Madaho's: el vínculo entre un ex juez federal y el prostíbulo más famoso de Mar del Plata

El camarista José Ferro renunció a su cargo luego de ser denunciado en el Consejo de la Magistratura por su relación con un abogado procesado por lavar el dinero del cabaret. Fallos favorables y los chats y mails que lo pusieron en jaque

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Madaho’s tras su allanamiento en 2015, con fajas de clausura.
Madaho’s tras su allanamiento en 2015, con fajas de clausura.

Uno dice: "¡Feliz cumpleaños, viejito! Que lo pases bien y andá pensando cuándo pagás una cena". 

El otro responde: "Gracias, cuando quieras, un abrazo".

El diálogo es una conversación de WhatsApp del 7 de marzo de 2015. No es nada fuera de la común, un saludo de amigos un poco sobrador, argentino. El problema es quienes hablan.

Uno es Alejandro Ferrarello, abogado marplatense. El otro es Jorge Ferro, ex juez federal de la Cámara de Apelaciones de la ciudad costera. Se conocían con un trato familiar al menos desde 2002, con una comunicación fluida. En marzo pasado, Ferro entregó su renuncia a sus 69 años de edad luego de casi 35 años en la nómina de sueldos del Poder Judicial. Su vínculo con Ferrarello fue el motivo que le costó su carrera bajo acusaciones sumamente desagradables con una fuerte denuncia en su contra en el Consejo de la Magistratura.

Durante casi dos décadas, el cabaret Madaho's en Mar del Plata, a metros del Sheraton de Playa Grande, era un lugar que todos los turistas señalaban al pasar con sus autos, apuntaban a la entrada con vigas en tono bronce, discreta, con luces verdes entre plantas. Todo el mundo sabía, los adolescentes, los adultos, los locales o los que venían de afuera: en Madaho's estaba la prostitución, el nombre era casi un sinónimo en el diccionario inconsciente.

Madaho's era particularmente caro: la entrada costaba 200 pesos alrededor de la época del mensaje entre Ferrarello y Ferro solo por entrar y mirar, una copa de invitación para sentarse y hablar con una prostituta costaba otros 200 más. Un pase con una de ellas en uno de dos hoteles cercanos podía costar otros 800 pesos como mínimo, precio del hotel aparte. Una frapera con una botella de champagne podía valer unos tres mil. 17 mujeres trabajaban en el lugar. Era, a simple vista, mucho dinero, una caja negra entre luces rojas.

Con el tiempo, Madaho's cayó. El fiscal Nicolás Czizik y el juez federal Santiago Inchausti comandaron una causa doble junto a la PROTEX y la PROCELAC en donde apuntaron a Rolafa SRL, la sociedad que controlaba el prostíbulo integrada  por Alberto Sasiaín, Mario Alejandro Lafalce y el contador Daniel Alberto Fay, titular del estudio que llevaba su apellido, uno de los más reconocidos en la zona no solo por los delitos de trata sino también por lavado de dinero.

El ex juez Jorge Ferro.
El ex juez Jorge Ferro.

La PROCELAC, primero bajo el fiscal Carlos Gonella y luego bajo Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, impulsó la acusación por lavado contra los socios de Rolafa y contra varias firmas subsidiarias integradas por sus familiares luego de detectar un flujo de más de once millones de pesos en tan solo cuatro años desde 2012 hasta 2015 junto a una red de autos y propiedades. Los miembros de Rolafa fueron procesados por el juez Inchausti en dos ocasiones, primero en 2016 por los delitos de trata., cuando Alejandro Ferrarello fue considerado un partícipe secundario.

El lunes último, tres años después de las presentaciones originales de la PROCELAC, el magistrado decidió procesarlos por segunda vez por los delitos de lavado, sin dictar prisión preventiva pero con embargos individuales de hasta 40 millones de pesos. Aquí es donde aparece Ferrarello con particular fuerza en el expediente, embargado por 40 millones. Y con Ferrarello, dentro de sus dispositivos electrónicos, aparece el juez.

El procesamiento por lavado firmado por Inchausti detalla el presunto rol de Ferrarello en la trama como fiduciario del fideicomiso de la propiedad de la calle Alem en donde operaba Madaho's con Fay y Sasiaín como fiduciantes, una operación realizada en octubre de 2013, lo que implicaba "todos los derechos inherentes a la propiedad, al dominio y a la posesión del inmueble de Alem 4285 donde funcionaba Madaho's".

