Rosario bajo ataques narco: en dos meses fueron acribilladas ocho casas de jueces y policías

En Rosario los ataques a balazos a casas de jueces son piezas de una anormalidad rutinaria. Ocho viviendas fueron acribilladas desde el pasado 29 de mayo cuando se dio el primer hecho sin que los hacen esto hayan sido identificados. La secuencia repite patrones de manera calcada. Ejecutores en moto pasan de noche, revientan con disparos de nueve milímetros las fachadas en zonas residenciales y se escabullen en las sombras nocturnas. En cuatro de los casos los tiros atravesaron aberturas y acabaron su recorrido en ambientes habitados. Si no hubo muertos o heridos fue pura cuestión de azar.

El Colegio de Magistrados de Rosario ayer puso en palabras lo que sus miembros rumiaban entre ellos. "A dos meses de estos hechos no tenemos una definición de un resultado concreto sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de estos hechos", dijo Gustavo Salvador, presidente de la entidad. Y agregó: "Si no podemos dar con los autores de estos hechos estamos en un grave problema".

Los destinatarios del mensaje eran el gobierno provincial y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que tienen a cargo las investigaciones. En forma explícita también dijeron que estas acciones están direccionadas hacia jueces que intervinieron en un juicio resonante, lo que delimita el rango de sospecha. Y que lo que se procura es interferir en las investigaciones amedrentando a los que resuelven para que no se alejen de las expectativas de los violentos.

El juicio resonante al que se refirió el presidente de los magistrados es el que en abril pasado condenó a 19 de los 25 acusados de integrar la banda de Los Monos. Un mes después de ese hecho se inició la secuencia de ataques. El primero fue contra dos casas que pertenecieron a Ismael Manfrín, quien presidió el tribunal que dictó esa sentencia. Veinte días más tarde los balazos arreciaron contra las viviendas de la ex esposa y del padre de Juan Carlos Vienna, el juez que mandó a juicio a este grupo. A los diez días atacaron los domicilios de dos policías que tuvieron protagonismo en esa investigación.

Al final de la semana pasada los pistoleros fueron contra dos domicilios relacionados con la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal que condenó a la banda mencionada. Una casa la había vendido su padre, el ex intendente rosarino Horacio Usandizaga, hace 43 años. El otro objetivo fue un edificio que construyó su familia y lleva el nombre de la jueza. La puerta de ingreso fue atravesada por 17 disparos.

Aunque es algo no probado, que el sello de Los Monos aparece en todos estos atentados es de una elocuencia tan abrumadora que estuvo en las palabras del propio Salvador. Pero el énfasis ayer no estuvo puesto en quién hace estas cosas, sino en la ineficiencia estatal de detectarlas.

La convicción es que existe una ineptitud funcional en el sistema de persecución santafesino para esclarecer estos casos. Esa idea no solo está afirmada entres los jueces, que no la disimulan, sino también en muchos fiscales. El gobierno provincial activó un protocolo de seguridad que incluye custodias e instalación de cámaras de vigilancia ofrecidas a 40 personas consideradas objetivos posibles de atentados. En algunos casos se colocaron mamparas de blindex con marco de aluminio detrás de puertas y ventanas en casas de jueces.

El espectro de riesgos se amplía en un inacabable juego de espejos. Las amenazas sobre jueces o policías que actuaron en la causa de Los Monos se proyectan sobre sus familiares o alguien que les haya comprado una casa. Por eso toda aquella batería defensiva difícilmente pueda tener utilidad preventiva ni mucho menos conducir a los que atacan. Penetrar a los grupos agresores no se hace con disuasión en la vía pública sino con inteligencia criminal que los identifique, siga sus movimientos y se anticipe a sus acciones.

Ahí está el histórico abismo del sistema penal santafesino que depende, para el esencial trabajo de campo que posibilita saber lo que pasa en la calle, a fuerzas de seguridad provinciales en las que jueces y fiscales no confían. El sistema de inteligencia en Santa Fe está manejado por una policía que creció al amparo de los acuerdos con organizaciones delictivas de la que Los Monos, con sus nueve uniformados condenados, son un exponente. Hay jueces que descartan tener custodia porque no quieren que sus datos y rutinas íntimas lleguen a manos de la policía.

