Patricia Bullrich recibió a un gendarme y una policía que mataron a delincuentes y fueron absueltos por la Justicia

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, recibe a Infobae en su despacho en la calle Gelly y Obes en Recoleta. La rodean una decena de funcionarios, abogados de las divisiones de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal y Gendarmería, abogados propios del Ministerio.

También hay un gendarme, Arsenio Narvay, con rango de suboficial principal de 56 años, oriundo de Tigre, que acaba de pasar un año y tres meses en un penal de La Plata. Y una efectivo de la Policía Federal, Carla Céspedes, porteña, rango de agente, hoy miembro de la Policía de la Ciudad tras el traspaso de la fuerza, que estuvo siete días detenida. Los dos mataron a delincuentes.

El gendarme Narvay le disparó en agosto de 2017 a dos ladrones que lo estaban asaltando en Rincón de Milberg. Uno terminó herido. El otro, de 18 años, murió. Ambos delincuentes tenían armas blancas: el gendarme sufrió un corte en una pierna tras resistirse al robo, una secuencia tomada por una cámara de seguridad municipal. El video muestra cómo Narvay desenfunda y dispara tras el forcejeo. La ministra asegura que el gendarme cumplió con el protocolo que el Ministerio le impone antes de abrir fuego.

Céspedes mató a un motochorro que había asaltado un supermercado chino en Parque Centenario junto a un cómplice en diciembre de 2016, un caso investigado por la jueza Fabiana Palmaghini. El asaltante recibió un disparo en la zona lumbar mientras se aprestaba a huir en su moto. Céspedes, dice la ministra, también actuó de acuerdo al protocolo. Luego se supo que el ladrón no tenía un arma encima. Habría hecho "un gesto de disparar", asegura un abogado en la mesa. Sí estaba armado otro delincuente que lo acompañó en el delito.

La supuesta arma del asalto fue encontrada en la casa de la madre de su cómplice. Céspedes y testigos aseguraron haber oído amenazas de muerte contra la mujer policía y disparos antes de que mataran al delincuente. Fuentes del Ministerio aseguraron en la reunión que no se encontraron impactos de bala en el supermercado, "pero tampoco de la .9 mm de Céspedes", asegura un letrado, porque "ese día llovía".

Bullrich citó a Céspedes y a Narvay para mostrarlos, para apoyarlos públicamente. El Ministerio y las fuerzas de seguridad de las que son parte pusieron sus letrados para defenderlos: ambos fueron absueltos en los últimos días, el gendarme por el Tribunal Oral Criminal Nº5 de San Isidro, la mujer policía por el Tribunal Oral Criminal Nº14 según afirma la ministra.

-¿Esta presentación es para dar un mensaje a las fuerzas de seguridad?

Bullrich: A las fuerzas, a la ciudadanía y a los jueces, a los tribunales que trabajaron sin amedrentarse por mensajes que construyen al policía como enemigo, que analizaron los hechos. Nuestros abogados llevaron adelante un proceso para demostrar la verdad.

Los dos fueron reincorporados a sus respectivas fuerzas sin deméritos ni sanciones. Bullrich, incluso, habla de un reconocimiento. "Eso vamos a ver, por ahí le hacemos un acto de reconocimiento a ambos, vamos a analizarlo. Creemos que no se puede aceptar la injusticia. Si alguien fue preso pierde condiciones, seguridades frente a sus compañeros. Hay que nivelar esa pérdida", dice la ministra.

Los abogados niegan haberse reunido con los magistrados que absolvieron a los efectivos. La PROCUVIN -el ala de violencia institucional de la Procuración- actuó en el caso de Céspedes, así como la Defensoría General de la Nación "que no podemos entender cómo se presenta como querellante", se sorprende Bullrich.

"Hay todo un estándar, un criterio que dice que ante la duda un agente frente a un hecho así debe estar procesado y condenado. Trabajamos para que atendieran la prueba y no se quedaran con el caso. Arsenio ejerció su legítima defensa, sino lo mataban, era su vida contra el agresor. En el caso de Céspedes entendieron que cumplía un deber, amenazaron de muerte al cajero y a un proveedor del supermercado. Además ella misma corría riesgo", dice Fernando Soto, director de Adecuación y Normativa de las Fuerzas de Seguridad en el Ministerio, que defendió al cabo de Prefectura Naval acusado de matar a Rafael Nahuel en Bariloche.

"No puede haber dos códigos penales y procesales, uno para la población y otro para las fuerzas de seguridad", lanza otro abogado en la mesa.

A fines de octubre, un jurado de San Martín condenó al subteniente Hugo Pos, efectivo de la Policía Bonaerense, por matar a un chico de 14 años. Adrián Otero, oficial de Bomberos de la Policía de la Ciudad, recibió cadena perpetua por asesinar a Cristian "Paragüita" Toledo, un fallo del TOC Nº1 porteño. Seis prefectos fueron condenados por torturas a jovenes vecinos de la villa Zavaleta, miembros del colectivo La Poderosa. Bullrich, sin embargo, no quiere mezclar los tantos.

La ministra afirma: "Son dos cosas distintas. El caso de los miembros de la Prefectura fue reconocido por el jefe de la fuerza desde el primer día, que habían tenido una acción contraria a la ética, ilegal. Fueron separados de la PNA inmediatamente. Hay que distinguir una acción policial correcta de una ilegal. No vamos a defender a una persona que usa su uniforme para desprestigiarlo. No defendemos ni al político que roba ni a los policías que torturan… Ese es el marco concreto."

Céspedes y Narvay no son una rareza. Abogados policiales hablan de al menos 24 expedientes vigentes de supuesto exceso de fuerza en la actualidad solo en la Federal con delincuentes fallecidos. Bullrich asegura que los números favorecen su planteo, que nuevos programas educativos bajaron la estadística de víctimas fatales a manos de efectivos de 83 en 2013 a 38 en 2017. "Formar a la policía significa menos civiles muertos", dice la ministra. El Centro de Estudios Legales y Sociales apunta a números diferentes en un informe reciente: 104 civiles en total para 2017.

La mayoría de los homicidios policiales son cometidos por efectivos de civil, fuera de horario: un agente de la delegación Morón de la PFA mató a un ladrón mientras conducía su auto en un viaje de Uber a principios de octubre. Para 2018, el CELS contó 66 civiles asesinados por fuerzas de seguridad hasta el 31 de mayo, 42 hechos supuestamente cometidos por policías de franco o retirados contra 14 en servicio. La tasa se vuelve más despareja con el tiempo. 2016 había terminado, por ejemplo, con 57 casos de efectivos de civil contra 35 en funciones.

-Ministra, ¿se puede decir que el Ministerio alienta los fallos absolutorios?

Bullrich: Alentamos la absolución cuando el funcionario público actúa como funcionario público o cuando un agente ejerce su legítima defensa.