Narcojusticia: los jueces que amparan a los traficantes

En un hecho inédito en el país, dos jueces federales, de manera simultánea –aunque en distinta fase de instrucción- están siendo juzgados por sus presuntos lazos con organizaciones mafiosas vinculadas al narcotráfico.

La "justicia narco" en la Argentina es denunciada desde hace décadas, sin embargo, en los últimos años los casos comenzaron a reflejarse en los tribunales.

No es un secreto que estas mafias son en muchos casos "clanes familiares", como la ahora desarticulada banda de "Los Monos" o el "Clan Bassi", en la ciudad santafecina de Rosario; o los "Villalba" –por Miguel "Mameluco" (padre) e Iván Gabriel (hijo)-, en el partido bonaerense de San Martín, se instalaron con fuerza en el país desde hace unos 30 años, pero con mayor fuerza en los últimos tres quinquenios.

Para lograr ese fenomenal despliegue territorial –aunque dista mucho de los cárteles mexicanos o colombianos– contaron con la complicidad de funcionarios de los tres poderes del Estado y de las Fuerzas de Seguridad.

Así quedó reflejado en docenas de expedientes judiciales, como el de Paso de los Libres, Corrientes, donde ya tienen procesamiento en doble instancia el ahora ex fiscal federal Benito Pont, y ex comandante mayor de gendarmería José María Viero.

Están acusados de liderar una organización mafiosa que lavaba dinero procedente de la trata de personas y regentear hoteles y cabarets donde se obligaba ejercer la prostitución a jóvenes menores de edad. En los lugares también se consumían estupefacientes.

Los nombres de los magistrados en la picota judicial y que los últimos días fueron noticia nacional son el ex juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso; y el de aún juez federal de Itatí, Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila.

Sobre el primero, el viernes pasado el fiscal federal de juicio, Carlos Amud, solicitó una pena ejemplar de 25 años de prisión. El segundo, fue indagado como presunto jefe de una asociación ilícita que traía marihuana desde el fronterizo Paraguay.

La fiscalía ya pidió su detención, pero como tiene inmunidad para esa medida ya que aún mantiene sus fueros, será el Consejo de la Magistratura el que deberá suspenderlo en el cargo, un hecho que puede ocurrir en las próximas semanas.

"Era la joda loca"

El viernes pasado, a lo largo de un vehemente alegato el fiscal federal salteño, Carlos Amud, solicitó 25 años de prisión contra el ex juez Reynoso, preso desde el 1 de mayo de 2016.

Según la durísima acusación fiscal, a lo largo del desarrollo del debate oral y público se logró acreditar que Reynoso, junto a otras seis personas, entre narcos, abogados, parientes y funcionarios judiciales, "formaron parte de una asociación criminal de carácter estable, con soporte estructural, división de roles, y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita, la cual fue montada, coordinada y encabezada por Reynoso, y que funcionó en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán al menos desde el 19 de marzo de 2010 y hasta que el jefe de la organización fue suspendido de la función judicial el 22 de diciembre de 2015". Fue el propio juez Reynoso el director del proceso, el que le ordenó a Gendarmería dejar de investigar a los narcotraficantes.

"Gracias a la buena actuación de Gendarmería y de las fiscalías, que a pesar de la actuación corrupta del juez, los narcos igual terminarán presos", explicó el fiscal Amud, en su alegato trasmitido en vivo por el Centro de Información Judicial (CIJ).

"¿Entienden la situación?", preguntó de manera retórica el fiscal investigador y se respondió: "El juez de la causa ordena no investigar para favorecer a los narcotraficantes. Estamos hablando de 300 o 400 kilos de cocaína, era la joda loca".

Y a renglón seguido, abundó: "Los testigos en esas causas por tráfico de drogas eran víctimas de una organización criminal liderada por el juez Reynoso que los apretaban para que no declaren. Estamos hablando de causas, por ejemplo, en la que se ingresó al país una tonelada de estupefacientes".