No es una metáfora decir que en Rosario, lo que es atacado a balazos es el principio de autoridad. Ayer el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Ariel Ariza, señaló que un plan de acción sistemática de amenazas de estas características no existe en ninguna otra parte del país.

En octubre de 2013 la casa del gobernador en ejercicio Antonio Bonfatti fue perforada con 14 balazos. Poco después de que cayera por irracional un acuerdo de juicio abreviado contra tres miembros de Los Monos, en 2015, la sede de la Procuración en Santa Fe fue acribillada. Ahora el chubasco de plomo cae sin prisa ni pausa en las viviendas de jueces.

Los dos últimos ataques ocurrieron horas antes de que se celebrara en los tribunales, el viernes pasado, una audiencia en la que el líder de Los Monos, Ariel "Guille" Cantero, pedía volver desde el penal de Resistencia donde está a una cárcel de Rosario. Por video conferencia, cuando le dieron la palabra, "Guille" le dijo al juez que debía resolver que sabía que le diría que no. Dijo que todos los jueces de Rosario son manejados por el ministro de seguridad y que lo hacía responsable por lo que pudiera pasarle a él en el presidio chaqueño. Como cierre le pidió "que se fije la decisión que va a tomar".

Ayer al mediodía el destinatario de esas palabras, el camarista José Luis Mascali, le rechazó el planteo a Cantero, condenado a 22 años de prisión por asociación ilícita y homicidio, dado que quien resolvió su traslado es la Justicia Federal. En rigor transferirlo a Resistencia fue una decisión de esa esfera, que debe juzgarlo a partir del 20 de septiembre como líder de una banda de narcotráfico que tiene 39 integrantes acusados.

El confinamiento a distancia es decisión judicial pero no ajena a una estrategia común de Nación y provincia. En dos ocasiones la Justicia detectó que los negocios de Guille Cantero se tramaban desde cárceles cercanas a Rosario. Lo último que se detectó, hace ocho meses, es que organizó un secuestro extorsivo desde la cárcel de Coronda. Según fuentes penitenciarias al entender que no podían usar celulares ingresados al penal, dado que eran interferidos, aumentaron las visitas a la cárcel. Se interpretó que mientras Guille estuviera cerca de Rosario las actividades que lo hicieron conocido no cesarían. Las autoridades, por tanto, lo quieren lejos de la ciudad. Como también está preso por un delito federal la salida fue trasladarlo a una cárcel federal. En Santa Fe no hay ningún establecimiento de ese tipo.

Era esperable que los mensajes producto de ese traslado no vinieran en papel de seda. El avance en desmembrar bandas que dominaron la escena local durante años trajo como rebote una violencia desaforada. El cosmos del narcotráfico no resiste sin luchar que le quiten sus ventajas. Y el sistema criminal de Santa Fe no está a la altura de esas réplicas. A principio de su gestión el gobernador Miguel Lifschitz integró a su equipo de seguridad a Eduardo Estévez, un especialista en inteligencia que trabajó con León Arslanián. El mes próximo se sumará Marcelo Saín, ex viceministro de Seguridad bonaerense, a la conducción del organismo de investigación que maneja la policía local.

Hay una sustantiva paradoja en el sistema penal santafesino: todos creen saber de dónde vienen los ataques, pero no cómo pararlos. La violencia de estos días tardó tiempo en endurecerse. Un funcionario judicial resume la escena con palabras llanas. "La cosa no está como hace diez años. Se pudrió mucho más. Esto es nuevo en el sentido de que la cantidad de droga y guita circulante generada por las bandas es monumental. El enriquecimiento de una serie de actores, marginales y no tanto, cambió las relaciones con el Estado. Hoy no se ve capacidad para hacer retroceder esto".