Cárceles en crisis: un funcionario reconoció que los traslados de presos no tienen "la más mínima seguridad”

El juicio a un presunto homicida debía comenzar a las 10:30 horas. Estaban los testigos y los jueces, pero faltaba el acusado que llegó después de las 13 por una demora en el traslado del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Lejos de ser una excepción, el retraso es una habitualidad. Y por ese motivo el tribunal oral pidió explicaciones. El subdirector de Traslados del SPF, Esteban Avela, declaró en el juicio y dijo que se encuentran en una "situación crítica" en la que tienen solo nueve camiones en todo el país para movilizar a los detenidos y que además "no cuentan con la más mínima seguridad" tanto para los presos como para los agentes.

Tras esa declaración, el presidente del Tribunal Oral Criminal N° 22, Gabriel Nardiello, le envió una nota al ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano -de quien depende el SPF-, para que tome medidas. Pero no fue la única comunicación que los jueces le enviaron a Garavano. La semana pasada hicieron lo mismo 52 jueces de tribunales orales de la Capital Federal para marcarle las "gravísimas dificultades que se producen con los traslados de internos", lo que demora las audiencias de juicios.

En el SPF y en el Ministerio de Justicia no niegan la problemática pero parte de su respuesta es señalar a los jueces por lo que entienden es un exceso de pedidos de traslados. "El 60 o 70 por ciento no tienen sentido, los piden por pedir", le dijo a Infobae una alta fuente del Servicio Penitenciario.

Primero fueron quejas internas en los propios tribunales, después charlas entre magistrados que se fueron extendiendo junto con su enojo. El motivo era que cada vez se hacían más frecuentes y de mayor tiempo las demoras del SPF en el traslado de presos, lo que provocaba retrasos en el inicio de juicios o en otros trámites judiciales.

Según la nota que el Tribunal Oral Criminal N°22 le envió al ministro Garavano, Avela -del SPF- sostuvo que "el servicio se encuentra atravesando una situación crítica al punto de encontrarse próximo a decretar la emergencia". Agregó que la División de Traslados está "diezmada en su capacidad operativa y logística" y que funciona con solo nueve móviles "de los cuales cuatro se desenvuelven en zona metropolitana y cinco en el interior del país".

Esos nueve móviles son para los 13.809 presos que tiene el sistema. La flota completa es de 62 camiones. El resto están a desguace o con problemas de funcionamiento.

El funcionario también dijo que los móviles que funcionan "no se encuentran en condiciones óptimas para efectuar los traslados ya que no cuentan con la más mínima seguridad, arriesgando de ese modo no solo al detenido sino también a los agentes".

Así, el tribunal analizó denunciar penalmente al subdirector de Traslados por incumplimiento de sus funciones pero entendió que las explicaciones habían sido honestas y que el cuadro lo excedía, por lo que informó a Garavano.

El reclamo se extendió la semana pasada. "Son innumerables los casos en que tenemos problemas con los traslados de los detenidos a los tribunales, pues en algunos supuestos nunca se efectúan y en otros se registran demoras de muchas horas", expresaron 52 jueces de tribunales orales en otro oficio al ministro de Justicia al que accedió este medio.

Los magistrados explicaron que en muchos casos se frustran las audiencias a pesar de que los testigos y las víctimas están presentes y que tienen que ser citadas nuevamente.

"La respuesta que recibimos resulta alarmante y nos lleva a solicitar se adopten las medidas en forma urgente para ampliar la capacidad operativa", pidieron los magistrados en el documento.

La última vez que el SPF compró móviles de traslados fue en 2013. El año pasado estaba en marcha una licitación para adquirir 16 nuevos y tres ambulancias. Sin embargo, las empresas oferentes se retiraron por la devaluación y el aumento del dólar y la licitación se cayó.

Ahora se convocó a una nueva licitación y en el Ministerio de Justicia esperan que en cuatro meses estén disponibles los nuevos camiones de traslados.

Tanto en el SPF como en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Mahiques, no niegan la situación. "Los últimos ocho meses los traslados fueron un dolor de cabeza diario", reconocen.

Por día se mueven solo en la ciudad de Buenos Aires entre 170 y 220 presos de las cárceles de Devoto, Marcos Paz y Ezeiza a los tribunales porteños. A eso se suman los internos que van a estudiar a la cárcel de Devoto donde está la Universidad de Buenos Aires más los traslados especiales con mayores medidas de seguridad o por temas de salud. "Muchos jueces nos piden que el traslado sea unipersonal por cuestiones de seguridad y no podemos incumplir una orden judicial", señalan como otro escollo.

