Presos con celulares, comercios e industrias: el modelo uruguayo para bajar la violencia en las cárceles

Wilson camina por su taller con una tablet en la que chequea los últimos mensajes de sus clientes. A la confitería "La Nueva" acaba de ingresar un pedido de 10 sandwiches de pollo. En el aserradero todos los operarios trabajan sin quitar la vista a las maderas. Es lo que ocurre en cualquier rutina laboral, pero lo que cambia es su contexto: son comercios e industrias que están adentro de cárceles. Se trata del modelo que Uruguay puso en marcha en 2010 para bajar la violencia en las penitenciarías y lograr una reinserción de los presos con oportunidades para que no vuelvan a delinquir.

Punta de Rieles es lo que se puede llamar una "cárcel ciudad": los presos caminan libremente por el predio y trabajan en sus 52 comercios y emprendimientos. Hay desde una casa de tatuajes hasta un restaurante. El Complejo Carcelario "Santiago Vázquez", conocido como COMCAR, es la cárcel más grande de Uruguay. Allí hay un Polo Industrial en el que se desempeñan 400 presos.

¿El resultado? Niveles de violencia cero, la aceptación de los detenidos de un sistema que no se basa en el encierro en una celda la mayor parte del día, y un proceso donde la cárcel es un lugar con un trato digno en el que se busca una salida para el futuro.

"Nunca tuve una oportunidad en mi vida más que acá", dice Rolando Bustamante, uno de los detenidos que tiene un negocio en Punta de Rieles.

Invitado por la Asociación de Pensamiento Penal (APP), una ONG argentina que trabaja, entre otros, en temas penitenciarios, Infobae visitó y conoció ambas cárceles.

La historia comienza en 2009 con un lapidario informe de la Organización de Naciones Unidas. "Nos dijeron que teníamos cárceles africanas", recuerda Jaime Saavedra, el primer civil en un cargo jerárquico del sistema penitenciario –fue subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que en Argentina es el Servicio Penitenciario Federal–, y actualmente está al frente de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI).

Al año siguiente, se pusieron en marcha tres cambios centrales: un sistema penitenciario único nacional, civiles en las cárceles a cargo del contacto con los presos (hoy son 1200 y 1800 policías que solo tienen tareas de custodia) y pasar de un modelo de seguridad a otro de la readaptación.

La transformación tuvo el impulso político de la asunción como presidente de Uruguay de José "Pepe" Mujica y la designación de Eduardo Bonimi como ministro del Interior –todavía en el cargo–, de quien dependen las cárceles. Ambos con pasado en prisiones. Fueron integrantes del movimiento político guerrillero "Tupamaros" y estuvieron presos más de una década durante la última dictadura militar uruguaya, en los años 70 y 80.

La composición de las cárceles uruguayas es similar a las de Argentina: están llenas de pobres y jóvenes. En Uruguay hay 11 mil presos, de los cuales el 92% tiene entre 18 y 29 años. La mayoría sin estudios ni trabajo. Provienen de los barrios más marginales de Montevideo que están en el norte de la ciudad, la parte más alejada del río: Cerro, Casabó, 40 semanas, Casavalle y Marconi.

"Se avanzó en consolidar experiencias que antes no había, con una privación de la libertad más humana. El preso pasó de ser un objeto a un sujeto", cuenta Saavedra. Y así nacieron las experiencias de Punta de Rieles y el Polo Industrial.

Si bien son dos tipos de cárceles distintas, tienen algo en común. Los detenidos están "libres", tienen permitido usar celulares, todos trabajan y no tienen agentes penitenciarios que los custodien. Por las tareas que hacen, manejan cuchillos, sierras, martillos, clavadoras automáticas y distintos tipos de herramientas que en cualquier unidad penitenciaria serían consideradas armas y estarían prohibidas.

"Cuando llegué vi una cárcel típica con 600 presos maltratados. Empezamos a abrir los sectores. El preso va a salir de la cárcel ¿y va a tener un policía al lado? Si no puede andar solo ¿que va a hacer cuando salga?, dice Luis Parodi, director de Punta de Rieles.

Parodi fue Tupamaro y estuvo exiliado en Chile, Cuba y Francia, donde en 1977 dejó la militancia. "Cambié la revolución por la educación", cuenta. Se recibió de educador y en 1985 volvió a Uruguay donde trabajó con menores de edad. Antes de todo eso tuvo un paso por el fútbol profesional y llegó a jugar en la selección sub-21 de su país.

La reforma tuvo resistencias y una de ellas vino de la policía,la fuerza que estaba a cargo de las cárceles. Parodi dice que una de las consultas más habituales que recibe es por el uso de celulares. "El policía dice que los presos van a hacer estafas o secuestros, nosotros decimos vamos a enseñarle a usarlo", explica y hace hincapié en la educación.

"Acá hay reglas claras: cero cuchillos, cero droga, cero alcohol", explica Parodi, que llegó en 2012 a Punta de Rieles como subdirector y luego quedó al frente. Infringir alguna de esas normas significada ser trasladado a otra cárcel.

