En 2018 se registraron más de 400 casos de malos tratos policiales en todo el país

Uno por día. En la aprehensión, en el traslado a la comisaría o durante el alojamiento del sospechoso en el calabozo: al menos una vez cada 24 horas alguno de los agentes de las fuerzas de seguridad del país se excedió de los límites del protocolo y atentó contra los derechos humanos. De acuerdo con estadísticas oficiales, durante 2018 se comprobaron 436 hechos de malos tratos policiales en Argentina.

La cantidad de casos tuvo un notable aumento entre 2014 y 2015, su pico en 2016 y registra un tenue declive desde entonces. Pero los números de 2018 triplican los registrados cuatro años antes. En un documento publicado este lunes por el Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) se consignan 94 víctimas, mayormente de hechos de violencia física, psicológica pero también por las malas condiciones de los lugares de detención, problemas de higiene, alimentación y condiciones sanitarias.

La síntesis de la problemática -el caso testigo- sería el de un detenido agredido físicamente ya en condiciones de encierro dentro de alcaidías, destacamentos, garitas o comisarías.

Las cifras producidas por la PPN indican que el año pasado la mayoría de casos se dieron con las víctimas encarceladas (254), en el momento de su detención (148) y el traslado (34). Ese patrón se repite desde 2014, el primer año que se realizó este análisis de información.

En estos cinco años contabilizados en el "Registro de Casos de Tortura y/o Malos Tratos por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad", se dieron 1.120 episodios en el alojamiento, 536 en la aprehensión y 133 durante el pasaje de la fuerza de seguridad con un detenido desde el lugar del hecho o un hospital hasta el calabozo.

Las prácticas violentas de los agentes dejaron entre 2014 y 2018 502 víctimas, de las cuales 424 fueron relevadas en la Ciudad de Buenos Aires. Casi el 93 por ciento (465) fueron hombres, el 6,3% (32 casos) se trató de mujeres y el 1% correspondió a cinco víctimas trans. La mayoría -el 76,5%-tenía entre 16 y 35 años.

Los analistas de la PPN tomaron el registro de los casos en base a los testimonios de los propios presos, que se consignan en comisarías, destacamentos y alcaidías.

El año pasado fue el segundo año con más víctimas desde que se implementó este sistema, con 94 hechos. El récord quedó marcado en 2016, con 104 denunciantes.

Las agresiones físicas fueron lo que más surgió del relevamiento. En 2018 se consignaron 423 acciones en este sentido. Las malas condiciones materiales de los lugares de alojamiento contabilizaron 314 casos, la requisa personal vejatoria, 206, y el aislamiento, 193, entre muchos otros ítems, que incluyen el impedimento a los presos de ver a sus familiares o recibir visitas de amigos.

"La tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente. La violación de los derechos humanos que este Registro pone en evidencia, implica un cuestionamiento al ejercicio extendido y sistemático de la tortura dentro del orden constitucional contemporáneo", resalta el texto que acompaña los datos.

El Registro entiende por "tortura" el concepto establecido por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1985.

Se trata de una definición amplia que no limita la tortura a las agresiones físicas. Fue caracterizada, desagregada y operacionalizada en once tipos de tortura y/o malos tratos: aislamiento, traslados gravosos, traslados constantes, agresiones físicas, requisa personal vejatoria, malas condiciones materiales, falta o deficiente asistencia de la salud, falta o deficiente alimentación, robo y/o daño de pertenencias, impedimentos para la vinculación familiar y/o social y amenazas.

Estas situaciones se dan también en las cárceles argentinas, a cargo de los Servicios Penitenciarios provinciales y federal. Existe el Registro Nacional de Casos de Tortura (elaborado en conjunto por la PPN, la Comisión Provincial por la Memoria y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos), que lleva control desde 2010, y que en 2017 detectó a 1.408 víctimas que sufrieron 5.328 hechos de tortura o malos tratos o ambas de parte de los agentes penitenciarios. La Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires a cargo de Mario Coriolano también contabiliza su propio registro en base a denuncias remitidas por defensores oficiales.

Días atrás, ocho penitenciarios fueron condenados a prisión perpetua y otros siete a penas de entre 9 y 4 años de prisión por haberse comprobado que castigaron y torturaron hasta matarlo al preso Argentino Pelozo Iturri un mediodía de abril de 2008 en la vieja unidad penal federal de Neuquén.

Casos como los registrados en estos informes se dan todos los días, tanto en prisiones como en comisarías, en la calle o en los patrulleros. Los especialistas saben que son números de base, que muchas víctimas prefieren callar, presas del temor a la venganza.

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