El tribunal de Mar del Plata que resolvió este lunes por la tarde absolver a los acusados de la violación y el crimen de Lucía Pérez (16), y condenarlos solo por tenencia y comercialización de drogas, pidió que se investigue a la primera fiscal de instrucción del caso.
Se trata de la funcionaria judicial María Isabel Sánchez, que fue apartada de la causa luego de decir en una conferencia de prensa que la joven, fallecida en octubre de 2016, había sido empalada.

Los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas solicitaron al procurador General provincial, Julio Conte Grand, "evaluar el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público" de la fiscal Sánchez, por haber impulsado la hipótesis de que Lucía murió víctima del reflejo vagal producto de un empalamiento, lo que fue descartado por los especialistas involucrados en la causa.
Guillermo y Marta Pérez, los padres de Lucía, coincidieron en este punto con los jueces. "La fiscal Sánchez le arruinó la justicia a Lucía", señalaron ante la prensa. Sin embargo, se mostraron disgustados por el fallo contra quienes consideran que asesinaron a su hija, ya que esperaban una condena mayor por el femicidio.
Los integrantes del Tribunal Oral Criminal 1 fueron quienes condenaron a 8 años de prisión y una multa de 135 mil pesos por el delito de "tenencia y comercialización de estupefacientes agravado por su venta a una menor de edad y en jurisdicción de una escuela" a Matías Farías (25) y Offidani (43) y absolvieron a Alejandro Maciel (61), un tercer involucrado acusado de encubrimiento. Los tres quedaron absueltos por los cargos de abuso sexual y femicidio por los que llegaron a juicio.

"Si la fiscal Sánchez se hubiese desempeñado con compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad este proceso no habría generado en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar ni obligado a los operadores judiciales a dar explicaciones forzadas por algo que jamás sucedió como ella lo anunció", señaló el juez Gómez Urso.
"Esto ha sido como una bola de nieve que ha ido arrastrando a su paso no sólo a los directos involucrados (familiares y amigos de Lucía y hasta los propios imputados) sino a grupos de derechos humanos, instituciones públicas y privadas y hasta personas ajenas al proceso que confiando en los dichos de la fiscal del caso fue tomando partido", indicó en tanto Carnevale.

El fiscal Daniel Vicente había pedido durante los alegatos prisión perpetua para Farías por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor" y 18 años de cárcel para Offidani como "partícipe necesario". El abogado de los Pérez, en tanto, había pedido la perpetua para ambos.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Lucía conoció a la salida del colegio a Farías y Offidani el 7 de octubre de 2016, cuando se acercaron para venderle un cigarrillo de marihuana. Al día siguiente ambos buscaron a Lucía en su casa y se dirigieron a una vivienda en el barrio Alfar, donde habría sido drogada y abusada sexualmente. Los imputados fueron quienes llevaron a Lucía en una camioneta a la Unidad Sanitaria de Playa Serena, a donde llegó sin signos vitales.
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