A mediados de 2012 un fiscal de San Isidro detectó que el jefe de una banda dedicada al robo violento de autos de alta gama en el conurbano norte residía en Rosario y lo hizo detener. El funcionario había descubierto el modo en que los vehículos eran sustraídos a mano armada a sus propietarios y desguazados en galpones de la zona oeste rosarina para la reventa de las partes. Un día de septiembre de aquel año el fiscal manejó hacia la mayor ciudad santafesina con una caja en el baúl. Se bajó en los Tribunales de Rosario y entró a una oficina de la planta baja.
Allí lo esperaban sus colegas rosarinos María Eugenia Iribarren y Marcelo Vienna. El fiscal bonaerense abrió la caja y les entregó 120 discos compactos con centenares de horas de grabaciones de teléfonos intervenidos al jefe de los ladrones de autos. Les dijo que los delitos por los que había ordenado capturarlo le parecían menores al lado de los que quedaban al descubierto en las escuchas. Y que dos cosas eran evidentes: que era un narcotraficante muy importante y que sus principales socios los tenía en la policía santafesina. "Si lo investigan habrá mucho ruido", auguró.
El hombre al que se refería se llama Esteban Lindor Alvarado, tiene 41 años y una peculiaridad de las que pocos gozan en su círculo: ser ampliamente temido y respetado en el mundo del hampa pero casi sin prontuario a fuerza de comprar a la policía. Quien lo descubrió fue el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, de nombre muy mencionado esta última semana, luego de que saliera a la luz un complot para atentar contra su vida planeado por un ex saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs al que envió a prisión.
Cuando Ferrari acusó a Alvarado describió los acuerdos que su imputado mantenía con la policía santafesina. Lo condenaron a siete años de prisión que aún no terminaron de ejecutarse. En 2016 recuperó la libertad. Debió fijar domicilio en la ciudad bonaerense de San Nicolás como exigencia de la condicional. Pero dejó la cárcel y se afincó en Rosario.
La temeridad siempre a la sombra de Alvarado, su prosperidad en base al narcotráfico y la afluencia de sus vínculos con altos sectores policiales quedó al desnudo esta semana en un solo acto. Fue a partir de la investigación del escalofriante asesinato de Lucio Maldonado, un prestamista rosarino de 37 años, que hace tres semanas apareció con dos tiros en la nuca a dos cuadras del Casino de Rosario. En el cadáver había vestigios que sugerían que había sido torturado mediante el paso de corriente eléctrica por su cuerpo.
A Maldonado se lo llevaron cuatro hombres armados en una Renault Kangoo la madrugada del 11 de noviembre cuando llegaba a su casa de Garibaldi al 600 en barrio Tablada, muy cerca del domicilio natal de Lionel Messi. Un quinto captor se metió en el Chevrolet Cruze de la víctima y condujo detrás de los secuestradores. Un seguimiento por GPS detectó que el Cruze se detuvo en un paraje llamado Los Muchachos, 8 kilómetros al sur de Rosario.
Con la precisión del reporte satelital el fiscal ordenó allanar el lugar, una casaquinta en un lote de 4,5 hectáreas. Cuando entraron al caserón encontraron, arriba de una mesa, seis recibos de impuestos y servicios. Algunas estaban a nombre de Esteban Alvarado. Luego se estableció que dos hijos suyos, de 14 y 17 años, figuran como propietarios de esa casa.
Los fiscales decidieron allanar las direcciones referidas en las boletas de impuestos. Uno de los domicilios es una mansión de dos plantas con pileta climatizada del country Funes Hills, uno de los más exclusivos del departamento Rosario. Allí encontraron a Rosa Natalí Capuano, la mujer de Alvarado, pero no a él. Al no encontrarlo los fiscales le libraron captura nacional e internacional la tarde del viernes. La intención es imputarle, inicialmente, una participación en el homicidio del prestamista.
La sorpresa mayúscula llegó al allanar otra propiedad. Se trata de un segundo piso en los Condominios del Alto, un complejo de alta gama construido por desarrolladores inmobiliarios al lado del shopping Alto Rosario. En ese departamento valuado en USD 250 mil encontraron viviendo al segundo jefe de Inteligencia de Drogas de la Policía de Investigaciones de Rosario (PDI), comisario Javier Makhat. En las dos cocheras correspondientes a la propiedad había un vehículo asignado a PDI sin plotear y una camioneta Jeep flamante que pertenece al oficial.
