Este miércoles, una camioneta que trasladaba a 13 detenidos del penal de Coronda, en Santa Fe, fue, según fuentes policiales, en un relato disputado por voces dentro del Gobierno santafesino, emboscada en la zona de Granadero Baigorria. Nueve presos escaparon en una fuga cinematográfica, pero hubo cuatro que no se movieron de sus asientos. Uno de ellos es Rafael Echavarría, de 41 años, condenado a cadena perpetua en 2008 y que a pesar de los años que le esperan a la sombra de los pabellones, no huyó.
El penal de Coronda depende del Servicio Penitenciario santafesino. Eran diez los guardias que escoltaban el camión de presos; por estas horas sus nombres resuenan en distintas oficinas del Ministerio de Seguridad de esa provincia a cargo de Maximiliano Pullaro. La versión del sorpresivo ataque en la Autopista Rosario-Santa Fe y el exitoso escape a pie de los reclusos entre los pastos altos y las casas cercanas a la localidad de Granadero Baigorria, no convence a muchos. Marcelo Maximino, fiscal del caso, se prepara para indagar a los penitenciarios, que, sospecha él, habrían facilitado la fuga.
Los otros tres presos que se quedaron fueron Marcelo Gabriel Villarroel, condenado por robo, lesiones y homicidio agravado -atenuado este por circunstancias extraordinarias y quien podría obtener la libertad condicional en 2024-, Mariano Francisco Sosa, preso por lesiones graves y Carlos Albino Cabaña, por tentativa de robo. Pero el caso de Echavarría, de 41 años, sobresalía particularmente. Lo habían condenado en 2008, por matar a su abuela en medio de un incendio, además de otros dos familiares.
La historia homicida de Echavarría se remonta al año 2006. Según los archivos policiales del diario La Capital de Rosario, en un principio la Policía de la provincia lo ubicó como víctima. De oficio albañil, oriundo de la zona de El Ombú, parecía ser el único sobreviviente del incendio en una casilla de calle Estados Unidos al 3.100 en el que murieron su abuela y otros dos familiares. Poco después la investigación lo señaló como quien inició las llamas. Los encerró y los prendió fuego.
Fue en el entierro de las víctimas: su abuela Remigia Miranda, de 64 años, la pareja de ella, Vicente Martínez, de 60, y la hija de la mujer, Luisa Rodríguez, de 41. Otros familiares comenzaron a señalarlo. Parecía evidente. Había cuatro personas en la casa, tres estaban muertas y él no tenía ni un rasguño. Una tía haría saber que el día anterior al incendio Echavarría y Martínez habían discutido durante una reunión por una botella de vino.
Hacía solo un mes que Echavarría vivía ahí, había salido hacía dos años de la cárcel tras cumplir una condena por robo calificado. Un vecino terminó de complicarlo: dijo que diez minutos antes del incendio Remigia fue a pedirle ayuda porque su nieto acababa de apuñalar a Vicente. Llegó a ver al hombre ensangrentado en el piso y a Luisa, quien sufría una discapacidad mental, intentando ayudarle. Volvió a su casa y al regresar encontró la vivienda en llamas.
"Mi abuela está adentro de la casa y se me está quemando", le dijo Echavarría a uno de los primeros vecinos que llegaron al lugar. La puerta estaba cerrada por fuera con candado. Se instaló la versión de un cortocircuito, del accidente fatal, pero no duró mucho. El juez de sentencia José María Casas consideró en el juicio que Echavarría había sido autor de un triple homicidio calificado, cometido para ocultar otro delito. En 2008 lo condenó a reclusión perpetua.
Desde ese momento, según los registros del Servicio Penitenciario santafesino a los que pudo acceder Infobae, la conducta de Echavarría en sus años de cárcel es "ejemplar". Quizás seguirá siendo así luego de que un imprevisto giro del destino lo dejara cara a cara, a simple vista sin nada que perder, frente a una posibilidad de escape y decidiera no tomarla. Se convertirá además, junto a sus otros tres compañeros, en un testigo clave para desandar los detalles la fuga.
Por otro lado dos de los nueve evadidos, apuntaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, ya fueron recapturados. "Ninguno de alto perfil", dijo una fuente gubernamental, que confirmó que 120 policías están abocados a la búsqueda de los que continúan prófugos.
En marzo de 2017 había ocurrido un incidente similar casi en el mismo lugar. En ese entonces, fue atacada a tiros una unidad del Servicio Penitenciario que trasladaba a Luis "Pollo" Bassi, Facundo Muñoz y Milton Damario, condenados por homicidio y delitos vinculados al narcotráfico y enfrentados con Los Monos a partir del asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero.
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