El juez federal Sebastián Ramos citó a indagatoria a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez en el marco de una causa iniciada por una denuncia de Margarita Stolbizer. Según la presentación hecha por la ex diputada nacional a través de su letrada Silvina Martínez, empresas de la que los imputados son dueños realizaron una serie de operaciones inmobiliarias que podrían encuadrar en maniobras de lavado de activos.
En el escrito, Stolbizer describió sucesivas operaciones de compraventa con muy pocos meses de diferencia con una sobrevaloración exorbitante de un terreno ganado al mar ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El predio pertenecía a la firma Servicio Integral Alem SRL, dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para rodados, cuyo socio mayoritario es Lázaro Báez. Ese lote había sido cedido a Báez por la municipalidad local en 2011 y a cambio el empresario kirchnerista se comprometió a pavimentar dos cuadras de la calle Juvenilla, obra que tenía un costo estimado en $875.454. Ese acuerdo fue aprobado por los socios de Servicio Integral Alem el 31 de marzo de 2014. La firma de Báez beneficiada por el municipio de Comodoro Rivadavia era una gomería y por lo tanto no contaba ni con los recursos materiales ni humanos para realizar la pavimentación de la calle. Sólo 15 días después, la sociedad que operaba la gomería de Lázaro Báez le vendió el lote en cuestión a la empresa Inversora M&S S.A., propiedad de Cristóbal López, en $1 millón.
De acuerdo con la denuncia de Stolbizer, la maniobra no terminó ahí, ya que Inversora M&S S.A. le vendió el terreno al Banco Finansur, también propiedad de Cristóbal López, en USD 2 millones.
Es decir, en un período de cuatro meses, un predio cedido por la municipalidad de Comodoro Rivadavia a cambio de una obra de poco más de $800.000 fue cambiando de manos, pasando por sociedades comerciales que tenían el mismo dueño y se pagó por el lote más del doble de la valuación original. Según Stolbizer, las partes involucradas en las distintas ventas pertenecían a una misma organización criminal y tenía dos objetivos: por un lado, obtener ganancias como producto de la venta y, por el otro, lavar dinero obtenido de forma ilícita.
El fiscal Gerardo Pollicita amplió el requerimiento de instrucción por considerar que debían incorporarse al objeto procesal las transferencias y cesiones de derecho de otro lote adyacente al mencionado en su denuncia por Stolbizer. El terreno había sido transferido a Urbanizadora Gea S.A., empresa del grupo Indalo. Esta misma sociedad fue beneficiada resultando ganadora de un concurso de ideas para el desarrollo y construcción en los lotes mencionados de un centro comercial, el Museo de Energías, edificios para viviendas, oficinas y un hotel.
El juez federal Sebastián Ramos citó a prestar declaración indagatoria a Fabián de Sousa para el 14 de junio, a Cristóbal López para el 15 de ese mes y a Lázaro Báez para el 18 de junio.
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