Lluvia de balas para un intendente que iba a reunirse con Menem para salvar el gobierno de Isabel Perón

-Gordo, ¿sabés algo de Cartier?, preguntó Carlos Menem.

-Nada, Carlos, pero dale tiempo que viene desde La Plata, le contestó Armando Gostanián.

Eran las 9 de la noche del 14 de julio de 1975 y el gobernador de las patillas inspiradas en Facundo Quiroga estaba reunido con unos pocos hombres en una habitación del Hotel República, en pleno centro de Buenos Aires.

Había venido desde La Rioja para mantener encuentros con dirigentes y funcionarios peronistas con un único objetivo: defender la continuidad de María Estela Martínez de Perón, cuyo gobierno era cascoteado desde todas partes.

El ajuste económico puesto en marcha el 4 de junio anterior por el ministro de Economía Celestino Rodrigo –que pasaría a la historia como "El Rodrigazo" – había conmocionado a la sociedad argentina.

No era para menos: la devaluación fue del 100% para el dólar financiero y 160% para el comercial, la inflación se proyectaba a más del 180% en ese 1975 y había desabastecimiento de alimentos y combustibles.

El gobierno de la viuda de Perón decidía, en ese contexto, congelar los aumentos paritarios logrados por gremios claves como metalúrgicos y mecánicos, cuyos líderes eran aliados del gobierno. Las cúpulas sindicales oficialistas eran desbordadas por comisiones internas lideradas por sectores de izquierda. Las calles se poblaban de protestas.

Las movilizaciones obreras del 7 y 8 de julio habían obligado a la presidenta a desplazar del gobierno al otrora todopoderoso ministro de Bienestar Social –y artífice de la Triple A -, José López Rega, quien embarcaba con rumbo a Madrid con pasaporte diplomático para zafar de la cárcel. Sin embargo, la renuncia de Lopecito no había sido suficiente para descomprimir la situación.

Menem se proyectaba

Dentro del justicialismo –con la izquierda peronista ya fuera de la estructura partidaria– las posiciones encontradas se volvían día a día menos conciliables. Estaban los ortodoxos que comenzaban a presionar para que Isabel pidiera licencia como manera de descomprimir la situación; otros, entre los que se destacaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires Victorio Calabró, le habían quitado apoyo político a la viuda de Perón y tenían lazos estrechos con los militares y civiles que le ponían fecha al golpe de Estado.

En el Congreso, unos 40 diputados nacionales tomaron distancia del Gobierno y formaron lo que dieron en llamar Mesa de Trabajo. Allí estaban, entre otros, unos jóvenes Julio Bárbaro y Nilda Garré, provenientes de la izquierda peronista, junto a golpistas camuflados como el santafesino Luis Sobrino Aranda, astrólogo y abogado, de vínculos aceitados con el Almirante Cero, Emilio Massera.

Un sector, aunque con fuerza limitada, intentaba unir voluntades para sostener a Isabel hasta el final de su mandato. Se destacaba el caudillo riojano Carlos Menem como un fiel aliado de la presidenta.

Por eso, aquel 14 de julio de 1975, estaba en Buenos Aires, tratando de construir un entramado político que la sostuviera.

Para eso Carlos Menem esperaba al intendente de La Plata, Rubén Cartier, en un privado del Hotel República, a metros del Obelisco porteño. Sin embargo, la espera sería infructuosa.

La Plata albergaba y alberga la capital provincial y la sede comunal. Cartier era un isabelista convencido, dispuesto a defender a la presidenta desde el riñón mismo de ese lugar de poder.

-Gordo, a ver si llamás a la casa para ver si salió –insistió un impaciente Carlos Menem a su amigo Gostanián. Eran las 9 y cuarto de la noche.

Media hora antes

Poco a poco, la calefacción del Dodge Polara le devolvía el calor al cuerpo todavía vivo del intendente de La Plata, Rubén Cartier. El reloj que llevaba en la muñeca izquierda marcaba las 20.45 y el frío de la noche del 14 de julio de 1975 era feroz.

Los informes meteorológicos aseguraban que una ola polar se prolongaría por varios días. Cartier y sus acompañantes -su secretario privado, Alfredo Otero, y el director de Tránsito de la Comuna, Manuel Balverde– no hablaban del frío, sino de un tema cada día más caliente: las internas peronistas.

El chofer Edgardo Villalba conducía con pericia. Era casi un reflejo que tenía para no distraerse con las conversaciones que el intendente solía mantener en el auto con sus ocasionales acompañantes.

Ninguno de ellos sabía que, esa misma tarde, Alberto Bujía (a) el Negro, mano derecha de Victorio Calabró, había salido de la residencia donde el gobernador bonaerense se reponía de una gripe y se había puesto en contacto con el grupo de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Tampoco sabían que Bujía daría una orden.

