El juez federal Daniel Rafecas dictó hoy la falta de mérito al ex presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, y a otros ocho ex funcionarios de esa entidad por el otorgamiento de líneas de crédito y préstamos a las empresas "Austral Construcciones" y "Kank y Costilla", ambas del detenido Lázaro Báez, y "Electroingeniería", de Gerardo Ferreyra, arrestado por la causa de los cuadernos de la corrupción.
Según la resolución, no se encontraron elementos para procesar o sobreseer a los implicados, por lo que se ordenó una veintena de nuevas medidas de prueba.
La causa tenía como imputados al empresario detenido Lázaro Báez y al ex presidente del Banco Nación Carlos Fábrega por el uso de fondos públicos en beneficio de Austral Construcciones, a través de un fideicomiso de $350 millones gestionado por la entidad. La denuncia había sido presentada por la diputada Margarita Stolbizer, luego de que el arrepentido Leonardo Fariña declarara sobre una serie de maniobras relacionadas a negocios de Báez y el gobierno kirchnerista en la causa de la ruta del dinero K.
Pero ahora Rafecas entendió que no había suficientes elementos para definir la situación de los imputados. La decisión fue consecuencia de una pericia contable presentada el 4 de diciembre pasado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, en donde se estableció que la totalidad de los préstamos y líneas crediticias otorgadas se dieron dentro de la normativa vigente. En principio se otorgaron con las evaluaciones de calificadoras de riesgo cuando eran requeridas, y con la asignación de las tasas de interés adecuadas, dijo el juez en una resolución de unas 200 páginas.
Según fuentes judiciales, en el caso de "Austral Construcciones", el Banco Nación entre 2008 y 2014, otorgó 39 préstamos por un total de $850 millones, de los cuales, 38 fueron cancelados en tiempo y forma, mientras que del último (una reestructuración de deuda del año 2014 por $238 millones), fueron canceladas 16 de las 30 cuotas previstas, al entrar la firma en cesación de pagos a fines del año 2015. Este préstamo está garantizado a través de 10 hipotecas de inmuebles, la cesión de derechos por contratos de la Dirección Nacional de Vialidad y por avales personales, por un total de $340 millones, los cuales están en pleno proceso de ejecución para recuperar la totalidad de lo adeudado al Banco Nación.
Respecto de esta empresa, según la pericia, con estas 39 operaciones, el BNA obtuvo ganancias por un monto de $373 millones y mantiene una acreencia de $151 millones, se indicó.
En cuanto a "Kank y Costilla", el Banco Nación le otorgó préstamos y líneas de crédito, entre 2008 y 2014, por un total de $297 millones. El estudio pericial indicó que la ganancia del BNA por las operaciones con esta empresa ascendió a $100 millones, mientras que resulta acreedora por una deuda de $64 millones en etapa de ejecución de garantías.
Por último, respecto de la firma "Electroingeniería", el Banco Nación otorgó $491 millones en diversas líneas de crédito y préstamos hasta 2014, montos que fueron íntegramente devueltos a la entidad en tiempo y forma.
Por estas operaciones, el BNA obtuvo ganancias por $90 millones.
Así las cosas, dijo Rafecas, a partir de las operatorias financieras con las tres empresas analizadas en la causa le generó al Banco una ganancia neta de $564 millones, a la vez que mantiene acreencias con dos de ellas por valor de $215 millones, respecto de los cuales hay en pleno trámite incidentes de ejecución de una decena de propiedades en la Justicia comercial, sobre los cuales penden gravámenes hipotecarios en favor del Banco Nación.
Los voceros judiciales indicaron que la continuidad de la causa está ahora orientada a terminar de asegurar el estricto cumplimiento de todas las normativas internas de la entidad en punto a las condiciones y exigencias requeridas para el otorgamiento de las líneas de crédito verificadas en la causa, así como a recabar la mayor información posible de que se pueda disponer con relación a las firmas analizadas en la Justicia nacional en lo Comercial, respecto de la ejecución de las garantías que fueran ofrecidas en la reestructuración de deuda, por parte de las empresas cuestionadas.