Poco después, el representante del Ministerio Público se lució detallando los artilugios procesales que empleaba el entonces magistrado para dejar libres a los narcos y que continuara funcionando la aceitada maquinaria que había establecido para "cobrar las dádivas" pagadas por los delincuentes, como por ejemplo una finca.

El fiscal Amud también centró sus dardos contra Reynoso y su "banda de corruptos" al mencionar el caso "Sejas Rosales", el empresario boliviano al que le atribuyen haber ingresado al país cientos de kilos de clorhidrato de cocaína a través de su flotas de camiones.

En 2015 el narco fue detenido por el transporte de cocaína diluida en 600 litros de un líquido en un tanque combustibles y de 35 mil litros de precursores químicos para la fabricación de esa droga. Después de ser detenido, y a pesar de la gravedad del delito y las pruebas en su contra, Reynoso bajó la calificación procesar del narco-empresario de "jefe de una asociación ilícita" a "participe secundario" del hecho y lo liberó mediante el pago de una fianza de 200.000 pesos.

El fiscal pudo reconstruir a través del testimonio del abogado del narco boliviano, a quién habían amenazado de muerte, y de otras pruebas, que para obtener el beneficio de la libertad Rosales pagó una coima de 350 mil dólares a través de otro de sus abogados.

Por esas y otras razones, Amud solicitó 25 años de prisión, una multa de $ 20.000.000, más la de inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena.

Para el fiscal, Reynoso fue todo un ejemplo del funcionamiento de la "narcojusticia".

Reynoso supo tener sus cinco minutos de fama mediática a mediados de octubre de 2015 al exponer ante unos cien empresarios en el Coloquio de Idea. Allí había manifestado que la ciudad de Orán se había convertido en una "comunidad colombiana" y destacó la labor del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien lo ayudaba a quemar la cocaína secuestrada con camiones enviados desde Córdoba.

La por entonces presidenta Cristina Kirchner lo había puesto como ejemplo a Reynoso en abril de ese mismo año al destacar que el magistrado de Orán trabajaba solo con 22 empleados y que con esos escasos recursos había secuestrado "más de 17.000 kilos de cocaína, más de 1.700 de marihuana, casi 9.000 de anfetamina y 2 de heroína" y que a ello había que sumarle "las más de 800 causas que se elevaron a juicio oral, con aproximadamente 1.500 personas detenidas".

Poco después se conocerían que los que quedaban presos eran los "perejiles" y los que jefes narcos que lo "adornaban", como dijo el fiscal, quedaban en libertad.

Itatí, ciudad narco

El martes próximo, el Consejo de la Magistratura terminará de decidir la suerte del juez federal de Corrientes Vicente Soto Dávila. Si lo suspenden se hará efectiva la orden de detención que pesa en su contra por encubrir a traficantes de drogas, sobre todo marihuana procedente de Paraguay y descargada desde las barcazas que llegaban a la ciudad de Itatí en cajas que eran cargadas por los niños de la localidad.

Entre los organizadores de esa mafia narco, se encuentran los ya detenidos el intendente de Itatí, Natividad Terán y su por entonces vice Fabio Aquino. También están entre rejas gendarmes, policías federales y provinciales que también integraban la rueda corrupta que encubría a los narcos.

Gracias a esta red criminal, Itatí se trasformó en una de los principales portones de ingreso de marihuana al país.

En el explosivo expediente, en manos del juez federal Sergio Torres, se lo menciona a Soto Dávila como él "jefe" de una asociación ilícita que amparaba a narcotraficantes que operaban en esa ciudad y traían marihuana para distribuir en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Quienes sí ya fueron detenidos, también por pedido del fiscal Carlos Stornelli y el titular de la PROCUNAR Diego Iglesias, los dos secretarios del cuestionado: Pablo Molina y Federico Grau.

Como informó de manera exclusiva Infobae, Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir de la declaración de un arrepentido que confesó que le pagaba miles de dólares al juez para ser beneficiado durante el proceso, algo similar a lo que ocurría en el juzgado Reynoso.