Prontuario de un "pesado"

Alberto Bujía era por entonces secretario privado del Victorio Calabró, antiguo tesorero de la Unión Obrera Metalúrgica que había llegado a la gobernación de la provincia tras la renuncia del gobernador Oscar Bidegain, ligado a la izquierda peronista.

El Negro, como lo llamaban en el ámbito sindical, ya era hombre de confianza de don Victorio desde sus tiempos en la UOM, donde además se encargaba personalmente de organizar su custodia y de "poner en caja" a aquellos que podían poner obstáculos a los planes de su jefe.

En la gobernación, sus tareas no variaron mucho.

En su reciente declaración durante la instrucción del juicio contra el jefe del grupo de tareas de la CNU platense, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, por el secuestro y asesinato del dirigente gremial del Hipódromo de La Plata, Carlos Antonio Domínguez, el testigo Abel Giaccio relató que la tarde anterior al secuestro de Domínguez, el 11 de febrero de 1976, Bujía lo recibió en la gobernación y le dijo "que se corra del hipódromo, que van a haber 'boletas', y que seguramente iba a caer un dirigente gremial, que ese dirigente era Domínguez, preguntándole (Bujía) si lo conocía".

El cadáver de Carlos Antonio Domínguez apareció acribillado la mañana siguiente a la vera del camino que une Villa Elisa con Punta Lara. Más de 40 años después de esos hechos, Castillo fue condenado a perpetua por esa muerte.

En su libro "La larga sombra de Yabrán", Franco Caviglia y Christian Sanz cuentan: "En una época signada por la violencia, es surtida la referencia bibliográfica donde se señala que Bujía participó en enfrentamientos, emboscadas, aprietes, etc. Hasta que el 24 de marzo de 1976 irrumpió el gobierno militar y terminó preso bajo los cargos de 'asesinato, asaltos varios y distribución de drogas en el sur del conurbano'. Los militares detuvieron por un par de meses al Negro, hasta que en julio de 1977 lo liberaron y, ante la negativa de ayuda por parte de Calabró, Bujía pidió amparo a Duhalde".

Recuperada la democracia, el ex secretario de Calabró pasó una larga temporada en el Norte argentino. Siempre según Caviglia y Sanz, "entre los años 1983 y 1990, se lo solía ver en un Chevy rojo transportando extrañas encomiendas de las zonas de Yacuiba (Bolivia) o Salvador Mazza (Salta), ciudades en las que se administraba el tráfico de la cocaína boliviana. Se dice que Bujía afirmaba que esos paquetes eran 'cajas de cigarrillos importados y perfumes franceses' para importantes caciques del peronismo".

Bujía murió el 16 de marzo de 1991 en Lomas de Zamora, donde había regresado, en un confuso episodio automovilístico, cuando conducía a contramano y estrelló su moto contra una camioneta.

Balazos en el camino

Cartier y sus acompañantes tampoco sabían que hacía apenas un rato un grupo de tareas integrado por culatas sindicales y miembros de la patota había abordado dos vehículos, una camioneta Chevrolet último modelo y un Ford Falcon 1974, para salir hacia Buenos Aires detrás del auto del intendente.

La orden que habían recibido era clara: "Tienen que hacerlo en el camino, lejos de La Plata".

Poco antes de las 21, el Dodge Polara ingresó a la avenida Mitre, última parte del trayecto a Buenos Aires. Entonces, los otros dos vehículos, que lo seguían a más de cien metros, acortaron la distancia. La camioneta amarilla, con llamativas rayas rojas, encabezaba la marcha. El Ford Falcon iba atrás, como apoyo. Los asesinos no actuaban todavía. Esperaban que el auto del intendente entrara en la jurisdicción de la comisaría de Sarandí, que tenía la orden de liberar la zona. No era una orden extraña para los policías, acostumbrados a recoger los cadáveres acribillados que les dejaba la banda del Indio Castillo.

Faltaban pocas cuadras para que el Dodge llegara al puente Sarandí cuando el conductor de la camioneta apretó el acelerador y se puso a la par del auto del intendente. Nadie, dentro del Polara, prestaba atención a la maniobra. Villalba creía que la camioneta simplemente quería adelantarse. Por eso, la lluvia de plomo que escupió desde las ventanillas los sorprendió. Eran balas de ametralladora y de Itaka. Decenas de balas, que la CNU no acostumbraba a economizar cuando de matar se trataba. La mayoría se concentraron en el asiento trasero del Dodge, donde estaban sentados Cartier y Balverde.

El intendente murió instantáneamente, el director de Tránsito quedó herido de gravedad y agonizó durante horas, antes de morir en el Hospital de Avellaneda.

