Pico histórico de femicidios en el país: el drama de los asesinatos de travestis que siguen impunes

Nadie sabe hasta hoy quién es el otro asesino de Diana Sacayán, la dirigente trans atacada en octubre de 2015 en su departamento de Flores. Gabriel David Mariño, un joven de Morón de 25 años que era su pareja ocasional en aquel entonces, fue condenado en junio de 2018 a cadena perpetua en un fallo histórico del Tribunal Oral Criminal Nº4, el primer fallo judicial por travesticidio en la historia del país, que estableció al crimen de Diana como un crimen de odio de género. El ensañamiento de los asesinos contra Diana fue particularmente brutal: de 27 lesiones que la autopsia realizada en la morgue judicial porteña detectó en su cuerpo, 13 eran puñaladas. Su departamento estaba destrozado, sus matadores le robaron 20 mil pesos antes de irse, había un martillo y una tijera, un cuchillo de cocina ensangrentado y la puerta rota.

Marino llegó a decir cosas aberrantes en su indagatoria. "Estoy escrachado en todos lados por asesinar a un puto", aseguró ante los investigadores. Sin embargo, Mariño jamás entregó a su cómplice, jamás "cantó". Los encargados de investigar la muerte de Diana, en una causa instruida por el fiscal Matías di Lello y la UFEM -el ala de la Procuración dedicada a investigar hechos de violencia de género-, no saben quién es, a más de tres años del crimen.

Esta semana, el Ministerio de Seguridad lanzó una recompensa: medio millón de pesos para quien aporte datos que lleven a su captura, la misma cifra que se ofrece hoy por Tito Escobar Ayllón, el taxista peruano acusado de violar a una joven en abril de 2015 que sigue prófugo hasta hoy.

Enero fue un mes particularmente brutal en cuanto a femicidios: 22 casos contabilizados en todo el país de muertes violentas de mujeres cis, entre los cuales se encuentran Pyria Saroussy y Lily Pereg, las turistas israelíes presuntamente asesinadas por Gil Pereg, hijo de Lily; Valeria Coppa, de 39 años, supuestamente muerta a tiros por su ex pareja en Bariloche; Agustina Invimkelried, golpeada y enterrada viva en Gálvez, Santa Fe, su femicida se suicidó con la Policía provincial en su puerta, ahorcado en una viga en su casa. Los casos de violencia doméstica también aumentaron fuertemente, 1473 denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, 18 por ciento más que en enero del año pasado. 

La oferta de recompensa por el coautor prófugo de la muerte de Diana Sacayán no llega en un vacío.

Esta semana, el Ministerio de Seguridad presentó su informe sobre femicidios con estadísticas de 2017, 25 casos para enero de aquel año, una cifra que incluye travesticidios.

Según el mismo informe, hubo seis travesticidios en el país en todo el año 2017. Organizaciones de activismo trans y LGBT contabilizaron cuatro casos en los primeros cinco meses de 2018.

2019 es mucho peor: ya hubo tres casos de travesticidio registrados entre fines de enero y comienzos de febrero, la mitad en tan solo un mes de lo que el Estado argentino reconoce para todo un año.

Estos crimenes se suman a otras siete muertes de mujeres transgénero en todo el país registradas por organizaciones LGBT por motivos como complicaciones por HIV, en un promedio de vida que no supera los 40 años de edad, otro claro signo de violencia que demuestra la particular vulnerabilidad histórica del colectivo.

De vuelta a los crímenes, el mes de febrero comenzó con el travesticidio de Laly Rufino Heredia, ocurrido en la madrugada del domingo 3 en el Camino de Cintura, un asesinato definido por su saña y por su mensaje disciplinante.

Laly, de 37 años, murió de un solo tiro que le entró por el costado derecho de la cintura. La Policía Bonaerense encontró sin embargo ocho vainas servidas en el suelo; las balas habían impactado en un árbol cercano, en una chapa, en una reja, lo que da a entender que no fue ejecutada de pie, que Laly corrió escapando de los disparos.

Oriunda de Perú, con DNI argentino, Laly se dedicaba a la prostitución. Tenía un novio argentino, un hombre de Morón con el que convivía en esa zona, que le contó a la Policía Bonaernese que Laly se prostituía en el Camino de Cintura hacía cuatro años, que no sabía si alguien la acosaba, la perseguía, intentaba extorsionarla. No murió en un intento de robo: su cartera estaba junto a ella.

Pero alguien más habló, en una versión que llegó a través de personas cercanas a Laly a oídos de Jorge Yametti, fiscal de Homicidios de La Matanza encargado de investigar el caso. La versión indica que Laly estaba siendo extorsionada para pagar peaje, pagar la parada para prostituirse en la zona, que se negó a pagarlo y por eso la mataron, asegura una fuente cercana al caso.

Días atrás, la hermana de Laly recibió su cuerpo para sepultarlo. El crimen continúa sin un sospechoso identificado. El fiscal Yametti, por lo pronto, no recibió expedientes sobre proxenetas que operen en la zona del Camino de Cintura, en las paradas que Laly frecuentaba, alguien que podría ser el asesino de Laly de cara a esta hipótesis.

