Fueron fichas que cayeron, una tras otra.
El Juzgado Federal Nº12 de Sergio Torres y la PROCUNAR -el ala de la Procuración dedicada a investigar narcotráfico- tuvieron entre cejas durante largo tiempo al juez federal correntino Carlos Vicente Soto Dávila, un nombre recurrente alrededor del submundo del intendente kirchnerista Natividad "Roger" Terán y su clan, los narcopolíticos de Itatí presos por regentear un corredor de marihuana paraguaya con la complicidad de gendarmes y policías federales que tenían marihuana en su delegación. El expediente Itatí con el juez Torres y la PROCUNAR al mando de la investigación terminó en 2017 con 38 causas conexas, 38 procesados con prisión preventiva, cinco capturas internacionales, un legajo de investigación patrimonial, más de 13 toneladas de marihuana, armas de fuego incautadas.
Pero la red correntina no podía existir solo con el despacho de un intendente, en pistoleros que conducían lanchas llenas de hierba en ríos barrosos. Algo más tenía que accionar todo esto.
Así, el juez y los fiscales miraban hacia Soto Dávila: había dilaciones, demoras, libertades concedidas en varios expedientes alrededor del clan Terán y de capos como Luis Saucedo, en una trama que olía sospechosamente similar a la de Raúl Reynoso, juez federal de Orán, Salta, una de las principales fronteras narco de la Argentina, que terminó destituido y preso, acusado de cambiar libertades por campos y plata y de proteger a jefes temibles como el salteño Delfín Castedo.
También, la causa Itatí no terminó solo con incautaciones y presos: terminó con voces cantantes. De acuerdo a información judicial a la que accedió Infobae, tres imputados arrepentidos y dos testigos de identidad reservada revelaron un sistema de coimas a cambio de beneficios en expedientes a mano de un grupo de abogados -uno de ellos detenido- y del juez Soto Dávila mismo junto a sus secretarios: los testimonios indican la entrega de dinero y las resoluciones posteriores. Uno de los arrepentidos incluso entró en el Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia.
En un expediente previo, otros tres arrepentidos y un testigo de identidad reservada en una causa previa señalaron un aparato de "abogados y funcionarios judiciales" que los beneficiaron en causas a cambio de dinero.
Así, con nueve testimonios y una serie de diversas pruebas, Torres -con el secretario Martín Uronia y el fiscal Iglesias, además del fiscal Carlos Stornelli y los doctores Flavio Ferrini y Carlos Schaefer- conformaron un nuevo expediente y dispusieron el allanamiento, indagatoria y detención de Soto Dávila, sus dos secretarios y cinco abogados además de un ex intendente de la región. Los pedidos fueron comunicados al Consejo de la Magistratura para un posterior desafuero y se abrió un nuevo legajo de investigación patrimonial.
Por otra parte, PROCUNAR comenzó a analizar 180 mil llamadas que se produjeron entre el juez y sus secretarios desde 2015.
Un ejemplo de los supuestos beneficiados por Soto Dávila fue Hernán Aquino, hermano de Fabio Aquino, viceintendente de Itatí. En su declaración indagatoria tras caer preso en marzo de 2017, Fabio habló bastante de su hermano. Lo trató de descarriado, de incorregible, dijo que hasta le ofreció trabajo honesto, aunque hay escuchas que implican al viceintendente mismo como parte de la red narco y que fueron claves para llevarlo a la cárcel.
Con el juez Soto Dávila, Hernán Aquino, de 24 años, tuvo al menos tres causas. La primera data de 2015, cuando el joven fue sorprendido en un Volkswagen Bora con varios kilos de marihuana. En ese expediente, Aquino fue excarcelado a pesar de toda la droga que se le halló. Al año siguiente, Hernán volvió a caer, Soto Dávila fue nuevamente el magistrado: otra vez lo liberó. El escrutinio público ya se había vuelto demasiado para el arresto de febrero de este año. Así, el menor de los Aquino quedó finalmente preso.
El 2 de marzo último, la Cámara de Apelaciones correntina, con la firma de los jueces Mirta Sotelo, Ramón González y Selva Spessot, resolvió no solo revocar la excarcelación de Aquino en el expediente de 2015: también decidió apartar a Soto Dávila de la causa. Irónicamente, la Cámara decidió apartar al juez de otra causa narco ese mismo día, un expediente sin conexión aparente con la trama de Itatí, de más de 250 kilos de marihuana y con fecha de enero de 2016.
La Cámara también le revocó otras tres excarcelaciones concedidas en ese expediente. “El juez se habría apartado de sus propios fundamentos expuestos al dictar la prisión preventiva del imputado sin exponer motivos de hecho y derecho“, apuntó la Cámara en su fallo sobre una de las liberaciones. Carlos Schaerer, el fiscal general ante la Cámara, fue quien motorizó los reclamos. Según el diario Norte de Corrientes, Soto Dávila fue alejado de otros cinco expedientes a comienzos de 2017, o sea, siete en total.
Los operativos en Corrientes a cargo de Gendarmería de esta mañana terminaron con los dos secretarios del juez y cinco abogados detenidos. La detención de Soto Dávila, al gozar de fueros, no podrá materializarse. Sin embargo, el juez Torres lo citó a indagatoria para este jueves.
La noticia del pedido de arresto del magistrado correntino impactó en la Cámara Electoral: el juez, como por ejemplo María Romilda Servini, tiene competencia electoral. Fuentes en la Cámara aseguraron que contactaron a Soto Dávila para preguntarle por un posible reemplazo. El juez acusado de proteger narcopolíticos afirmó que se negó a pedir licencia. Por lo visto, resiste en su silla.
Mientras tanto, Roberto Herrera, abogado de "Roger" Terán, afirmó: "Terán y Soto Dávila no tienen relación, no hay comunicaciones entre ellos. Fui el único en la causa que pidió que se citar a como testigo al juez y a los dos secretarios que fueron detenidos. El mismo arrepentido que mencionó a mi cliente mencionó al juez. No se conoce, no tuvieron trato."
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