Pueblo chico, infierno grande. El dicho popular circula en la localidad correntina de Perugorría, de aproximadamente ocho mil habitantes. Luego de una investigación que lleva casi dos años, este viernes se dictó el procesamiento y prisión preventiva para los ex intendentes kirchneristas Jorge Luis Corona y Angelina Soledad Lesieux. El juez de la causa consideró que tiene los elementos para probar que la pareja se quedó con más de $56 millones de pesos para obras públicas, es decir, para el beneficio de los vecinos.
Precisamente, el juez Martín José Vega acusa a los ex jefes comunales de haber cometido los delitos de "asocicación ilícita en concurso real con malversación de caudales públicos, en la modalidad de peculado reiterado y fraude en perjuicio de la administracón pública".
Para pasar de la jerga judicial a ejemplos concretos, basta recordar detalles de la causa ya publicados por Infobae. A mediados de 2016, cuando ya las denuncias hacían mucho ruido en Perugorría, Angelina Lesieux tomó la insólita decisión de entregar 40 viviendas a sus adjudicatarios, a pesar de que la mayoría de ellas no contaba con los servicios más elementales y hasta les faltaban las puertas y ventanas.
Los ex intendentes Corona y Lesieux, en ese orden de mandatos, tampoco cumplieron con la construcción de un puente, una ciclovía y un denominado "paseo del bicentenario". Para esas promesas y tantas otras, recibieron del gobierno kirchnerista durante sus gestiones $56.432.311, según detalló el magistrado.
Organizaron una asociación o banda destinada a cometer delitos relacionados con el manejo de fondos públicos provenientes del Estado Nacional
Además, durante el avance de la investigación se había allanado la casa de la pareja y los resultados los comprometió aún más, ya que se comprobó que los ex jefes comunales durante el gobierno kirchnerista usaron dinero del municipio para equipar su casa.
El matrimonio que gobernó Perugorría no operó solo, sino que "organizaron una asociación o banda destinada a cometer delitos relacionados con el manejo de fondos públicos provenientes del Estado Nacional y destinados a la realización de obras públicas específicas", señaló el juez Vega.
Es por ello que el magistrado también procesó y ordenó la prisión preventiva para otros ex funcionarios. Los miembros de la banda son "la ex tesorera Patricia Yolanda Vera, la ex secretaria de Gobierno Sabrina María Florencia Lammens y el ex auditor municipal Ernesto Antonio Moray Mussio". Todos ellos fueron nombrados en puestos claves, "de modo que las sustracciones de fondos y la administración infiel no puedan ser advertidas", indicó la resolución.
En definitiva, se trataba de una maquinaria que funcionaba para que el dinero del Estado nacional no llegue a las obras que debían mejorar la calidad de vida de los habitantes de Perugorría. Así lo explicó el juez: "Las maniobras consistían en lograr la concesión de planes o programas subsidiados por el Estado para la realización de determinados proyectos; recibir los fondos girados en las Cuentas Bancarias que la Municipalidad de Perugorría tenía en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Mercedes y, mediante diferentes mecanismos adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar, sustraerlos". El modus operandi culminaba "retirando directamente los fondos de la institución bancaria o librando cheques cuyo espurio destino se disimulaba a través de facturaciones apócrifas o directamente no se justificaba", detalló Vera.
Tras casi dos años de investigación con el apoyo de la División Anticorrupción de la Policía Federal, se calculó que el ex intendente Corona "logró la concesión de siete proyectos con remisión de fondos que fueron administrados fraudulentamente". Traducido en cifras, "se totaliza la suma de $10.892.183". Su pareja, Lesieux, heredó esas prácticas y profundizó el modelo. La causa indica que la ex jefa comunal obtuvo "la concesión de cinco proyectos con remisión de fondos, que fueron administrados fraudulentamente en perjuicio de la administración pública, totalizando $ 45.540.128".
Es decir que entre ambas gestiones, hubo "$56.432.311" que no se tradujeron en mejoras para los vecinos de Perugorría, sino en mejoras para las arcas personales de los miembros de la banda.
La causa que agita a ese pueblo correntino de alrededor de ocho mil habitantes continúa, ya que se investigan otras maniobras delictivas que involucran a más integrantes de la organización, adelantó el juez Vega a Infobae. Mientras tanto, los ex intendentes kirchneristas ya cumplen prisión preventiva "en un penal común", afirmó.
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