Hoy por la mañana, altas fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires a cargo de Gustavo Ferrari confirmaron a Infobae el comienzo de una medida tan radical como aparentemente polémica: 1.421 presos de los penales bonaerenses podrían irse a sus casas por recomendación del Ministerio a la Justicia con el beneficio del arresto domiciliario bajo tobillera electrónica. El motivo de la decisión en los cálculos de Ferrari es simple: ya no hay lugar en las cárceles. Los penales y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que dependen de la cartera de Justicia enfrentan el mayor pico de sobrepoblación de su historia.
Las cárceles provinciales tienen, colectivamente, lugar para albergar a 28 mil detenidos. Actualmente, según cifras del SPB mismo, hay 41.267 personas privadas de su libertad, un número actualizado en la tarde de ayer, con dependencias como la Unidad Nº49 de Junín excedida en un 135% (hay 958 presos donde debería haber poco más de 400). En todo este universo de presos hay 23 mujeres embarazadas, tres de ellas que conviven con hijos y 73 niños que se crían junto a sus madres detenidas, además de 82 personas trans.
La idea no es nueva, al menos no en el país. En marzo de este año, el Servicio Penitenciario Federal, también superpoblado, compiló una lista de posibles detenidos a los que se les recomendaría judicialmente la prisión domiciliaria o la libertad condicional, con 96 condenados por crímenes de lesa humanidad como Jorge "El Tigre" Acosta, en promedio mayores de 70 años de edad con categorías como detenidas embarazadas o alojadas con hijos, presos discapacitados.
La medida del SPF generó cierta polémica. ¿María Eugenia Vidal entiende el costo político aparente de recomendar liberar presos? Una voz de peso en el sistema de cárceles provincial asegura: "La gobernadora está de acuerdo, siempre que sea justificado".
Existe un criterio para recomendar el arresto domiciliario de los 1.421 presos. "Se trata de mujeres con hijos, embarazadas, personas con enfermedades", asegura un funcionario. También, de gran cantidad de detenidos por delitos menores como amenazas, encubrimiento, resistencia a la autoridad. Casi un tercio del total de los presos provinciales están detenidos por robo agravado por el uso de arma. Las chances de que se les recomiende la libertad son casi nulas.
La sobrepoblación se traduce en cuestiones obvias. Para empezar, el SPB tiene un déficit de al menos 2.000 colchones ignífugos para que duerman detenidos. Organizaciones LGBT como OTRANS y organismos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la Defensoría de Casación de Mario Coriolano denuncian desde hace años graves condiciones de encierro en lo que no dudan en llamar una crisis humanitaria. Durante los últimos meses, el Juzgado Correccional Nº2 de La Plata a cargo del doctor Eduardo Eskenazi recolectó una decena de habeas corpus presentados por detenidos a lo largo de la provincia y celebró una serie de audiencias además de enviar personal a inspeccionar cárceles.
Esta semana, el Juzgado Nº2 tomó una decisión determinante: la creación de un Comité de Crisis para lograr metas a corto y mediano plazo para descomprimir la sobrepoblación penitenciaria en la provincia.
En la mente de los conductores del SPB, el juez Eskenazi peca de algo parecido al pensamiento mágico. "No se va a resolver todo ya", asegura una voz fuerte en la cartera de Justicia. Para el ministro Ferrari, lograr una descompresión gracias a decisiones judiciales masivas por la tobillera electrónica es la salida más inmediata. La saturación de las cárceles, en los cálculos políticos y de expertos como James Cavallaro, ex relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, viene de la Justicia bonaerense misma con la aplicación en exceso de la prisión preventiva. La mitad de los presos en el SPB estaban bajo esta figura a fines del año pasado, con más de 1.200 detenidos en las comisarías provinciales también con preventiva dictada.
"La puerta giratoria se ve cada vez menos", asegura un funcionario que señala a jueces que aplican en exceso la prisión preventiva, espantados por la chance de que un delincuente liberado reincida con una violación o un homicidio para terminar escrachados, con un jury en su contra o destituidos. Volver a la cárcel, por otra parte, es una constante bonaerense: poco más del 40% de los presos actuales del SPB está detenido por segunda o tercera vez.
Hay, por el momento, poco más de 1.900 presos en toda la provincia con arresto domiciliario y tobillera, una cifra baja. Puertas adentro, el SPB habla de aparentes garantías como un centro de monitoreo instalado en La Plata durante la gestión de Ferrari y de una tasa de menos del 4% de quebrantamiento, con penitenciarios que instalan tobilleras mal a propósito como "raras excepciones fuertemente castigadas", aseveran en el Ministerio de Justicia.
La otra razón para pedir mayor cantidad de detenciones domiciliarias es tan obvia como descomprimir las cárceles: el significativo ahorro. El alquiler de una tobillera a las diversas empresas que las proveen cuesta "mucho menos" que los poco más de $33 mil que gasta el Servicio Penitenciario en mantener un preso por mes.
Por lo pronto, el SPB ya evaluó el perfil psicológico de 304 internos, con otros 455 en proceso de examen. Los nombres de más de 170 internos, aseguran fuentes, ya fueron remitidos a juzgados en departamentos como Campana, Quilmes, Mar del Plata y Bahía Blanca.
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