"Dejate de romper las pelotas porque vas a terminar en un zanjón": el caso del ex empleado de la ANSES procesado por estafar y amenazar a viudas y jubilados

En 1997, Víctor Pochat, gerente de Investigaciones Especiales de la ANSES, realizaba una auditoría en la sede de la avenida Pedro Luro en Mar del Plata. Intentaba descubrir las maniobras de un grupo de empleados que otorgaban jubilaciones de forma irregular. El 4 junio de ese año, Pochat terminó muerto de tres disparos en su oficina del primer piso. Lo mató Armando Andreo, esposo de Silvia Albanesi, una de las funcionarias cesanteadas a raíz de sus investigaciones.

El caso fue icónico. Pero el tiempo ayuda a olvidar. Este año, un empleado de la misma sucursal en la que ocurrió el crimen, Guillermo Alcaraz, de 35 años, fue detenido tras permanecer casi cinco meses prófugo de la Justicia luego de estafar a al menos tres personas mayores, una de ellas analfabeta, que llegaron hasta la Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES de la ciudad costera para hacer distintos trámites. Según los testimonios de las víctimas en el mismo box en el que los atendió, Alcaraz recibió bolsas con dinero y llegó a amenazar a una mujer con un arma.

Entró a trabajar en la ANSES con apenas 20 años de edad. Se interiorizó en los mecanismos de la oficina, los nombres de los formularios, los plazos, la maquinaria puertas adentro de la seguridad social en la Argentina. Así, Alcaraz llegó a ser delegado gremial. En paralelo comenzaba a hacer perfiles de las personas a las que atendía, entre 80 y 100 por día, registraba sus dudas, sus preguntas. También observaba sus debilidades. Su primera víctima, al menos de la que la Justicia tiene registro, fue un hombre que no sabía leer ni escribir.

Este hombre, del que Infobae no dará a conocer el nombre para preservar su identidad, se presentó en 2015 en la Fiscalía N° 1 de Mar del Plata y realizó la denuncia que dio origen a la investigación que comenzó hace cuatro años la fiscal Laura Mazzaferri y que terminó este mes de marzo con la resolución del Juez Santiago Inchausti, que procesó a Alcaraz con prisión preventiva por presuntas estafas contra al menos tres personas en situación de vulnerabilidad.

El ex empleado de la ANSES está acusado del delito de concusión -cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o quiere cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza, contemplado en los artículos 266 y 267 del Código Penal- reiterado en tres oportunidades contra personas de avanzada edad. A eso se sumaron amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Para la Justicia, el recorrido para desandar los pasos en las sombras de Alcaraz no fue sencillo, como tampoco fue sencillo capturarlo.

Las tres víctimas

La primera víctima, una persona analfabeta, de avanzada edad y según precisaron fuentes judiciales a Infobae sin conocimientos en la realización de trámites en general, se acercó el 9 de septiembre de 2015 hasta la oficina de la ANSES en Luro 4942, Mar del Plata, para averiguar sobre el estado de su trámite de jubilación. Lo recibió Alcaraz, que le dijo que volviera poco después del mediodía. Al regresar, el empleado lo esperaba en la puerta de la sucursal con sus papeles en la mano.

Alcaraz fue junto a su víctima hasta el Banco Industrial, en Francia y Colón, donde esta persona debía cobrar el retroactivo de su jubilación, un monto total de 11 mil pesos. Las cámaras de seguridad del banco los ubicaron juntos ese día y en ese lugar. Varios empleados también lo harían y uno de ellos inclusive recordaría haberle preguntado al funcionario de la ANSES por qué estaba él ahí. "Me mandó la jefa", respondió.

Según el testimonio del denunciante, Alcaraz le exigió el pago de 5 mil pesos tras terminar el supuesto trámite, casi la mitad de la jubilación. "Bueno, viejo, me tenés que dar la plata de los chicos. Lo que es tuyo es tuyo, lo que es nuestro es nuestro", habrían sido las palabras del ahora procesado, intentando hacer pasar la jugada como parte de los requisitos del trámite.

Ante la fiscal Mazzaferri, Alcaraz argumentó que fue el propio jubilado quien le pidió que lo acompañara ese día, dado que no entendía los trámites que debía realizar porque era analfabeto. Además denunció una persecución gremial por ser delegado miembro de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, alegando que en 15 años de trabajo nunca había tenido un problema. La Cámara de Apelaciones dictó la falta de mérito. Todo pudo haber terminado ahí si no hubieran aparecido más denuncias.

Tres nuevos casos a mitad de 2018 reactivaron la causa. Una segunda denunciante refirió también un hecho de septiembre de 2015. Fue el cobro de una pensión tras de la muerte de su concubino, ocurrida en febrero de ese año, lo que la puso cara a cara con Alcaraz. En uno de los boxes de la ANSES ella le entregó en una bolsa al empleado el primer pago de 3 mil pesos.

Según su relato ante las autoridades, después la hizo mirar dentro de un bolso en el que había una pistola 9 mm color gris y le dijo: "No hablés de más, no hagas quilombo, porque te puede ir mal".

De los tres casos que se conocieron, con esta segunda denunciante es con quien el funcionario público se mostró más violento. Quizás porque desde un primer momento su víctima supo que algo estaba mal y había intentado hablar con otros funcionarios de la unidad sobre lo que estaba ocurriendo.

Al tiempo, sin novedades del trámite, la denunciante volvió a contactar a Alcaraz. Él le pidió otros mil pesos. La mujer fue a la oficina de la ANSES y realizó el pago. Inmediatamente después de que lo hizo el empleado la tomó de un brazo, la llevó hacia afuera de la sucursal y a pocos metros de allí, sobre Pedro Luro, se levantó la remera y le mostró nuevamente el arma. "Dejate de romper las pelotas porque vas a terminar en un zanjón", le dijo.

A la tercera víctima le exigió el pago de 12 mil pesos para realizar su trámite jubilatorio. La entrega del dinero, según precisaron fuentes judiciales con acceso al expediente, se dio en dos ocasiones distintas, ambas en la vereda de la sede de la Anses. Primero fueron cinco mil y luego siete mil. Hubo un cuarto denunciante, pero como ese trámite no llegó a ser ingresado en el sistema previsional, no pudo formar parte de la causa. Se cree que Alcaraz retrasaba las diligencias para luego poder pedir el dinero a cambio de "destrabarlas".

Funcionario en fuga

Cuando se dieron a conocer las nuevas denuncias y con más pruebas que lo incriminaban, el juez Inchausti revirtió en octubre de 2018 la falta de mérito dictada por la Cámara de Apelaciones e hizo lugar al pedido de indagatoria que estaba buscando la fiscal Mazzaferri, al tiempo que ordenó la detención.

Al verse acorralado, Alcaraz desapareció.

Por casi cinco meses su paradero fue una incógnita para la Justicia. La Fiscalía Federal Nº 1 pidió intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para la búsqueda. Entre las primeras tareas hubo un allanamiento en la casa de Alcaraz, donde si bien se secuestraron elementos de interés para la causa, no se pudo dar con él.

En base a lo que pudo saber Infobae a través de miembros de la fuerza cercanos a la investigación, habría sido tras la intervención de su línea telefónica que se logró establecer el radio en el que se estaba moviendo, para finalmente capturarlo en una pileta de Mar del Plata. Nunca había abandonado la ciudad balnearia. Fue detenido el 27 de febrero pasado y puesto a disposición del Juzgado Federal N° 3 a cargo de Inchausti.

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