¿Víctimas o victimarios?: el horror de las mujeres acusadas de permitir que violen y maten a sus hijas

La mañana del 22 de marzo de 2017, horas después de haber dado a luz a su cuarta hija, Carina Di Marco supo que la mayor, Florencia, de 12 años, había desaparecido. Era la única que no había tenido junto con su pareja, Lucas Gómez, que fue quien le avisó de la desaparición y junto a quien se paró frente a las cámaras con su recién nacida en el pecho para pedir información sobre el paradero de Florencia.

Dos días después, el cuerpo de Florencia Di Marco apareció prácticamente sin ropa bajo un puente en las afueras de la localidad de Saladillo, en la provincia de San Luis. Las pericias confirmaron luego que la menor había sido abusada por años, brutalmente violada ese trágico día y luego estrangulada hasta la muerte con un lazo por Gómez, su padrastro, que se suicidó en su celda antes de siquiera conocer que había pruebas genéticas en su contra.

Carina, detenida también desde entonces, fue condenada este lunes a 18 años de prisión en un fallo unánime de la Cámara Penal 2 de San Luis por ser "partícipe necesario" de los abusos a los que era sometida su hija por no haberlo evidenciado y/o denunciado. Los jueces Hugo Saá Petrino, Gustavo Miranda Folch y Fernando De Viana hicieron lugar al pedido del fiscal Esteban Reoche y consideraron que la mujer de 35 años debía estar presa por saber que su hija era vejada y permitirlo.

"Si hubiera notado algo, yo tendría a mi hija aquí y no en un cajón", les dijo Carina, entre otras cosas y con lágrimas en los ojos, cuando declaró.

Pero su caso no es aislado, no es el único.

En octubre de 2015, Maridza Bejarano, una trabajadora horticultora boliviana, fue condenada a diez años de prisión por el Tribunal Oral N°2 de La Plata junto a su marido, Paulino Ortega Villa, por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo y alevosía". Los jueces Claudio Bernard, Liliana Torrisi y Silvia Hoerr consideraron que era cómplice de las salvajes agresiones que recibía su hijo de tres años, que sufría un retraso madurativo y tenía secuelas irreversibles por los golpes.

Bejarano estaba implicada en la brutal agresión a su hijo por no haber denunciado a su marido, junto a quien vivía sometida a múltiple abusos, sumisa y en pánico: no sabía ni siquiera dónde había un almacén o un hospital cerca de su casa. De acuerdo con el relato de la mujer oriunda de Potosí, Ortega Villa la abusaba y golpeaba cuando volvía borracho a su casa y el propio hijo en cuestión había sido producto de una violación. Finalmente, en octubre de 2016, fue absuelta gracias a la intervención del titular de la Defensoría de Casación, el doctor Mario Coriolano.

"El caso nos llegó con una condena de un tribunal oral por mayoría. Paradójicamente eran dos juezas mujeres y un varón y eran ellas las que la condenaban como coautora por la tentativa de homicidio. El varón, al contrario, propiciaba la absolución porque se trataba de una víctima de violencia de género", explicó Coriolano a Infobae.

"En la audiencia ante el tribunal de Casación se pusieron de relieve cuestiones que se resumen en que la sentencia no había tenido perspectiva de género: los jueces habían omitido considerar todas las características que evidenciaban que había un síndrome de mujer maltratada", agregó el titular de la Defensoría de Casación. El expediente demostró que Bejarano apenas podía hablar español más allá de la lengua quechua, no manejaba dinero, ni siquiera sabía dónde había una sala sanitaria en su zona y recibía golpizas de su pareja metódicamente.  

"Se veían claro en las pericias y la entrevista, al lograr que hablara y que venciera el miedo que tenía", continuó. "Ella estaba además muy influenciada por la cultura patriarcal de su país, ya había sido violada por su marido en Bolivia incluso y su familia lo había denunciado. Era una víctima y esto es lo que le impidió defenderse a ella y defender a su hijo", destacó.

Coriolano insiste en que es la falta de perspectiva de género en los funcionarios judiciales -fiscales y jueces, pero también en las defensas- lo que trae aparejado este tipo de desenlaces. "Es muy importante el rol de la defensa, porque muchas veces logra iluminar ese tramo invisibilizado de las penumbras de la vida de la mujer que ha sufrido una situación de víctima que la lleva a esta despersonalización, a este quiebre, que en algún momento puede terminar en una defensa que se manifiesta con lesiones o un asesinato", señaló.

