Desde diciembre de 2015, mes en que asumió la administración Cambiemos el gobierno del país, la cantidad de presos aumentó sin parar: de 10.274 alojados en cárceles federales que había en el último trimestre de aquel año de inicio de gestión, se pasó a 13.982 registrados en abril de 2019, es decir más del 30% de incremento. Los especialistas lo llaman "inflación penitenciaria" y valió que, después de fuertes críticas de la Justicia, el Gobierno declarara en marzo pasado la emergencia nacional en este tema.
Un nuevo informe confeccionado por la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) y publicado este lunes da cuenta de que el aumento de alojados en prisiones federales no es acompañado ni por políticas para evitar el incremento ni por inversión en infraestructura para sostenerlo. La capacidad operativa se superó en 2016 y nunca más se recuperó el número ideal.
En el primer semestre de 2018 "sobraban" 237 presos sobre una capacidad de 12.235. En diciembre del año pasado ya había 1.123 detenidos por encima de lo permitido y, al 16 de abril último, según datos del Servicio Penitenciario Federal ya son 1.747, es decir, un 14,28% más.
"El fenómeno de la sobrepoblación carcelaria en la actualidad ya representa un problema acuciante en varios servicios penitenciarios de Argentina, debido a la articulación de múltiples factores", advierten desde la PPN.
Existen casos testigo: en Tucumán, por ejemplo, no hay cárceles federales y los nuevos presos terminan detenidos en dependencias de Policía Federal o Gendarmería. Semanas atrás, una familia boliviana fue apresada en la frontera: traían cocaína envuelta en la ropa de sus dos hijitos y fueron descubiertos.
No había lugar para alojar a la madre con los nenes y en una de las sedes de Gendarmería en esa provincia tuvieron que acondicionar una oficina para darles lugar.
"En Gendarmería hay celdas para 1 ó 2 personas pero tienen hasta cinco o seis", explica a Infobae un fiscal federal del norte del país. Desde la Fiscalía de Cámara de Tucumán, de hecho, se presentó un hábeas corpus para lograr el descongestionamiento y brindar mejores condiciones a los presos.
La falta de espacio se traduce también en problemas en las condiciones habitacionales. El mismo fiscal le cuenta a este medio que en las comisarías tucumanas a los presos (incluidos los que tienen imputaciones por delitos federales) apenas les dan como alimento un sandwich por día.
Entre las causas de este desmadre, los especialistas enfocan sobre todo en el "uso sistemático" de la prisión preventiva, la escasa utilización de medidas alternativas a la cárcel, la muy baja aplicación de egresos anticipados y "la presión de la opinión pública en los debates actuales" sobre cuestiones de seguridad.
La cuestión de la prisión preventiva es una de las que más preocupa. Actualmente el 60% de los detenidos está procesado sin condena firme: 8.359 procesados contra 5.630 condenados. En diciembre eran 7,818 contra 5.537, lo que marca que en pocos meses el número creció significativamente.
"Considerando los niveles de ocupación de las cárceles federales y los problemas estructurales que presenta la vida en prisión, se torna urgente la aplicación de estrategias que reduzcan el encarcelamiento masivo", remarcaron en la PPN.
En esta línea, destacan como "sumamente problemático" la privación de la libertad de mujeres embarazadas o con hijos en prisión que podrían acceder, decisión judicial mediante, al arresto domiciliario.
Las mujeres presas representan el 8% del total de los detenidos en cárceles federales: 12 están embarazadas y 23 pasan sus días en la sombra con sus hijos.
En febrero pasado los presos de la cárcel de Devoto armaron una protesta pacífica para reclamar, entre otras condiciones, por el "hacinamiento por instalación de camas dobles en celdas unipersonales y superpoblación carcelaria".
Días atrás, el pabellón 30 de la misma cárcel se prendió fuego tras una disputa entre internos que sufrieron heridas y fueron trasladados a hospitales. Uno de ellos le prendió fuego el colchón a otro por problemas de convivencia, una consecuencia del hacinamiento.
Devoto tiene actualmente 2.800 presos pero su capacidad es para 1.754. En febrero abrieron un nuevo pabellón. Originalmente era un gimnasio y se lo convirtió en alojamiento para 89 internos tras una orden judicial que prohibió el alojamiento permanente de presos en la alcaidía del Palacio de Tribunales, la Unidad 28.
Eso generó que los presos de la cárcel inicien una causa por la pérdida de su espacio recreativo, el uso de los baños y para recibir a las visitas. Por la falta de espacios el SPF también determinó que en celdas creadas para una persona entren dos. "Un círculo vicioso del que es realmente difícil salir airosos", graficaron jueces de la Cámara del Crimen en el dictamen que ordenó el traslado.
El incendio en Devoto fue el segundo hecho grave que ocurrió en la misma semana. Unos días antes se había fugado un preso de esa unidad. Pasó casi simultáneamente a una pelea con facas entre ocho presos en la cárcel federal de Rawson, donde un interno murió y otros siete terminaron heridos.
Las complicaciones también se dan en los traslados de presos a los Tribunales federales. En marzo pasado, 52 jueces federales le enviaron una carta al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en la que advirtieron sobre las "gravísimas dificultades que se producen con los traslados de internos", que demora las audiencias de juicios.
Justamente, en la Unidad N°28 o la alcaidía de Tribunales, construida en el subsuelo de las oficinas judiciales de la calle Lavalle, y que teóricamente sirve para alojar presos durante las audiencias, había en febrero 169 personas, donde caben menos de 10, con solo dos baños y con alimentación y atención médica insuficiente.
"Su estado era sencillamente inconcebible", señalaron los jueces de la Cámara del Crimen. En la U28 los presos no deberían estar más de 24 horas pero en febrero se encontraron casos de personas que llevaban allí una semana. Esos mismos jueces dijeron: "Las cárceles no son aptas para la condición humana".
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