En Punta de Rieles hay 52 emprendimientos –36 de ellos con rédito económico y el resto de transmisión de oficios– en los que trabajan 400 de los 520 presos que tiene la cárcel. También se estudia el liceo (primario), secundario, terciario y se dan tutoriales universitarios.

El incentivo para trabajar no es solo ganar un sueldo, tener un estudio o un oficio y desarrollar una actividad en prisión. También les sirve para descontar pena ya que la ley uruguaya reduce la condena para quienes estudian y tiene un empleo en la cárcel, aunque es una decisión del juez no obligatoria.

Cada comercio paga un canon por el terrero, la luz y el agua. Ese impuesto tiene tres destinos: el servicio penitenciario, un fondo de asistencia a víctimas de la delincuencia y el banco social que funciona en la cárcel. El banco sirve para que los presos tomen préstamos que financien los emprendimientos.

Las ganancias son para el negocio y no todos los empleados están en blanco. El personal de cada comercio lo elige su dueño con intervención de la dirección de la cárcel.

Los presos no usan dinero, está prohibido. En Punta de Rieles tienen un sistema de ticket. Sus sueldos o la plata que le dejan sus familiares se transforman en boletas con las que compran.

En la cárcel hay carpintería, herrería, pizzería, joyería, perfumería, casa de artículos de limpieza, muebles en pallets y un emprendimiento que está en ciernes. Algunos internos piensan en hacer una cooperativa de vivienda para comprar terrenos y salir de la cárcel –con autorización de los jueces- para construir sus casas para cuando recuperen la libertad.

-¿Cuáles son los resultados de este sistema?
– En seis años un solo muerto y un solo preso atacado con cuchillo. Y que la cárcel puede ser un lugar digno y de trabajo.

"Pusimos a los presos en movimiento y a pensar. Hay que generar espacios de aprendizaje y que la cárcel les cambie lo que hicieron. Y la gente cambia después que pasó por acá", reflexiona Parodi.

La otra cara de Punta de Rieles está a metros. En el predio lindero se inauguró en hace un año la cárcel de Participación Público y Privado (PPP), un emprendimiento del Estado y privados. Es una mole de cemento pintada de verde y amarillo que aplica el modelo carcelario habitual. "Así no llegan a ningún parte. Generas más violencia encerrando a la gente las 24 horas", dice Bustamante que antes de Punta de Rieles siempre estuvo en cárceles de máxima seguridad.

COMCAR es la unidad penitenciaria más grande de Uruguay. Está a 20 kilómetros de Montevideo en un predio de 30 hectáreas y aloja a tres mil presos. A diferencia de Punta de Rieles, el COMCAR no deja dudas que es una cárcel: los pabellones son los típicos de una prisión, desde donde se escuchan los gritos largos de los presos.

Allí funciona el Polo Industrial que nació en mayo de 2014 cuando se instaló la primera empresa: el aserradero Inclusión Social Generadora (ISG). La idea surgió cuando Saavedra vio que un grupo de presos trabajaba en ojotas –un calzado que se usa mucho en las cárceles de Uruguay– con bloques de cemento. Les preguntó qué necesitan para hacerlo en condiciones y les llevó lo que pidieron. "Metimos un pulmoncito en ese monstruo terrible que tiene las historias más tristes", recuerda Saavedra y describe el COMCAR.

"Polo Industrial", dice el cartel en letras azules sobre una pared de ladrillos blancos. Allí trabajan unas 400 personas. Hay cuatro empresas privadas: dos aserraderos –ISG y Tomac–; Ingen&arte, que trabaja con los desperdicios del aserradero; y Konkret que hace cosas de concreto. ISG también tiene un supermercado. Las empresas no tienen ningún beneficio impositivo especial o de otra índole por instalarse en el Polo.

Todos los empleados están en blanco: cobran un sueldo, aguinaldo, vacaciones y tienen los descuentos de ley.

El Estado uruguayo también da empleos. De esos, no todos cobran un sueldo. Se reparan heladeras y aires acondicionados que se donan, también se hace herrería y se arreglan los juegos saludables de las plazas de Montevideo. Matías, por ejemplo, hace ollas reforzadas. "Acá gente que por ahí nunca trabajó en su vida sale con un oficio", cuenta.

Para trabajar en el Polo hay requisitos. Uno de ellos es tener un progreso en el régimen de rezociabilización y que no les faltan más de cinco años de condena por cumplir. Los presos que quieren trabajar se anotan en una lista y de ahí las empresas eligen a los empleados, como en cualquier selección de personal.

Quienes trabajan en el Polo viven en los pabellones de los módulos 7 y 9 de la cárcel. Todos tienen mamelucos verdes, cascos, guantes y las medidas de seguridad de cualquier industria. Se cumplen jornadas de trabajo de ocho horas. Y el movimiento por el lugar el libre. También tienen celulares.