En el asiento delantero, Otero recibió heridas leves, el chofer Villalba demoraría minutos en convencerse de que estaba milagrosamente ileso.

El Dodge, perforado por las balas, quedó detenido a un costado de la avenida Mitre. La camioneta y el Ford Falcon se pierden en dirección a Buenos Aires, con la misión cumplida.

Lavado de manos

Desde un primer momento, el gobierno de Victorio Calabró intentó endosarle el atentado a la izquierda peronista. La versión resultaba difícil de creer, ya que el intendente platense, aunque enrolado en la ortodoxia peronista e incondicional del gobierno nacional, no era un objetivo lógico para Montoneros.

El gobernador, a través del secretario general de la gobernación, Juan De Stéfano, repudió el atentado. La CNU platense intentó despegarse del asesinato con un comunicado donde expresaba su "más enérgico repudio por este nuevo hecho de sangre que enluta al país y que, como muchos anteriores, forma parte de la estrategia del enemigo sinárquico, cuyos objetivos son la destrucción del Movimiento Nacional Justicialista y de la Nación Argentina".

Como la versión del atentado por izquierda no cuajó, el gobierno bonaerense hizo llegar a periodistas de confianza otro rumor: que se trataba de un ajuste de cuentas por cuestiones de dinero y que, al ser asesinado, Cartier se dirigía a Buenos Aires llevando consigo una fuerte suma en pesos argentinos, dólares y pesos mexicanos con la intención de irse del país.
Esta versión también era completamente falsa.

Cartier iba a reunirse con Menem para sumarse al documento que este impulsaba con otros gobernadores.

El escrito tenía dos ejes centrales: el apoyo a la gestión de Isabel Perón y un pedido de reorganización interna del Justicialismo. El documento -de más de mil palabras- fue dado a conocer el 15 de julio, con la firma de todos los gobernadores provinciales a excepción de uno: el bonaerense Victorio Calabró, quien según informaron los diarios del día siguiente, no había podido ser ubicado por sus colegas ni siquiera telefónicamente.

Una pelea intestina

"El asesinato de Cartier fue consecuencia de la lucha política de la vieja ortodoxia justicialista con el sector gremial que había irrumpido en la dirección del Movimiento y que representaba a lo más rancio del viejo vandorismo. Calabró, además, ya estaba teniendo contactos con los militares golpistas. Cartier, que estaba alineado con Isabel, lo enfrentaba y lo resistía desde la intendencia de la capital provincial. Calabró utilizaba a la CNU para sacarse de encima a quienes lo enfrentaban; el atentado contra Cartier hay que leerlo en ese contexto", dijo a Infobae un dirigente peronista que era concejal platense en 1975.

Muerto Rubén Cartier, la intendencia de La Plata quedó a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pedro Brun, un dirigente del gremio platense del Turf.

Desde que había asumido como gobernador -tras el desplazamiento de Oscar Bidegain-, Calabró había desplegado fuerzas en el Hipódromo de La Plata, que utilizaba para hacer caja. Como parte de esa ofensiva, había nombrado allí a varios notorios integrantes de la CNU.

La primera directiva que el flamante intendente Brun recibió de Calabró fue casi una amenaza. De acuerdo con el reglamento, la presidencia del Concejo Deliberante debía quedar a cargo de su vicepresidente primero, Babi Práxedes Molina, un dirigente que pertenecía a la izquierda peronista.

"Si asume Molina, intervengo la intendencia", le dijo Calabró a Brun. Para evitar la intervención, Molina renunció a la vicepresidencia del cuerpo y en su lugar asumió la concejal Centenari Heredia, afín al gobernador.

Pasados 43 años el asesinato del intendente Rubén Cartier sigue impune.

La confirmación de Menem a Pacho O'Donnell

Muchos años después, en 2008, Carlos Menem confirmaría en una entrevista realizada por el historiador Mario Pacho O'Donnell y publicada por la revista Gente, que Cartier iba a Buenos Aires para reunirse con él.

"Eran tiempos de la ominosa Triple A. No tardaron en hacerme saber que me iban a matar. No le di mayor importancia -relató, canchereando, para luego seguir-. Había combinado una entrevista con el intendente de La Plata, Rubén Cartier, y lo esperé en mi habitación del Hotel República. Pero quienes llegaron fueron el Gordo Gostanián y otros amigos, muy alterados, con la noticia de que a Cartier lo habían asesinado mientras se dirigía a nuestro encuentro. Entonces me trajeron a esta quinta (la de Gostanián, donde se realizó la entrevista con Pacho O'Donnell), tirado en el piso del auto, custodiado por algunos de la Federal que me eran leales y después, en cuanto se pudo, viajé a La Rioja, donde estaba más seguro".

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