Ferrarello aparece vinculado a compras y ventas de cuatro autos y la "adquisición parcial" de una propiedad en Miami en plena Collins Avenue por 365 mil dólares: el abogado habría comprado un 25 por ciento. El contraste con sus declaraciones juradas para 2012 y 2013 era bastante evidente: los montos mensuales no superaban los 22 mil pesos en el primer año. Tras convertirse en fiduciario de Madaho's, Ferrarello declaró un ingreso de 56 mil pesos mensuales, más del doble. El vínculo con los socios controladores del prostíbulo era de larga data: el procesamiento  indica que el abogado asesoraba a los hermanos Fay y a Sasiaín al menos desde 2004. El vínculo con el juez Ferro es de larga data también.

Jorge Ferro fue profesor universitario e integró la nómina del Poder Judicial desde 1984.
Jorge Ferro fue profesor universitario e integró la nómina del Poder Judicial desde 1984.

Una notebook y un teléfono LG vinculados al abogado fueron encontrados en una redada a Madaho's. Los aparatos fueron enviados a la división Apoyo Tecnológico de la PFA para extraer sus contenidos. Los resultados llevaron a la PROTEX, la PROCELAC y al fiscal Czizik a denunciar a Ferro en el Consejo de la Magistratura. Los ejes de la acusación: la "relación de afinidad personal" entre ambos, la "cooperación profesional mutua" con movimientos de Ferro que beneficiaban al estudio de Ferrarello y la aparente "influencia indebida" del abogado sobre el juez.

Ferro favoreció a Ferrarello en la causa Madaho's y a los imputados en general. En un voto de julio de 2015, el ex juez aseguraba que no advertía de la prueba recolectada "elementos que permitan mínimamente presumir al menos con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal" la existencia del delito de trata de personas: el ex camarista argumentaba que las mujeres contaban con libertad de movimiento y poseían sus propios documentos, entre otros puntos.

Luego, pidió que se le devuelvan los teléfonos y la computadora incautadas al abogado, que la retención "ha dejado de ser necesaria y sí arbitraria".  Ferro validó también un planteo de recusación de la defensa de Ferrarello contra el juez Inchausti, en disidencia con los otros dos jueces de la Sala, los doctores Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, un voto emitido en agosto de 2016.

Madaho’s. (foto: Javier de Pueblo en Pueblo, Google Images)
Madaho’s. (foto: Javier de Pueblo en Pueblo, Google Images)

De vuelta a los aparatos peritados, el saludo cumpleañero por WhatsApp era lo de menos: la computadora y el teléfono revelaron contactos y mails que databan desde 2010, un flujo de llamadas entrantes y salientes.

La casilla de Outlook en la notebook de Ferrarello reveló, por ejemplo, un contrato de alquiler entre Ferro y un supuesto empleado del estudio en donde trabajaba el abogado, en otros correos Ferro le enviaba fallos completos. Una empleada del estudio le preguntó a Ferrarello en marzo de 2010 si "se podrá hablar con Ferro o con alguien de menor jerarquía para que me dejen fotocopiar el expediente." La misma empleada aconsejó poco después que "estaría bueno que hables con Ferro para que nos concedan el recurso y no lo manden a la Corte Suprema."

César Sivo, defensor de Ferrarello, asevera: "Ferrarello es una persona de trabajo, estuvo toda la vida vinculado al mundo del derecho. Hay una vinculación innegable con el camarista, las vinculaciones entre gente del derecho son normales. Ha aparecido inconveniente  porque Ferrarello terminó de manera indebida dando vueltas en un proceso penal. Que haya una vinculación no tiene nada grave, no invalida el conocimiento ni el trato previo. Al día de hoy no hay nada acreditado. Es poco probable que pueda haber un favorecimiento específico."

Infobae intentó contactar al ex camarista para este artículo, sin éxito. "Cambió todos los números después de renunciar", asegura una voz que lo conoce en Mar del Plata.

Mientras tanto, la renuncia de Ferro ya es un hecho consumado por el mecanismo institucional correspondiente: el Poder Ejecutivo la aceptó a mediados de abril pasado, con un decreto firmado por el presidente Macri y el ministro Germán Garavano.

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