"Cuando pones a personas en ambientes amigables responden y no hay conflictos", dice sobre el Polo González, uno de los dueños de ISG, que además del aserradero tiene un supermercado dentro del penal. Cuenta que nunca hubo violencia y que de sus empresas ya salieron en libertad 12 personas y solo una reincidió en el delito.

González camina por la cárcel y saluda a todos por su nombre y todos lo saludan. En la recorrida cuenta lo que se hace en cada sector del Polo, habla de proyectos, de cómo están armando un comedor para el almuerzo de quienes trabajan en allí.

Su socio, el argentino Gastón Narvarte, está cerca de licenciarse en psicólogía y en el tramo final de su tesis sobre el trabajo y la rehabilitación en las cárceles. En el Polo tiene grupos terapéuticos con los internos de regulación emocional y aprendizaje de conductas sociales. "Queremos generar el ambiente de toda empresa: responsabilidad, pagos, aportes, horarios", dice Narvarte y agrega: "Y lo que logras es que se esmeran y se comprometen con el trabajo".

¿Y en Argentina?

Mario Juliano es juez penal de Necochea y uno de los fundadores de la Asociación de Pensamiento Penal. "Los resultados más ostensibles en ambas experiencias pueden medirse en términos de drástica disminución de la violencia y caída abrupta de los índices de reincidencia", señala Juliano sobre Punta de Rieles y el Polo Industrial. "Eso implica que los establecimientos carcelarios se conviertan en lugares de oportunidades para devolver al medio libre a personas en mejores condiciones que cuando ingresaron y menos posibilidades de regresar al delito", agrega.

–¿Esas experiencias se puede replicar en el país?
– "Son perfectamente replicables en Argentina. De hecho, en el interior de Neuquén y otros sitios del país se están haciendo experiencias de esa índole (no idénticas) con los mismos resultados. El desafío del sistema penitenciario argentino pasa por modificar la relación carcelaria existente, promoviendo cambios donde las personas privadas de la libertad se conviertan en protagonistas de esos cambios.

Islas y oasis de un sistema que cruje

Tanto presos como las autoridades señalan que Punta de Rieles y el Polo Industrial son "una isla", un "oasis" en el sistema penitenciario de Uruguay. Pablo es uno de los presos del Polo y afirma que "es un lujo", un adjetivo impensado para una cárcel. Y repite "lujo" varias veces.

Pero las cárceles de Uruguay son otra cosa

A unos 200 metros del Polo Industrial está el módulo ocho del COMCAR. Su ingreso es oscuro. El día es soleado pero la luz no quiere entrar. El pasillo está con agua y hay guardias, uno de ellos con una escopeta. Para que Infobae pueda hacer una pequeña recorrida se eleva una consulta, lo que no se necesitó en ningún sector del Polo. El oficial a cargo autoriza. De los costados de ese pasillo salen los pabellones y se ve a los presos en los patios. Ante las visitas se amontonan en las puertas. "Pablo, dale, sácame de acá y llévame a trabajar con vos", le dice uno de los presos a González.

En 2017 en COMCAR murieron 10 presos. Uno de los módulos de la cárcel fue clausurado en noviembre pasado por un incendio tras un motín. En el módulo ocho se detectaron en junio a presos desnutridos por la pésima o nula alimentación que recibían. En la cárcel de Libertad en noviembre un preso mató a su compañero de celda a puñaladas, le cortó algunas partes del cuerpo que fritó y luego se comió.

A esas situaciones puntuales –de solo los últimos meses– se suman las malas condiciones de alojamiento como por ejemplo 13 personas en celdas para tres. También la falta de personal para el trabajo socio-educativo. Todo lleva a los presos a un solo destino: el encierro a la espera de cumplir la pena.

¿Por qué en Punta de Rieles y en el Polo Industrial se puede llevar a cabo un sistema distinto y con resultados y en otros lugares no? La respuesta no es una sola.

"Siempre hay resistencias a los cambios y el sistema cruje", dice Saavedra, considerado uno pilar en Uruguay en el trabajo de la resocialización de los presos.

Como ocurre en Argentina, gran parte de la sociedad uruguaya recela de destinar recursos a las cárceles cuando hay otras necesidades. En 2015 hubo un caso que impactó de lleno en el proyecto. Gustavo Lepere, un hombre con un gran prontuario delictivo, había salido de Punta de Rieles y lideró el secuestro de una mujer.

"Estamos en un mal momento con riesgo grave de que se vaya todo atrás en los avances que se concretaron en 2010", reconoce Saavedra, pero confía que se puede seguir adelante.

En octubre próximo habrá elecciones presidenciales en Uruguay.

El Estado uruguayo no cuenta todavía con estadísticas sobre la reincidencia en el delito de quienes pasaron por la cárcel. Esperan tenerlas para este año y que sean positivas para quienes estuvieron en Punta de Rieles o el Polo. Será el resultado de un trabajo lento y que da sus frutos. El de un Estado que le dio a parte de sus detenidos un trato digno, un trabajo, un estudio, oportunidades. Todo lo que nos les brindó en libertad y que si hubiesen tenido, tal vez, no habrían cometido delitos.