Ese podría ser el caso de Soledad Magdalena, por ejemplo, que el 2 de septiembre de 2018 se presentó en la comisaría 4ª de Berazategui para confesar que había matado a su marido, Cristian Senra, quien había intentado violar a su hija de 14 años delante de ella.

Ante el fiscal Carlos Riera, Soledad contó con detalles cómo habían sido los nueves meses de calvario junto a su marido, los celos y maltratos con ella y la "obsesión" con su hija hasta que un día, ya terminada la relación y sentados junto a su hija en la camioneta de él, sacó el cordón de la capucha de su buzo, lo enredó por el cuello de su marido y lo apretó hasta matarlo.

Estuvo un mes detenida pero, a pesar de que logró su libertad y es respaldada por organizaciones feministas, en la Justicia dudan que se trate de una legítima defensa y la causa en su contra continúa.

En marzo de este año, Paola Córdoba y su hija Milagros, de 18 años, fueron detenidas acusadas de asesinar de 185 puñaladas a Alberto Naiaretti, su esposo y padre, respectivamente. Tras la detención, las hermanas de Paola encabezaron un reclamo por su liberación y revelaron las escenas de violencia a las que Paola fue sometida en los 23 años de relación con Naiaretti y, en consecuencia, el sufrimiento de su hija. Paola lo había denunciado al menos tres veces en comisarías de la mujer de la Policía Bonaerense luego de que el hombre amenazara con llevarse en cada ocasión al hijo menor de ambos. Ambas fueron excarceladas pero continúan imputadas cómo "coautoras de homicidio agravado por el vínculo".

En paralelo, la tendencia de sentencias contra madres presuntamente encubridoras se repite. A comienzos de este mes, Brenda Nahir Fernández (22) fue detenida por el crimen de Zamira Domínguez, su hija sordomuda de cinco años, que llegó muerta 28 de septiembre pasado al Hospital Santamarina de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, el día que había quedado a cargo de Brandon Damián González, su pareja desde hacía unos meses, luego de que falleciera el padre biológico de sus hijas.

Brandon está detenido en el penal de Melchor Romero, acusado de golpear a la hija discapacitada de su novia hasta causarle la muerte. Brenda nunca lo denunció, pero sus familiares aseguraron que las nenas hablaban de lo que ocurría en la casa. La tía paterna dio su testimonio en su momento ante la UFI Nº3 descentralizada de Esteban Echeverría, donde dijo que tanto Zamira, en lenguaje de señas, como M., su hermana melliza, le contaron que González les pegaba. Mostró fotos como evidencia.

En su primera declaración, Brenda dijo que había sido un accidente, que la nena se le había caído sin querer y siete meses más tarde la Justicia la acusa de haber permitido la muerte de su hija por omisión, por no haber intervenido ante las presuntas agresiones que le costaron la vida a Zamira en manos de su padrastro.

También existen casos aberrantes que no dan lugar a vacilaciones sobre el rol de la madre en el crimen.

"Un demonio adentro" 

Celia Beatriz Sosa, por ejemplo, fue condenada en 2017 a 14 años de cárcel tras ser acusada por su hija de forzarla a tener sexo con su pareja con golpizas y bajo amenazas desde que tenía ocho años de edad.

"Siempre se emborrachaba. Nunca me cayó bien. Él decía que yo tenía un demonio adentro. Y mi mamá le empezó a creer. Empezó cuando yo tenía ocho años. Ella una vez me despertó de los pelos de la cama y me dijo que haga cosas con él. Yo no quería", dijo D. en cámara Gesell cuando los denunció a ella y a su padrastro Sergio Eduardo Giménez, gracias a su abuela.

Giménez, que había sido condenado por abusar de una hija biológica de una relación anterior, está prófugo al día de hoy con una circular roja de Interpol sobre él. Celia también fue buscada por Interpol, para ser detenida y eventualmente llevada a juicio ante el Tribunal Oral Criminal N°27 de la Capital Federal.

El defensor de Sosa dijo que era sometida a violencia física y psicológica por su pareja y presentó un informe psicológico hecho por orden judicial que señala una disminución de su comprensión y su facultad intelectual, pero el tribunal no lo creyó.

Ella, por su parte, reconoció que agredía a su hija y que permitía las violaciones porque "la nena tenía un demonio adentro y había que sacárselo para curarla" porque "se portaba raro y no quería estar con nadie" y "el mejor" para llevar a cabo esa oscura tarea era su pareja.