La impactante causa que investiga el juez federal Torres tiene a 132 personas imputadas, entre ellas al juez y sus dos secretarios; 89 que ya fueron elevadas a juicio, como ex el intendente de Itatí e integrantes de las fuerzas de seguridad, y 10 con pedido de captura.

Un antecedente cercano

El 23 de febrero de 2016, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la condena a seis años de prisión contra el ex juez José Antonio Solá Torino por el delito de "cohecho pasivo agravado". El fallo había sido dictado en marzo de 2016 por el Tribunal Oral Federal de Salta.

En la causa, que también impulsó el mismo fiscal Amad –el del caso Reynoso- quedó probado que en 2007 el magistrado cobró una coima de 15 mil pesos para levantar el pedido de arresto que pesaba sobre el narcotraficante Miguel Farfán, quien en 1999 había sido condenado por el tráfico de 400 kilos de droga.

Por entonces Solá Torino ocupaba en cargo clave: integraba el tribunal colegiado que juzga los delitos de narcotráfico.

El traficante Farfán fue condenado "en rebeldía" porque, después de quedar en libertad gracias al juez que había sido coimeado, se fugó y hasta el día de hoy las fuerzas de seguridad no lo encontraron.

En el fallo contra el magistrado salteño, los camaristas sostuvieron que: "En el caso aquí analizado, el juez no cumplió sus funciones en el ámbito del control de cumplimiento de la pena de una persona condenada por un delito (un delito grave, cabe añadir) con fidelidad y apego a la ley. Por el contrario, actuó con venalidad pues a cambio de una suma de dinero dictó un auto en violación a la ley y de ese modo, además, traicionó los principios éticos y de rectitud que se le imponían, a la vez que perjudicó al Estado como legítimo depositario de la administración de justicia y a la sociedad toda".

"Vicios procesales"

El 7 de marzo de 2006 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó al entonces juez federal de Reconquista, Santa Fe, Eduardo Fariz por "mal desempeño de sus funciones" por dos de las cuatro acusaciones que pesaban sobre él: "Irregularidades en la investigación de causas de tráfico de drogas y la manipulación del sistema de elección de conjueces".

"La conducta del juez constituye causal de mal desempeño, en tanto revela un intolerante apartamiento de las normas", afirmaron los magistrados.

Ese juicio tuvo una particularidad, fue primero que presidió la actual vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton.

Solo un ejemplo que pone de manifiesto las consecuencias del mal accionar de los jueces que amparan al narcotráfico: 17 integrantes de una banda narco fueron absueltos en abril de 2008 por los "graves vicios procesales" que cometió el juez de instrucción de Reconquista. Por ejemplo, ordenó "sin el fundamento suficiente y sin la intervención del Ministerio Público Fiscal", es decir de manera ilegal, intervenciones telefónicas que terminó volcando la investigación a favor de los delincuentes.

Según la resolución judicial "el expediente naufragó como resultado del "indebido accionar" del juez Fariz, quien tuvo a su cargo la primera parte de la investigación.

La causa se había iniciado en mayo de 2004 cuando un retén policial detuvo, en el cruce de las rutas 2 y 39, cerca de San Cristóbal, a Leandro Ismael Tolosa, quien transportaba en su vehículo unos 40 kilos de marihuana disimulados en cajas de tetra brik  de leche de soja.

Otra de las causas por narcotráfico que fue argumento para la remoción de Fariz fue haber beneficiado con la libertad a imputados que estaban acusados de un caso de drogas. El jurado dio por probado que Fariz —entre julio y agosto de 2005— acordó con dos abogados defensores, la liberación del narco Aldo Ferrero, un traficante detenido con 154 kilos de marihuana.

Entre los fundamentos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se destaca que durante el ejercicio de su profesión "la actitud del juez se desarrolló fuera del cauce ético y legítimo". "La mafia es mafia por su relación con el poder", afirma el historiador y sociólogo italiano Franceso Forgione, ex presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia Italiana.

Como se ve, en la Argentina, también.

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