Cansados por las dilaciones y el encubrimiento del Vaticano en los casos de abusos sexuales, al menos tres organizaciones de víctimas repudiaron la cumbre antipederastia convocada por el Papa Francisco y lanzaron un plan de acción para que se esclarezca la trama de delitos y complicidades. Entre las medidas exigidas, reclamaron que se abran todos los archivos clasificados de la Santa Sede acerca de los sacerdotes y religiosos involucrados, entre ellos, los casos del padre Julio César Grassi y Nicola Corradi, del Instituto Próvolo.
La Organización Global de Víctimas de abusos (ECA, por sus siglas en inglés) junto a Bishop Accountability, la base de datos más completa de casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia, plantearon un plan de 21 medidas que debería tomar la Iglesia. Una de ellas es "la apertura de los archivos secretos sobre abuso sexual de las conferencias episcopales de todo el mundo" y que "toda la documentación sobre los casos sea transmitida a las autoridades civiles" e instancias judiciales. Además, requirieron que en "ningún momento" esta información "pueda ser destruida, así como que se denuncien a las magistraturas nacionales cualquier denuncia reciban de casos de abusos a menores".
"Este es el plan de acción que tendría que haber presentado el papa Francisco en su discurso en vez de hablar de generalidades. Son medidas de sentido común. Ninguna de ellas se ha incluido en el Vaticano", indicó el vocero de ECA, Miguel Hurtado.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de la Argentina, que nuclea a personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes en el país, se manifestaron en contra de la cumbre que fue encabezada por el Papa Francisco y que finalizó este domingo.
"Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. Esta cumbre confirma el estado de corrupción sistémica que impera en la Santa Sede, al evadir premeditadamente las exhortaciones que organismos internacionales le hicieran hace cinco años atrás", dijeron, refiriéndose a la acusación que el Comité de Protección a los Derechos de los Niños de la ONU hiciera a la Santa Sede en 2014.
La asociación argentina criticó las conclusiones de la cumbre, que señalan que "la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima", lo que desdibuja la responsabilidad de la Iglesia Católica en las agresiones sexuales a niños y niñas.
En la misma clave que ECA, la red local de víctimas propuso que se cree un registro público de sacerdotes acusados, denunciados y/o condenados por abuso sexual, lo que implica el levantamiento del secreto pontificio.
La solicitud implica transparentar lo actuado al interior de la Iglesia Católica frente a denuncias como el de Julio Cesar Grassi, el creador de la Fundación Felices los Niños, quien fuera condenado a 15 años de prisión.
En esa lista están también las denuncias contra Nicola Corradi, del Instituto Antonio Próvolo de Lujan de Cuyo (Mendoza); o la del obispo Gustavo Zanchetta, titular hasta 2017 de la diócesis salteña de Orán, cuando se fue del país para ocupar un alto cargo administrativo en el Vaticano.
66 denuncias
Al menos 66 religiosos fueron denunciados por abuso desde que se conoció el caso Grassi en 2002, según difundió la agencia Télam. La mayoría de los acusados está sin condena, y sólo tres sancionados por la propia Iglesia con el máximo castigo que puede recibir un cura: la expulsión del sacerdocio.
La cumbre oficial
El papa Francisco encabezó la cumbre anti abusos a la que que convocó en el Vaticano y duró cuatro días. Tras finalizar el domingo pasado, se presentaron ocho propuestas sobre la base de recomendaciones conocidas como "Inspire", formuladas, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud, por un grupo de diez agencias internacionales.
En ese cónclave, el Vaticano anunció que tras el encuentro habrá tres respuestas concretas: la creación de un "grupo especial" para ayudar a conferencias episcopales en dificultad a luchar contra los abusos; la elaboración de un vademecum para obispos de todo el mundo sobre cómo actuar, y la redacción de un decreto papal sobre la lucha a la pederastía.
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