Arturo Larrabure, el hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien fuera secuestrado en 1974 por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y estuvo más de un año de cautiverio en una "cárcel del pueblo", cuestionó el fallo emitido ayer por la Justicia que declaró que la muerte de su padre no fue un crimen de lesa humanidad.
A través de un comunicado, el ex candidato a diputado nacional por Todos Por Buenos Aires calificó la decisión judicial por su "arbitrariedad fáctica y normativa", y afirmó que los jueces "tergiversan la historia".
Para Larrabure, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra de 1949, la consideración de un delito de lesa humanidad "es aplicable tanto a las Fuerzas Armadas como a los miembros de una fuerza guerrillera".
"Para comprender la arbitrariedad fáctica y normativa del fallo de la Cámara Federal de Rosario, que considerara que el crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure no es de lesa humanidad, basta cotejar sus fundamentos con los considerandos 152 y 174 del Informe 55/97 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera en relación al ataque al regimiento de la Tablada durante el gobierno de Alfonsín", manifestó el integrante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtiv).
En ese entonces, la Comisión, en un dictamen que según la querella es de aplicación obligatoria para los tribunales argentinos, concluyó que "el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949, que considera crimen de guerra al asesinato o tortura de los prisioneros, era aplicable por igual tanto a las Fuerzas Armadas como a los miembros de la fuerza guerrillera que atacara el cuartel, no siendo necesario ni el control territorial, ni el apoyo estatal, bastando que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate y que de hecho lo hagan en el marco de un conflicto armado interno, no requiriéndose, incluso, que existan hostilidades generalizadas y de gran escala como las hubo en la década del 70".
A continuación, el texto de Larrabure enumera punto por punto los argumentos del fallo para rebatirlos:
"Tergiversando la verdad histórica, el Tribunal ha afirmado:
1. Que el precitado artículo es inaplicable al caso de mi padre, pues el ERP careció del poder de fuego para realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, afirmación que contradice hechos notorios de público conocimiento, como los ataques a los regimientos de Azul, Montechingolo, Catamarca y a la Fábrica Militar de Villa María.
2. Que carecía de capacidad para moverse libremente en el país, no explicando cómo pudo entonces el ERP, el 10 de agosto de l974 atacar simultáneamente a la Fábrica Militar de Villa María y al Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 de Catamarca.
3. Que la organización terrorista no realizó un ataque sistemático a la población civil, pese a contar en su sangriento haber con 190 muertos, 239 heridos y 201 secuestros.
4. Que el discurso que en enero de 1974 el Pte Perón diera al país, luego de que el ERP atacara el regimento de Azul, no refleja el favorecimiento desde el Estado al accionar de la organización terrorista, pese a que entonces el mismo sostuvo que "hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que viene operando en la provincia de Buenos Aires, ante una evidente desaprensión de sus autoridades",denunciando que "no es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible. Por lo que sería aún peor si mediara como se sospecha una tolerancia culposa…"
5. Que no medio apoyo cubano a la acción guerrillera, no obstante haber reconocido el líder del ERP Gorriarán Merlo que Cuba adiestró y financió a la guerrilla erpiana".
Por último, el hijo del coronel asesinado confirmó que apelará el fallo en Casación, y dejó un mensaje dirigido directamente al tribunal, que si bien no dio lugar al reclamo de la familia, destacó en el fallo "el heroismo" de Larrabure: "Al terrorismo se lo combate juzgándolo, no con declaraciones que condenan sus actos mientras tergiversan la ley y la historia para consagrar la impunidad guerrillera".
En un fallo unánime, la Cámara Federal de la ciudad de Rosario decidió que el secuestro y asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure por parte de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón no fue un delito de lesa humanidad.
Larrabure fue secuestrado por el ERP el 10 de agosto de 1974 en la fábrica militar de la ciudad cordobesa de Villa María y su cuerpo fue encontrado sin vida en Rosario 372 días después, el 23 de agosto de 1975.
La familia de Larrabure había presentado una denuncia con el objetivo de reabrir la causa que había sido rechazada por el juez federal Marcelo Bailaque, para quien el crimen del coronel había prescripto.
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