Los acusados de supuestos negocios turbios durante el kirchnerismo hoy encerrados en pabellones de alta vigilancia tienen algunas comodidades en su encarcelamiento: celdas individuales, algún freezer para guardar comida en el área común, lugar para moverse o para rozarse lo menos posible. Otros presuntos delincuentes presos en el país no tienen tanto.
Decir que la provincia de Buenos Aires tiene más presos que nunca ha sido un título recurrente en la administración Cambiemos. A comienzos del mes pasado, la cantidad de detenidas y detenidos en penales y comisarías provinciales llegó a un nuevo límite crítico: 45.603 personas privadas de su libertad en total, 43.156 dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense bajo el Ministerio de Justicia que conduce Gustavo Ferrari y 3.539 en las 138 dependencias policiales bajo el Ministerio de Seguridad que encabeza Cristian Ritondo.
Los datos se desprenden de un duro informe compilado por el Juzgado Correccional Nº2 de La Plata a cargo del juez Eduardo Eskenazi de cara a una decena de recursos de habeas corpus planteados a lo largo del año en toda la provincia por la fuerte sobrepoblación en el sistema, en una situación que organismos estatales y no-gubernamentales como la Defensoría de Casación a cargo del doctor Mario Coriolano, el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria no dudan en llamar una crisis humanitaria.
Presos es lo que abunda pero lugar para ubicarlos es lo que falta, con un exceso estimado de más de 15 mil detenidos en todo el sistema penal. Hasta marzo último, de acuerdo al informe del Juzgado Correccional Nº2 que fue remitido a la Comisión de Derechos Humanos del Senado provincial, el sistema entero del SPB tenía una capacidad para 28 mil personas con más de 40 mil detenidos entre sus paredes.
Las comisarías, por su parte, enfrentan una situación peor: solo tienen cupos reconocidos por el Ministerio de Seguridad bonaerense para 1.021 personas. El incremento interanual de personas que se suman al encierro es particularmente fuerte: hubo más de 4.200 nuevos internos en 2017 y casi 2 mil en lo que va de 2018.
Los números globales no son estrictamente una sorpresa, pero el informe de la Justicia platense incluye una serie de datos desconocidos hasta hoy: cuántas detenidas y detenidos hay en cada unidad carcelaria, cuán sobrepoblado está cada penal bonaerense.
El informe relevó 54 cárceles y diez alcaidías, solo en 15 de ellas no hay un exceso de capacidad de presos. Y algunos porcentajes son preocupantes: varios superan el doble de la cantidad permitido y un poco más.
La alcaidía de Junín sobre la ruta 188, por ejemplo, es una unidad relativamente nueva, fundada en 2009, de régimen cerrado, con educación primaria y secundaria. "424 plazas" dice el cartel verde en su puerta, serían 407 según información recibida por el Juzgado Nº2: había 958 detenidos el 27 de junio de este año, una sobrepoblación del 135,38 por ciento, la mayor en todo el territorio bonaerense.
La Unidad Nº 31, parte del complejo de cárceles de Florencio Varela, cuenta con capacidad para 442 presos: tenía más del doble al 27 de junio, 982 detenidos, 122,17 por ciento de exceso.
La cárcel de Campana, la Unidad Nº21 que fue investigada en 2013 por trato VIP a tres presos de una violenta banda rosarina que contaban con DVD, consola Playstation y aire acondicionado portátil, es la tercera en la lista: 102,90 por ciento, 1.396 internos sobre un cupo de 688.
La Unidad Nº32, en donde el mes pasado fue encontrado casi medio kilo de trotyl, un explosivo de alto poder, cuenta con un porcentaje del 90,55 por ciento, 888 presos al 27 de junio.
En agosto del año pasado, una requisa sorpresa en la Unidad Nº42, también en el complejo de cárceles de Varela, terminó con un saldo de 137 celulares, 38 facas y algunos plantines de marihuana, semillas brotadas en macetitas. Hay actividades varias en el penal: talleres de yoga a cargo del El Arte de Vivir, la organización liderada por Sri Sri Ravi Shankar, talleres donde los presos producían partes de ortopedia. También, de acuerdo al informe firmado por el doctor Eskenazi, tiene una capacidad para 544 internos y 1036 detenidos, 90,44 por ciento de exceso.
Las inspecciones del personal del Juzgado Nº2 mostraron las consecuencias geométricas del hacinamiento, lo que pasa donde antes dormía uno y ahora deben dormir dos: colchones compartidos por internos, camastros precarios, mantas en el suelo.
