En el cuarto aniversario del accidente aéreo de Laguna del Sauce, en Punta del Este, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia por las personas fallecidas en la tragedia. Es que los estudios posteriores arrojaron que el avión no estaba en condiciones de operar, contaba con documentación adulterada y los pilotos tampoco registraban autorización alguna.
El 19 de marzo de 2015, un avión Beechcraft King Air B90 partió desde el aeropuerto de San Fernando a la ciudad de Punta del Este. La vuelta estaba prevista para las 20.30 del 19 de marzo, pero treinta segundos luego del despegue, el avión se estrelló sobre la Laguna del Sauce. La máquina se prendió fuego de inmediato y todos los tripulantes perdieron la vida.
El vuelo había sido contratado por La Rural a la empresa Furlong Fox y tenía el objetivo de llevar a sus empleados a la supervisión de un centro de convenciones en la ciudad uruguaya.
Según los informes obtenidos por la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIA), de Uruguay, la aeronave no estaba en condiciones de operar. El vehículo era propiedad de las firmas Droguería Meta, Inversiones Locales y Dihermo.
El reporte encontró además una suma de irregularidades como servicios legalmente inhabilitados, cambios ilegales en la configuración del avión para poder trasportar más pasajeros, pilotos sin autorización, experiencia y faltos de descanso, repuestos adulterados y mantenimientos obligatorios no realizados.
"Me da mucha impotencia estas fechas. Los dueños del avión sabían de los inconvenientes que había, que no estaba habilitado para los vuelos comerciales. Y la Justicia es muy lenta, recién a fines del año pasado pudimos reabrir la causa tras una apelación. Lo que vemos es eso, frustación", afirmó a Infobae Matías Deleonardis, viudo de Joana Mc Cormack.
"Luego de haber producir una enormidad de pruebas, llevamos ya tres años en la causa; para llegar a una sentencia en primera instancia pueden pasar cinco años más. A la carga emocional de los familiares, se agrega la desidia de los responsables y la ineficiencia de la justicia", completó en la misma sintonía Javier Salerno, abogado de los familiares de las víctimas.
En la tragedia fallecieron los pilotos Luis Pivida (59 años) y Diego Chiaradía (45). De parte de los empleados de La Rural murieron Joana Mc Cormack (41), Alfredo Dietrich (51), Marcelo Zarco, Horacio Peñaflor y Gustavo Pera.
Entre las víctimas mortales estaban además Marta Pires Vieira (41), directora comercial de Dorier Group LatAm; Carlos de Elías (56), de la empresa Congress Rental S.A.; y Mario Barba (42), de Connectis ICT Services S.A.
Las irregularidades
El informe final del Estudio Santamarina, que operaba como el liquidador del seguro, concluyó al igual que la CAIA que el avión "no estaba navegable" y que tanto el "factor operacional" como el "humano" tuvieron una incidencia directa en el desarrollo de la tragedia.
Dicha empresa indicó que la aeronave "estaba excedida en su peso y balanceo". Una de esas causas correspondía a que solo podía llevar seis pasajeros a bordo, aunque se hizo lugar a ocho por una "alteración ilícita" de los asientos.
La tripulación tampoco mostraba la experiencia ni las credenciales exigidas. El piloto había volado un avión similar por última vez en 1997, casi 18 años antes de la tragedia. Al igual que el copiloto, registraba problemas financieros así como una fatiga por falta de descanso y exceso de tareas.
"Se cometieron muchos delitos en San Fernando. Se hicieron configuraciones en el avión y eso ocasionó a que se caiga por exceso de peso. Desde el Estado tampoco se controló, era un vuelo internacional y no hubo ninguna verificación", consideró Matías Deleonardis.
"Los responsables deberían ir presos, cometieron un estrago doloso. Estaban alquilando un taxi trucho, sin los seguros y ni las verificaciones ni habilitaciones", agregó el viudo de Mc Cormack.
La continuidad de las causas
La justicia penal de Maldonado retomará el 2 de mayo próximo las actuaciones relacionadas con el accidente. Para esa jornada fueron citadas varias personas involucradas con el incidente, según indicó el diario El País de Uruguay. En paralelo continúa la causa que se tramita el juzgado federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
En el planteo civil, las familias continúan exigiendo una indemnización mayor por los daños y perjuicios causados. Apuntan contra los propietarios del avión, dos de sus directores Ezequiel Masjuan y Juan Cereijo, y a la compañía Furlong Fox.
"El avión nunca debió haber salido de Buenos Aires. Los familiares quieren que se castigue a los culpables y que se haga justicia. Muchas viudas no trabajan, varios menores de edad se quedaron sin sus padres, por eso también reclaman un justo resarcimiento económico", señaló el abogado Salerno.
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