Récord de detenciones y causas abiertas por tenencia para consumo personal de marihuana

Aunque al final del camino todos los expedientes quedan archivados, la Policía dedica gran parte de su trabajo a buscar y detener consumidores de sustancias prohibidas, especialmente marihuana. Nunca lo hizo tanto como en 2018. De acuerdo al relevamiento de una fiscalía federal, durante su turno hubo un récord de detenciones por infracción a ley de drogas y, como consecuencia, también se superó la marca de inicio de causas judiciales que, a decir del análisis, sólo engrosan falazmente las estadísticas y conducen a la nada.

El estudio fue realizado por la Fiscalía 6 de Comodoro Py que conduce Federico Delgado y que se repite desde 2011. En este caso, evaluaron cada expediente iniciado durante el turno que tuvieron en el mes de agosto. Sirve como muestra de lo que pasa en el resto de las fiscalías y sirve como proyección de lo que ocurre todo el año. En ese lapso, se abrieron 341 causas por tenencia para consumo personal y se efectuaron detenciones a 599 personas.

"Nos detendremos en este número unos instantes porque resulta llamativo en tanto es el mayor número detectado por la Fiscalía desde que se comenzaron los relevamientos estadísticos. En efecto (…) el número de detenciones ha variado sistemáticamente, algunas veces hacia arriba pero también hacia abajo. Lo que sorprende es que nunca se ha alcanzado una cifra tan alta como la detectada en esta ocasión, que supera por más de noventa personas a los mayores valores hasta ahora identificados", dice el documento del equipo de Delgado, al que tuvo acceso Infobae.

De 503 causas penales que se iniciaron por todo tipo de delito federal en ese turno de agosto en la oficina de Delgado, el 92% fue por infracción a la ley de drogas (N°23.737). De todas ellas (465 casos) sólo 8 fueron elevadas a juicio oral.

El 73% de ese subgrupo corresponde al delito de tenencia para consumo personal, lo que implica que casi siete de cada diez (68%) del total de expedientes iniciados durante el turno fueron por una acción cuyo castigo fue declarado inconstitucional en 2009 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre fallo Arriola.

De las sustancias incautadas, el 95% fue cannabis. En ese turno se secuestraron 2.953,65 gramos de marihuana, lo que da un promedio de 9 gramos por persona detenida, y clorhidrato de cocaína (fundamentalmente pasta base, conocido como "paco") por un total de 148,06 gramos, es decir, 1,2 gramo por persona.

El que la mayoría de la cocaína secuestrada fue pasta base indica que los "criminales" apuntados son esencialmente pobres. En gran medida, los usuarios de esta sustancia residual de la cocaína pertenecen a las poblaciones vulnerables.

El relevamiento del equipo de Federico Delgado muestra que la incidencia sobre el total de causas relevadas en agosto de 2018 fue mayor que en el durante febrero del mismo año, cuando las detenciones por tenencia habían representado el 63% del total. En esa ocasión se iniciaron 265 causas vinculadas con esta conducta, 76 menos que en agosto.

"Desde el precedente Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el 100% de los casos con el archivo. Por lo tanto, la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gasta dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importantes."

Las detenciones que terminan en nada demandaron el uso de 14.120 hojas (más de 28 resmas) y significaron un gasto en peritajes científicos de las fuerzas de seguridad por valores que alcanzan $914.5752.

De las 341 causas de tenencia para consumo personal archivadas por el fallo "Arriola", más de la mitad se debió a "portación de cara". Según el informe de la Fiscalía Federal 6 de Py, el 55% se inició a partir de que los agentes de las fuerzas de seguridad intervinientes les pidieran a los imputados la identificación y los requisaran por estar en "actitud sospechosa".

El 7% porque las personas consumían en la vía pública. El 21% porque estaban manipulándola en espacios públicos, el 4% fue el caso de personas detenidas por otro hecho y que además tenían drogas ilícitas y al 2% restante le encontraron alguna droga en aeropuertos a partir de máquinas de rayos X.

Para el equipo de Delgado, mucho tiene que ver la mala interpretación de la población respecto del fallo Arriola. "En general se piensa que tener drogas para consumo no es delito. Ello no es así. Tener drogas es delito. Sólo que en algunas circunstancias es inconstitucional su penalización. Nótese que 129 causas por tenencia para consumo se iniciaron porque las personas muestran o consumen la droga en la calle. Es evidente que Arriola se explicó mal", dice el informe.

En aquella sentencia, firmada en agosto de 2009, cuando había un clima en el que se intuía la posibilidad de que el Congreso despenalizara la tenencia para consumo (algo que finalmente no ocurrió), la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo que sanciona penalmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal por ser incompatible con el principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege "las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero".

La fuerza que mayores detenciones hizo fue la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad nacional, que sigue una política clara de persecusión a usuarios. Más específicamente se trató de agentes asignados a la División Ferrocarriles: la mayoría de las detenciones, de hecho, ocurrieron en estaciones de trenes, donde los usuarios denuncian que es cada vez más frecuente la aparición de agentes uniformados o de civil en los trenes y en los andenes que se dedican a revisar pertenencias a personas que consideran "sospechosas". Allí se efectuaron 208 detenciones, 55 de estas fueron en Constitución.

Del total de detenidos, la mayoría fueron hombres argentinos de un promedio de 25 años de edad. De las 599 personas detenidas 401 refirieron ser empleadas –muchos, en trabajos de albañilería o realización de "changas"- y 193 manifestaron estar desocupadas. De todos ellos, 29% tenía antecedentes penales.

Uno de los aspectos que más llama la atención del informe de Delgado es la calidad de muchos de los 679 testigos de esas detenciones. Dos de ellos fueron convocados 12 veces en 15 días, otro en ocho ocasiones, uno en siete oportunidades, cinco se repitieron en seis ocasiones, tres fueron llamadas cinco veces, siete testigos fueron convocados cuatro veces seguidas y otras 32 personas fueron llamadas a atestiguar en 2 ó 3 operativos distintos.

"Como conclusiones bien generales por la propia naturaleza del trabajo cabe señalar que el número de detenciones no se ha reducido sino que ha alcanzado su mayor límite desde que esta fiscalía ha comenzado a relevarlos. Una vez más, las divisiones más activas en la persecución de estas conductas son las de ferrocarriles (fundamentalmente las líneas Belgrano, Mitre y Roca). Los lugares donde existieron más procedimientos fueron una vez más las estaciones de Retiro, Constitución, Flores y Villa Soldati", cierra el informe, que demuestra que la finalidad de las detenciones, al saberse que luego los casos quedarán archivados, parece ser la de engrosar las estadísticas que ilustran como un espejismo la lucha contra el narcotráfico.

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