El 27 de enero pasado, Mirna Antonella Di Marzo murió en Salta luego de tres meses de agonía por una brutal golpiza que recibió el 21 de  octubre cuando salía del boliche Caribe. Las marcas eran las de un crimen de odio: la encontraron con su cabeza llena de lesiones, sin su ropa interior. El daño neurológico, según determinaron en el hospital Joaquín Castellanos, era irreversible.

Ya hay un hombre imputado por el crimen según medios provinciales como La Gaceta, un panadero llamado José Gustavo Gareca que ya había sido condenado a 17 años por matar a golpes a una vecina.

Gareca, que también fue denunciado por violencia de género, fue filmado por una cámara de seguridad mientras golpeaba a Mirna hasta morir. Mirna estudiaba en una escuela nocturna, vendía pastelitos con su hermana, Janet. Quería ser abogada. "Decía que no quería que nadie más la vuelva a discriminar", aseguró Janet a Infobae.

"Su certificado de defunción dice que murió por un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del politraumatismo de cráneo. La saña con la que la atacó es una muestra más del odio hacia su identidad. El fin último siempre fue matarla. No lo logró en ese momento porque Mirna era una mujer fuerte. Estoy harta de que maten a mis amigas y compañeras", dijo tras su funeral la activista trans María Pía Ceballos.

Mirna tenía apenas 30 años de edad.

En 2017, de acuerdo a cifras oficiales, Salta lideró la estadística nacional con 23 femicidios y travesticidios, la tasa más alta del país. Santiago del Estero le sigue en la lista con 15 hechos, una diferencia dramática. La violencia extrema para matar a travestis suele ser la norma a lo largo del país. L.D.A, asesinada en octubre de 2018 en Rosario sobre la calle Mitre entre Gálvez y Virasoro, a tan solo media cuadra del Centro de Justicia Penal de la ciudad santafesina, se encontraba en un estado grotesco: estaba recostada sobre un colchón, tenía su rostro golpeado, el cuello con señales de estrangulamiento no por una soga o por un tirante, sino por un pantalón.

Marlene Wayar, histórica activista y referente del movimiento trans, aseguraba a Infobae que "los travesticidios son crimenes de lesa humanidad que deben ser resarcidos". Esta semana, el ANSES abrió el trámite para la reparación económica establecida por la Ley Brisa para hijas e hijos de víctimas de femicidios, una suma que equivale a una jubilación mínima de ocho mil pesos. Sin embargo, la Ley Brisa no establece reparaciones para personas vinculadas a víctimas trans.

De vuelta a los expedientes. Mariela Labozzetta, titular de la UFEM que investigó el crimen de Diana Sacayán y lo llevó a juicio, apunta a una clara falta perspectiva. La UFEM planteó en 2018 un protocolo para la investigación de femicidios y travesticidios en consonancia con lineamientos internacionales establecidos por la ONU que en la práctica está lejos de ser aplicado a nivel general.

"Más allá de Diana Sacayán, todavía no tenés sentencias concretas por crímenes de odio. Cualquier caso de muerte violenta de una persona trans que llega a las fuerzas de seguridad tiene que ser abordado como un crimen de odio. Hay indicios que dan cuenta de esto que tienen que ser capturados en el momento en la escena del hecho y en la autopsia. Después se pierden. Si se mira solo la lesión que causó la muerte se pierde información. Por ejemplo, ¿hay otras lesiones de diferente data, heridas en los genitales, en la cara, en las mamas? Por su expulsión social, sus vidas transcurren en lugares alejados de la sociedad, hacia ámbitos de prostitución y narcotráfico. Hay que alejarse del lugar y tener una perspectiva más amplia", dice Labozzetta.

Que el entorno de una víctima hable es clave. Lograr que el entorno hable es vital. La clave, precisamente, está del otro lado de la mesa de entradas. En el caso de la investigación del travesticidio de Sacayán, "desde el principio se logró que la gente cercana a ella tuviera la confianza para declarar", asegura la fiscal. De las personas cercanas a Diana, por ejemplo, llegó el dato que permitió identificar a Gabriel Mariño: "En otros casos, los operadores de Justicia son expulsivos y estigmatizantes".

Luciana Sánchez fue una de las querellantes en el juicio por el crimen de Diana, instrumental para lograr la condena, y es una abogada histórica del colectivo.

-¿Te encontrás con indiferencia a nivel judicial?

Sánchez: Ojalá me encontrara con indiferencia, me encuentro con odio a las compañeras trans. No se dan cuenta o lo niegan. Es imposible negar la estructuralidad del problema. Y hay una cifra negra. Recuerdo en 2008 tuve dos casos de travesticidios, es mucho lo que no se registra. La condena por Diana es un logro pero no implica un cambio. Las causas de travesticidios se caen porque se pierden pruebas, el protocolo de UFEM no se aplica, hay veces que la causa está en la fiscalía y el juzgado de instrucción no se entera. Y a las travestis se las sigue criminalizando y estigmatizando. No hay una referente del movimiento que no tenga un procesamiento, las comisarías les arman causas Ahora que el delito de narcomenudeo pasó a la Ciudad se aumentaron muchísimo las detenciones a travestis para hacer estadística  policial, las paran solo por ser travestis y les sacan todos los que tienen y terminan en un calabozo en expedientes que terminan archivados. El problema es mucho más grande.

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