El informe para 2017 del Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos de la Defensoría de Casación provincial habla de una realidad un poco más cruda: 163 presuntos hechos de violencia denunciados por presos sufridos a manos de penitenciarios, entre ellos 119 casos de golpizas, tres casos de abuso sexual, torturas por quemaduras y asfixias, 45 reportes de aislamiento impuesto. Las cifras son un descenso notable de cara a los números de la Defensoría para 2016 donde hubo por ejemplo, 226 acusaciones de violencia física con puñetazos y patadas en el SPB.
En paralelo, organizaciones LGBT como OTRANS denunciaron graves condiciones de salud para detenidas travestis en penales como el complejo de Florencio Varela en los últimos años. Hubo, en lo que va del año, un estimado de 16 homicidios entre presos, uno ocurrido esta semana en la Unidad Nº41 de Campana, donde el exceso de detenidos sobre el cupo supera el 70 por ciento. La tasa parece baja, de cara a la densidad poblacional y a más de 7800 facas incautadas en requisas en lo que va del año.
El sistema educativo carcelario tampoco da abasto: el informe del juez Eskenazi habla de una lista de espera de 2200 presos para estudiar en la escuela primaria y más de 1800 para la secundaria.
Sin embargo, el SPB no dispone encarcelamientos ni liberaciones, con una partida presupuestaria desde la Gobernación para cada detenido calculada por fuentes oficiales en 33.300 pesos por mes a principio de este año, "ahora un poquito más", dice un funcionario. El problema, coinciden fuentes tanto penitenciarias como gubernamentales y de organismos de derechos humanos, está en el Poder Judicial.
Los siete muertos de la masacre de Pergamino en marzo de 2017 fueron el fenómeno final de un problema recurrente: los detenidos terminan hasta en dependencias departamentales que no tienen calabozos, hay 1198 personas en las dependencias policiales de la Provincia que hoy tienen dictada la prisión preventiva. Fuentes en La Plata responsabilizan a la falta de cupo que viene desde el SPB.
El exceso de dictámenes de prisión preventiva –con magistrados espantados con la idea de terminar en un jury social y mediático ante un criminal violento reincidente– parece ser el principal factor en los cálculos de jefes penitenciarios y varias cabezas políticas, el chorro figurativo que rebalsa el embudo penal y crea un roce entre poderes estatales cada vez más intenso.
La falta de decisiones para medidas alternativas a una leonera o un pabellón es obvia de cara al porcentaje general: hay solo 1900 presos con arresto domiciliario en todo el sistema provincial. El SPB calcula que unos 24 mil presos pasaron por sus paredes desde apenas dos días a menos de un año durante los últimos ocho años.
La idea del Servicio Penitenciario Federal de este año de buscar la salida de presos de sus cárceles no viene desde un vacío ni debería ser tan sorprendente. En abril de este año, el ministro de Justicia Germán Garavano señaló el tema con cierta frontalidad: "La prisión preventiva tiene que ser algo excepcional". James Cavallaro, ex comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había señalado lo mismo en una conferencia en La Plata junto al CELS y al procurador Julio Conte Grand en octubre de 2017: literalmente la mitad de los 38 mil presos del SPB en aquel entonces estaban bajo prisión preventiva, con poco más de un 40 por ciento del total de presos bonaerenses imputado por robo o hurto con algún agravante como el uso de armas de fuego.
En todo caso, Cambiemos continúa la moda encarceladora inaugurada por la administración Scioli con ministros como Casal y Granados. Se pasó de poco más de 31 mil detenidos y condenados privados de su libertad en 2013 a casi 36 mil en 2014 y casi 40 mil en 2015 de acuerdo a datos del Registro Único de Detenidos. En todos estos años los presos sin condena en primera instancia superaron el 40% del total.
Cerca del ministro Ferrari apuntan a medidas de planeamiento estratégico para reducir la violencia entre presos, nuevas obras en curso o inauguradas este año para descomprimir la situación en las comisarías: una alcaidía en Lomas de Zamora con capacidad para 154 internos, otra en San Martín reformada para 170, una cárcel en construcción en Campana para alojar a más de 600 presos de 18 a 21 años con penas menores.
Es una carrera contra la curva, en todo caso: esta semana el Ministerio de Seguridad anunció más de 6300 nuevos aprehendidos y detenidos en 15 días tras operativos de saturación en toda la provincia. Y es, también, una carrera contra el presupuesto.
Dice una voz en el Estado: "Si no hay plata para universidades, hospitales y escuelas, imaginate para los presos. Sos el vagón de cola. En la provincia de Buenos Aires se encarcela a cualquiera tanto como se larga a cualquiera. La sobrepoblación conspira contra todo lo que puedas hacer, pero que el Poder Judicial no da una mano está muy claro".
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