Un punto central fue el aumento exponencial de presos. "Flagrancia nos mató", dicen en el gobierno. Se trata de una nueva ley -impulsada por el Poder Ejecutivo- que obliga a hacer un juicio rápido a la persona que comete un delito in fraganti. Eso hizo que las causas se resuelvan sin demoras pero queden presos personas que antes transitaban en libertad la causa.

"El problema de coordinación es grande y se tiene que replantear. El contexto no ayuda", dicen en el SPF por el incremento de presos. En tres años, según datos oficiales, la cantidad de presos creció un 35 por ciento.

Hoy los detenidos de las cárceles de Devoto, Marcos Paz y Ezeiza que tienen que ir a audiencias judiciales son retirados por los camiones de traslados que actúan como una suerte de colectivo: los pasan a buscar por las unidades y los llevan a los tribunales de Comodoro Py, Palacio de Tribunales, el edificio de la avenida Inmigrantes o la calle Lavalle, los principales edificios judiciales.

Muchas veces el circuito incumple la llegada a horario de la citación y otras directamente la frustra. Eso ocurrió en la causa que tiene el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la que investiga un presunto espionaje ilegal que involucra a fiscales y agentes de inteligencia en la que el lunes de la semana pasada debía ser indagado el falso abogado Marcelo D´Alessio. Desde el SPF le informaron que no tenían móviles para llevarlo. Finalmente, el viernes pasado D´Alessio declaró por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza.

Pero también en el Ejecutivo son críticos con los jueces. En primer lugar señalan que no usan el sistema de videoconferencia que permite que el preso declare o presencie la audiencia desde la cárcel. "Eso evita el traslado y que el detenido se tenga que levantar a las dos de la mañana para hacer todos los trámites que se requieren", señalan y ponen como ejemplo el caso del juicio oral a la banda de narcotraficantes de Rosario "Los Monos" que se hizo todo por videonconferencia.

"El sistema de videoconferencia anda mal o no anda y en tribunales no hay salas para hacerlas", responden los jueces. Y uno de ellos cuenta una vivencia: "Un preso me pidió una audiencia y para no trasladarlo dispuse una videoconferencia. Pero no se veía la imagen, después no andaba el audio, no me escuchaba a mí y tuve que entrar a un juicio"."Que haya o no salas no depende del SPF ni del Ministerio y el sistema sí anda, puede tener problemas como todo sistema tecnológico pero no es un problema frecuente", responden.

También consideran que a pesar del déficit en los traslados hay un "exceso" de pedidos de traslados por parte de los jueces. "El 60 o 70 por ciento no tienen sentido, los piden por pedir. Se puede solucionar de otra manera", señalan y además apuntan a que hay días que tienen más pedidos de traslados, como los martes, miércoles y jueves. "El lunes y viernes los jueces no hacen muchas audiencias", dice con picardía un funcionario en referencia a los días más cercanos con el fin de semana. Los jueces devuelven la gentileza. "Donde no tienen demoras es para llevar a los funcionarios del gobierno anterior que están presos", dice un magistrado.

Tanto en el SPF como en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios descartan que haya riesgos en la seguridad del traslado de los presos. Y agregan que parte del déficit fue solucionado con autos y camionetas incautadas en causas de corrupción que fueron puestas a disposición del Servicio Penitenciario.

En este contexto, el titular del SPF, Emiliano Blanco, pasó a disponibilidad el viernes pasado al director de Traslados, Cristian López Almeida, y el director de Seguridad, Gabriel Ciappesoni, porque dejaron más de 10 horas a un preso por delitos de lesa humanidad en un lugar que no está en condiciones de alojamiento. Fue llevado a las 9 de la mañana al Cuerpo Médico Forense y estuvo en la Unidad 28, la cárcel del Palacio de Tribunales, hasta las 12 de la noche cuando fue regresado a la cárcel. "Es muy grave porque se trata de un preso con problemas de salud y mayor de 70 años que quedó alojado en un lugar que no está en condiciones para eso", explicaron en el SPF.

"La situación de los traslados no ayuda pero cometieron un error grave. No hay represalia", agregó la fuente.

El SPF viene sumando críticas de la Justicia. A principio de mes, la Cámara del Crimen dijo en un fallo que "las cárceles no son aptas para la condición humana". Lo hizo después de analizar la situación de colapso que hay en las unidades, especialmente en la Unidad N° 28 donde los detenidos no pueden estar más de 24 horas y hubo gente que estuvo más de una semana.

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