Luego de una investigación interna, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso la intervención de la comisaría tercera de Quilmes y desafectó a cinco efectivos que cumplían funciones allí. La medida surgió a raíz de una denuncia por extorsión que involucra también a una representante del ministerio público fiscal.
El jefe de calle oficial principal Hugo Enrique Coll, el teniente Claudio Ramón Lugones y los oficiales Diego Damian Appella, Victor Emilio Tevez y Jonatan Eduardo Ocampo fueron separados de sus cargos, informaron fuentes policiales a Infobae.
La denuncia contra ellos fue formulada por un grupo de comerciantes que poseen un taller clandestino de costura en la calle Blas Parera, al 300. Según la acusación, los denunciantes fueron coaccionados por los agentes para entregarles una importante suma de dinero, a cambio de no modificar la carátula del caso por el de "trata de personas".
Los comerciantes afirmaron además haber sido golpeados y amenazados por estos policías. Y dijeron que esto ocurrió ante la presencia de una fiscal que avaló el procedimiento.
La Auditoría General de Asuntos Internos inició una investigación e informó a la Procuraduría General de la Provincia sobre las irregularidades formuladas en la denuncia contra la fiscal.
En las averiguaciones del organismo de control advirtieron que los mismos uniformados implicados habían sido denunciados por el idéntico accionar en al menos cinco allanamientos. En todos estos casos figura que la instrucción estuvo a cargo de la misma funcionaria judicial.
De la investigación interna se desprendió además un dato llamativo que indica que la fiscal es novia de Hugo Enrique Coll.
Fuentes del caso señalaron a este medio que dicha fiscal ya había sido denunciada ante la Procuraduría por el ministro de Seguridad Cristian Ritondo, cuando en octubre del año pasado impidió que la Comisión de Prevención y Represión contra el Juego de Azar Ilegal clausurara un local donde se realizaban apuestas clandestinas.
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