
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso interpuesto por la defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido, y de esta forma ratificó el embargo por $10 mil millones que pesa sobre el ex funcionario kirchnerista en el marco de la investigación por el supuesto direccionamiento de contratos de obra pública que habrían beneficiado a Lázaro Báez.
En la decisión, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci, defendieron el monto por el que fue embargado De Vido, y aseguraron que esa cifra se fijó "en base a una valoración del perjuicio que se habría causado con la maniobra pesquisada".
"En el fallo se remarcó que la cautela impuesta tiene por fin evitar que se consolide el provecho del delito investigado y se recordó que el proceso penal también tiene como finalidad lograr el recupero de los activos", sostuvo el Centro de Información Judicial (CIJ) en un comunicado.
Esta semana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dispuso que el próximo 26 de febrero comience el juicio oral contra la ex presidente Cristina Kirchner y otros imputados por la denominada causa "Vialidad". Se trata de la primera causa contra la ex mandataria que llega a la instancia de juicio oral.
Los jueces del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara fijaron para el 26 de febrero de 2019, a las 12:00, la audiencia de inicio del juicio oral y público. También serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
El juez federal Julián Ercolini había elevado la causa a juicio oral el pasado 2 de marzo y por sorteo quedó en manos del TOF 2, con el fiscal Diego Luciani.
La ex presidente está acusada de ser coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, en el marco de una investigación que se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad. También van a juicio el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y Martín Báez, hijo del empresario patagónico detenido.
De los acusados, De Vido está preso por irregularidades en el manejo de fondos de la mina de Río Turbio, al igual que López, que está detenido por los bolsos con casi 9 millones de dólares que en 2016 intentó esconder en un convento de General Rodríguez.
Carlos Kirchner está preso porque supuestamente obstruyó la investigación al declarar un domicilio inexistente, así como por querer sacar fondos de una cuenta embargada por la Justicia. En tanto, Báez sigue detenido en la causa por lavado de dinero de la obra pública a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
La decisión de Casación:
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