Mariano Borinsky presentó el nuevo Código Penal que se debatirá en el Congreso

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, encabezó el acto de presentación del proyecto de Código Penal en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto dio comienzo con las palabras del presidente del Consejo, Humberto Bertazza, quien destacó que era un día histórico y remarcó: "Todos, como ciudadanos, estamos esperando una rápida aprobación de este Código en el Congreso de la Nación". Resaltó además que la sociedad toda está solicitando este cambio, una modernización del Código Penal.

Del encuentro participaron, entre otras autoridades, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; los ministros bonaerenses de Justicia, Gustavo Ferrari, y de Seguridad, Cristian Ritondo; los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Carlos Mahiques; el Director Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Carlos González Guerra; el Jefe de Gabinete de la cartera de Justicia nacional, Martín Casares, y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Los presentadores del evento fueron Luis Novaresio y Pamela David.

En su disertación, el juez Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, hizo una breve reseña de los aspectos más destacados de esta nueva norma. La comisión fue creada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y en un año y medio culminaron con la tarea encomendada. Este proyecto fue enviado por el Presidente Mauricio Macri al Congreso -por primera vez en 100 años- sin hacer ningún tipo de ajuste y tal como quedó luego del trabajo de la comisión. Borinsky remarcó que este hecho constituye un cambio fundacional para la Argentina que no tiene que ver con una cuestión coyuntural sino con tratar de establecer normas claras que otorguen previsibilidad y seguridad jurídica a la vez que brinde modernidad.

El juez Borinsky mencionó que durante 100 años se discutió en la Argentina una grieta entre el garantismo y la mano dura, y al respecto destacó que lo se busca con esta nueva norma es algo simple, un concepto simple que es el cumplimiento efectivo de la ley penal.

El código viejo tiene 320 artículos, 900 leyes en casi 100 años lo modificaron o complementaron y 17 comisiones, mientras que el nuevo tiene 540 artículos en una única estructura manteniendo los criterios de sistematización para no alterar lo que ya estuvo vigente. Es de carácter federal y plural, y la comisión realizó 80 reuniones plenarias de discusiones y debates. El magistrado señaló que la comisión buscó elaborar un Código Penal que sea pragmático, que tenga como norte la Constitución Nacional, las convenciones internacionales y que fuera oída la sociedad.

Se tuvieron en cuenta los proyectos de ley que habían tenido estado parlamentario, el trabajo de las 17 comisiones anteriores y en especial los últimos tres anteproyectos de reforma, del 2006, 2014 y 2015. Además, se buscó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aquellos temas que ya están consolidados por los fallos del Máximo Tribunal.

Para esta reforma, la comisión analizó también datos empíricos. Por ejemplo, la principal causa de muerte en la Argentina es por armas de fuego y tragedias viales, y en base a esos datos concretos se le dio un tratamiento al tema dentro de la nueva norma.

Durante su exposición, Borinsky explicó que en el nuevo Código Penal la libertad condicional va a estar limitada para determinados casos, es decir, no va a ser un derecho absoluto, especialmente cuando se trate de delitos graves, cometidos con violencia, que le hayan provocado a la víctima graves daños físico, mentales o la muerte.

Frente a la posibilidad de varias interpretaciones que genera el actual código y a fin de achicar los márgenes de discrecionalidad de los jueces, la nueva norma fijó el máximo de la pena de prisión de cumplimiento efectivo en 35 años y 40 en el caso de reincidentes.

En cuanto a las pautas para la determinación de la pena se toma en cuenta la violencia de género, que a diferencia de lo que ocurre en la actualidad en la que solamente el femicidio considera esta circunstancia, en la nueva norma, en casos de estafa, de afectación de la propiedad o de la integridad física, el juez deberá aplicar el tercio superior de la escala penal. Además del aumento de la pena, si el delito se comete en el marco de violencia de género el autor no podrá beneficiarse con la suspensión del juicio a prueba o probation.

Sobre el aborto, la comisión tuvo tres posturas distintas por lo que decidió incorporar el criterio que viene manteniendo la Corte Suprema de Justicia, esto es que en los casos de abuso sexual -cualquier tipo- no será punible. También quedará excluido de la punibilidad cuando el aborto se realice para evitar un peligro para la vida o la salud física o mental de la madre de acuerdo con el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Se incorpora la posibilidad que la mujer, si se verifica el caso, sea eximida de prisión por el juez.

El nuevo Código Penal incorpora la compraventa de niños, delito que no estaba tipificado en la vieja norma, que será castigado con penas de hasta 8 años de prisión. También se penarán las agresiones en manifestaciones públicas. Quien arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona que ponga en peligro su integridad física podrá ser penado con hasta 2 años de prisión y hasta 3 años si es contra un miembro de las fuerzas de seguridad.

La Comisión de reforma del Código Penal estuvo compuesta además de por el juez federal de Casación, Mariano Borinsky como presidente; por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°6, Guillermo Yacobucci (vicepresidente); el director Nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra (secretario); el fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Turano (secretario adjunto); el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N°26 de CABA, Patricia Llerena; el juez de Cámara Criminal y Correccional de Córdoba, Víctor Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de la Nación, Patricia Ziffer; el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Guillermo Soares Gache; la asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de CABA, Yael Bendel; y el profesor de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Córdoba.