Cuánto dinero se ganaría por delatar a los prófugos más buscados del país

El encanto de delatar a un presunto delincuente por plata puede ser una cosa extraña, terrible, seductora. En los últimos tres años, el Ministerio de  Seguridad de la Nación se encargó de aplicar este encanto como política de Estado, con una gran cantidad de dinero disponible. Durante la gestión Cambiemos, según datos oficiales, al menos nueve personas entraron a las salas de reuniones del Ministerio en el pasaje Gelly y Obes de Recoleta para recolectar sus premios por entregar a un imputado. Se pagaron, hasta el momento, 4,5 millones de pesos.

La Secretaría de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio coordina el programa de recompensas, con la abogada María Emilia Marty a la cabeza. En un encuentro con las funcionarias a cargo del programa, la primera pregunta de Infobae es sencilla: ¿cuánto debería valer un prófugo? ¿Cómo se calcula el precio por el dato que lleva a una captura?

La respuesta debería ser sencilla, uno podría suponer que existe una escala de valores, quizá por la gravedad de los delitos, a delito más grave mayor la recompensa, pero las funcionarias aseguran que no hay un tarifario, que los valores ofrecidos por un sospechoso de alto perfil son casi cosas aleatorias: no hay una tabla establecida para decir que un hombre a la fuga vale más que otro.

El monto, usualmente, surge del diálogo con las fiscalías o juzgados que piden las capturas, un magistrado puede considerar aumentar una recompensa si lo cree conveniente, aseguran las funcionarias. Los jueces y fiscales son los que piden poner un precio sobre la cabeza de un prófugo en primer lugar, una oferta que es publicada en el Boletín Oficial: el Ministerio no lo hace por sí solo. Las recompensas por prófugos antes estaban en manos del Ministerio de Justicia con valores muy inferiores a los actuales, 200 mil pesos. La administración Bullrich decidió aumentarlos. Personal del Ministerio, así como miembros de fuerzas de seguridad u otros funcionarios públicos, tienen prohibido participar por ley. 

A comienzos de febrero, la cartera a cargo de Patricia Bullrich anunció su oferta de 500 mil pesos por información certera que llevara a la detención de un sospechoso hasta hoy desconocido: el segundo hombre en el brutal travesticidio de la activista Diana Sacayán, asesinada de casi 20 puñaladas en su departamento de Flores en octubre 2015. Su última pareja ocasional, Gabriel Marino, fue condenado en 2018 por el Tribunal Oral Criminal N°4 en un fallo histórico. Había un cómplice, un segundo partícipe. Marino, a lo largo de su indagatoria, nunca lo entregó.

Una cifra similar, medio millón de pesos, se ofrece para Tito Franklin Escobar Ayllón, el taxista boliviano que en 2015 fue acusado de abusar de una pasajera de 20 años de edad tras comenzar el viaje en un bar de Colegiales, o para Jimmy Roque Moya, también ciudadano boliviano, presunto femicida, acusado de matar a su pareja en su departamento de Flores en junio de 2014. Sergio Ricardo Almaraz, oriundo de Chaco, se fugó hace quince años de una alcaidía de su provincia tras ser condenado a reclusión perpetua por matar a dos remiseros. Ofrecen medio millón por él también.

Sebastián Rodrigo Romero, militante santafesino del Frente de Izquierda y el PSTU, se convirtió en un meme nacional cuando atacó a la Policía de la Ciudad con una suerte de lanzagranadas casero hecho de un palo largo y un mortero de pirotecnia atado con cinta en diciembre de 2017 durante los disturbios frente al Congreso en las protestas por la reforma previsional.

Romero continúa suelto, con un pedido de captura nacional e internacional: "Hace más de tres meses que no veo a mi familia, mis amigos, a mis compañeros de la fábrica ni a mis vecinos. Estoy siendo perseguido como si fuera un terrorista", escribió Romero desde la clandestinidad en marzo de 2018.

Hoy, para el Ministerio de Seguridad, el dato que lleva a Romero vale el doble que un asesino de travestis o un femicida: un millón de pesos.

Otros, en cambio, valen mucho más.

La marca de un millón y medio en moneda argentina, la más alta en el programa de recompensas, se reserva para Luis Alberto Saucedo, "El Gordo", narco implicado en la trama de los políticos de Itatí: el juez correntino Carlos Soto Dávila, hoy acusado por el juez Sergio Torres, fue señalado por la Procuraduría de Narcocriminalidad por supuestamente beneficiarlo.

Jorge Antonio Salazar y Alexis Cortés Torres, ambos chilenos, fueron vinculados a supuestos grupos terroristas: un informe del Ministerio de Bullrich sobre grupos mapuches revolucionarios los incluye dentro del organigrama del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Señalados por históricas agresiones a carabineros del otro lado de los Andes, Salazar y Cortés tienen un cartel de 1,5 millones respectivamente por matar a un policía en Neuquén en 2012, uno de los mayores misterios policiales de la Patagonia en la historia reciente: el MIR se adjudicó elgolpe en un comunicado posterior. La recompensa provincial para ambos ascendía a 850 mil pesos por cabeza. Si un delator entregara a ambos se llevaría 4,6 millones de pesos en total.

Hay, en total, 26 prófugos en el programa de recompensas publicado por el Ministerio de Seguridad, narcos, estafadores, femicidas, abusadores de niñas y niños, con etiquetas que suman cerca de 15 millones de pesos en total. Las recompensas, por otra parte, también se aplican para búsquedas de paradero así como sospechosos desconocidos, como en el caso de Sacayán. Johana Ramallo desapareció en La Plata el 26 de julio de 2017. Ofrecen 500 mil pesos por encontrarla.

La ruta a la recompensa por entregar a un prófugo es sencilla: solo basta con llamar a la línea 134 del programa. Ahí, se le impide al nuevo informante que entregue su nombre, se le da en su lugar una clave alfanumérica que será su código de identificación a lo largo del proceso. Hay requisitos para cobrar. El dinero se entrega solo si la información lleva fehacientemente a la captura o a ubicar el paradero del sospechoso.

Tampoco se le entrega dinero a un fantasma: una reunión cara a cara con los funcionarios del ministerio es obligatoria. El pago no es en un depósito de cuentas: se hace en efectivo y en persona, en presencia de un funcionario público de alto rango que no pertenece al Ministerio de Seguridad y que certifica el proceso, que siempre es el mismo, el único que sabe los nombres de los informantes, que nunca son incorporados a un expediente judicial y quedan en una caja fuerte, un dato sumamente sensible que, si se filtrara, podrían llevar a un asesinato sicario.

Así, los informantes se van con la plata en mano. La pueden explicar si es que deciden comprar una propiedad, un auto. El Ministerio se ofrece a certificarla. El pago, por otra parte, se anuncia en el Boletín Oficial, no con el nombre del delator, sino con su clave alfanumérica.

¿Hay miedo? En el Ministerio dicen que no. Los pedidos de custodia de los delatores son muy infrecuentes. 

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