Los jueces Javier de la Fuente, Jorge Romeo y Federico Salva la consideraron culpable de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravados por vínculo y convivencia.

"Antes de dormir venía y me decía: 'Vos no te duermas porque sabés lo que tenés que hacer.' Ella a mí me abría las piernas y me pegaba con un cinto de punta", había dicho su hija a la Justicia. El estremecedor testimonio de la menor y las pericias psicológicas sobre ella alcanzaron para probar que su madre fue cómplice.

Consultada por Infobae, Sabrina Cartabia, abogada, presidenta de la Asociación Civil Red de Mujeres y patrocinante de la actriz Thelma Fardín en su denuncia por violación contra Juan Darthés, consideró también que en la gran mayoría de casos en que una mujer es acusada de encubridora de un violento, todo radica en "la falta de perspectiva de género en el poder judicial".

"Estos casos tienen un patrón en común: mujeres en situación de violencia de género que no es indagada o tomada como un dato relevante y a las que ante los ataques violentos a sus hijos el sistema se les vuelve en contra, culpándolas y castigándolas por los daño en la salud o la vida de esos niños", sostuvo.

Carina Di Marco dijo en su declaración hace dos semanas ante el juez Hugo Saá Petrino, el presidente del tribunal que la condenó, que "jamás" notó que su ex pareja maltratara a su hija, pero sí mencionó episodios de violencia contra ella. "A mí me quiso ahorcar. A veces me pegaba cachetadas, o si no me rompía las cosas", dijo y contó que Gómez consumía cocaína "en el último tiempo".

Di Marco negaba despacio con la cabeza y el rostro compungido cuando leyeron los cargos en su contra y se mencionó que resultaba "inexorable" su responsabilidad en las vejaciones que padeció su hija, por ser su madre y convivir con ella. Miraba en silencio cuando la acusaron de "optar por priorizar su relación de pareja".

En su adolescencia, tras el abandono de su madre, Carina debió hacerse cargo de los más chicos de sus 10 hermanos. A los 16 años quedó embarazada de Florencia y luego de que el padre de la nena la abandonara se puso en pareja con Gómez, con quien tuvo tres hijos.

"Tiene muchas similitudes en los razonamientos de las juezas que la condenaron a Maridza Bejarano", consideró Coriolano. "Donde decían frases como que ella no tuvo coraje para defender a su hijo, como si pudiera analizarse su actitud en una situación de normalidad, sin tener en cuenta las características del síndrome de mujer maltratada".

"Es la maternalización de las mujeres, un estereotipo sobre cuáles son los roles en esta sociedad. Las mujeres que son madres cargan con esos roles de manera desproporcionada y cuando no llegan a cumplir, se las castiga. Es un estereotipo de género que tiene consecuencias y derivaciones legales: cómo se investiga y se llevan adelante procesos y sentencias", destacó Cartabia.

"El cuidado de los niños es una función social. Socialmente se trabaja para que los niños no tengan violencia, son los padres y también los que están en el sistema de cuidado", continuó Cartabia y se refirió a las docentes que declararon contra Di Marco y mencionaron que la niña había dicho lo que pasaba con su padrastro: "En ese momento quienes estaban en la situación de garantes de su cuidado eran las docentes, que lo que hicieron fue no darle relevancia y no activar el protocolo que corresponde. Hay una clara responsabilidad".

"Un caso similar es el de María Ovando en Misiones", recordó la abogada. Ovando estuvo 20 meses presa hasta ser absuelta luego de que una de sus hijas muriera desnutrida: "Vivían en extrema pobreza y vulnerabilidad y hubo trabajadores sociales que habían detectado que la niña necesitaba cuidado especial y no iniciaron ningún protocolo, todo cayó sobre ella".

"Lo que suele ocurrir en estos casos tan graves es que el sistema necesita purgarse con un culpable y acá estaba la madre, a quien le cargaron todas las tintas", resumió Cartabia. "Si no tenés en cuenta las condiciones de violencia que atraviesan estas mujeres estás estereotipando, les estás diciendo que tenían que denunciar en un sistema que es completamente ineficiente para protegernos, las estás dejando encerradas".

Cuando Carina Di Marco salió esposada de los tribunales de regreso a la celda que habita hace dos años, pero esta vez con una condena sobre sus hombros, la prensa la interpeló: "¿Alguna declaración, Carina?". "Injusticia", respondió.

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