¿Cómo explicar que recibos de impuestos y servicios de un alto jefe policial aparezcan en la casaquinta de un hombre que tiene, actualmente, investigaciones en su contra por narcotráfico, y al que llegaron por la ejecución mafiosa de un usurero? Como por ahora es inexplicable, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe anunció el pase a disponibilidad de Makhat. El policía se defendió entregando la escritura del departamento donde figura a su nombre y de su mujer, que es médica legista, y que no se lo compraron a Alvarado. En este momento los fiscales están en tarea de verificación de la titularidad dominial. Pero la coincidencia de las boletas de Direct TV, de expensas y de impuestos de un jerárquico de Drogas en la casa de campo de un narco les parece el colmo de lo bizarro.
Alvarado nunca tuvo hasta ahora acusaciones por drogas, pero ya existen investigaciones activas contra él por este delito en una fiscalía federal de Rosario. Cuando él fue detenido por la causa de San Isidro, sin embargo, parte del negocio que manejaba en la niebla de esa adquirida impunidad y delegado a su familia sufrió el ramalazo de su caída. En 2014 su hermana, Yanina Alvarado, y su cuñado, Fabricio Lorincz, fueron detenidos como abastecedores de una estructura de venta de cocaína en quioscos del oeste rosarino, por lo que fueron procesados como organizadores de narcotráfico por el juez federal Carlos Vera Barros. La sentencia de este caso justamente se definirá en una audiencia de juicio abreviado el próximo martes a las 9.
En Rosario Alvarado solo tuvo una condena, hace diez años, por un delito minúsculo en contraste con los que aparece involucrado: tres años de prisión en suspenso que el ex juez de Sentencia Carlos Carbone le impuso por robar un auto estacionado en el macrocentro de la ciudad. El motivo por el cual Alvarado nunca recibió cargos por ilícitos más graves parece contenido en la sentencia por robar autos en el corredor norte del conurbano. "Se le imputó ser jefe de una empresa criminal, se logró advertir una acaudalada disponibilidad económica de parte del nombrado que le permitiría convertirse en prófugo de manera inmediata, sumado al amparo de las fuerzas de seguridad y eventualmente, de ser ciertos sus propios dichos, de la agencia de inteligencia del Estado, situaciones que son objetos de investigación en otras jurisidicciones", indicó el Tribunal Federal Oral 3 de San Isidro en la sentencia.
Las boletas halladas en la casaquinta de Alvarado desencadenaron 14 allanamientos. En todos los casos las propiedades, según los investigadores fiscales, están vinculadas con él. En una casa apareció un primo de Alvarado que es abogado de profesión y que tenía a cargo una camioneta a nombre de Colián Miguel, un referente de la comunidad gitana que sufrió un secuestro extorsivo en septiembre pasado, que originó el asesinato hace veinte días de Cristian Enrique, un joven de 22 años que estuvo en el grupo de los captores.
Lo que despunta en toda esa constelación de propiedades es, para los fiscales investigadores Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, el indicio concluyente de una robusta estructura de lavado de activos del delito organizado en el mercado inmobiliario, que fue el boom económico de la ciudad a partir de los 90, cuando las inversiones de bienes raíces mezclaron en las torres frente al río Paraná y en los barrios privados a actores de las finanzas, del agro, de las profesiones liberales y del narcotráfico.
En el festival de fideicomisos que viene de esa etapa se mezcló todo y para los fiscales encontrar a un comisario en una casa de supuesta propiedad de un narco tiene mucho de estruendo pero poco de sorpresa. El título de la propiedad que presentó el comisario Makhat está inicialmente a nombre de dos conocidos financistas de la Bolsa de Comercio de Rosario. Sea en una torre inteligente o en un barrio privado, los que ponían por entonces dinero en el pozo eran, bajo el nombre de los administradores del fideicomiso, indetectables. Los narcotraficantes de Rosario armaron sus patrimonios dejando fardos de billetes en fideicomisos que no exigían ningún estudio de ingresos. Luego podían transferirlos sin necesidad de escriturar.
Entre los intercambios de sectores que se prestan servicios mutuamente ahora emerge, una vez más, un jefe policial antinarcóticos. Que acaso pueda explicar en una escritura que la vivienda de USD 3.000 por metro cuadrado sea suya. Mayor desafío será justificar cómo fue que hallaron recibos de expensas y de su conexión de Direct TV en la casa de un narcotraficante ahora sospechado de asesinato. Al que no solo protegió la policía sino una economía formal, la inmobiliaria, que en Rosario hace del vínculo rutinario con el delito un modo de ser.