. Nehemías Fernández, que se mantuvo prófugo durante más de un mes, se entregó en el Juzgado N°6 con su padre y su madre. Su abogado intentó negociar condiciones de encierro favorables: no hubo arreglo. Todavía falta determinar el resultado definitivo de los estudios de ADN, saber a quién corresponden las muestras, un cotejo con sangre extraída de los detenidos a cargo de la Policía Bonaerense que puede demorar varios días más.

Mientras tanto, Miki le dijo al juez qué quiere hacer con su vida: volver al colegio, poder ayudar a otras víctimas, aprender a bailar. Agüero pidió que sea conectada con la Secretaría de Cultura del municipio, que le indiquen dónde puede ir a un curso, para salir un poco de la casa y del miedo.

Miki quiere aprender a bailar y que la dejen en paz.

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