"No es una idea original", advierte el periodista Germán Sasso (38), impulsor de la ordenanza que se aprobó el mes pasado en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Y es cierto. Cada vez son más los municipios y ciudades que deciden avanzar con la instalación de buzones "antinarco" donde los vecinos pueden denunciar, de manera anónima, a los transas que venden estupefacientes en los barrios.
La instalación de estos buzones, a los que se suman las líneas 0-800 o las nuevas apps, obedece a que muchos vecinos "no quieren denunciar en la policía por miedo o porque sospechan que están prendidos con algún narco", afirma Sasso, que dirige el portal La Brujula 24. Pero también por desconocimiento o porque no quieren "quedar marcados" cuando asisten a un juzgado para formular una presentación penal.
En tiempos de desconfianza en las instituciones, los aportantes de datos prefieren estos mecanismos para evitar cualquier tipo de exposición y posibles represalias.
A fin de garantizar un fácil y rápido acceso, las urnas tienden a colocarse en lugares públicos y sitios tan variopintos como sedes municipales, esquinas céntricas, Iglesias, clubes sociales, centros de jubilados y fundaciones, entre otros espacios de gran afluencia ciudadana.
"Para realizar las denuncias anónimas los interesados deben escribir en un papel o rellenar un formulario indicando el nombre del denunciado, la dirección exacta donde se comercializaría la droga y una breve descripción del hecho o de la situación que se percibe en el ese lugar", reza la normativa municipal bahiense.
Después de un plazo de dos semanas o de un mes, el contenido sellado de los cofres suele ser retirado y abierto por autoridades judiciales o comunales, con la participación de vecinos o instituciones civiles, dependiendo de la localidad que se trate.
"Tengo fe de que va a funcionar, con los whatsapp y los llamados anónimos que los vecinos me hacían en la radio ha funcionado", señaló Sasso a Infobae, quien lleva en Bahía Blanca una militancia personal para que avancen las denuncias contra el narcomenudeo. Según su experiencia, el anonimato fue útil para llevar "muchos casos ante la Justicia federal u ordinaria" y que haya detenidos.
Bahía Blanca es uno de los tantos municipios que se sumaron a los "Buzones por la Vida", como fueron bautizados en un comienzo y que desde hace unos años se extienden por el país. Desde 2016, la Mesa Interinstitucional contra el Narcotráfico, que coordina el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, le dio un nuevo impulso a la colocación de estas cajas vecinales como parte de un plan de seguridad que involucra a la sociedad civil y a la Justicia.
En algunos municipios bonaerenses de la oposición, la iniciativa llegó de la mano del amigo del Papa y "laudatista" Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda. En Esteban Echeverría, que conduce el intendente peronista Fernando Gray, el municipio realizó una fuerte campaña junto a Vera en apoyo a estas urnas.
En este grupo de jefes comunales aparecen también Gustavo Menendez (Merlo), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Marina Fassi (Cañuelas) o el macrista Ezequiel Galli (Olavarría). En el interior, ya se colocaron cajones en Córdoba, Corrientes, Tucumán o Salta, entre otras partes del país.
En la mayoría de los casos, los buzones no solo se usan para la lucha contra el narcotráfico si no para radicar denuncias de otros delitos como la trata de personas, la venta ilegal de armas, el trabajo esclavo y la explotación infantil.
No es una panacea
"No queremos convertirnos en Rosario", aseguró Sasso en relación a Bahía Blanca y la flamante ordenanza. Sin embargo, Santa Fe fue pionera en el uso de esta metodología. Según pudo relevar Infobae, el primer buzón se instaló en 2004 en la localidad de Funes y paulatinamente se fue extendiendo en 2012 a partir del apoyo del ex ministro de Seguridad provincial, Leandro Corti.
La experiencia en Santa Fe da cuenta que las urnas, si bien son un instrumento de colaboración con la Justicia, no son suficientes para frenar el narcotráfico.
"Es una herramienta más de consulta y de expresión de la gente", afirmó a este medio el secretario de Seguridad Comunitaria provincial, Ángel "Chichín" Ruani. "Ha sido positiva en la persecución de los delitos, pero nosotros lo tenemos como una herramienta de participación más, no es una panacea de nada", agregó.
Para el funcionario santafesino, la eficacia de las urnas no solo depende de la actuación judicial y policial -que duran un mínimo de 4 y 5 meses de investigación-, sino de la promoción que hacen los gobiernos locales, con actividades abiertas, cartelería y otras estrategias de difusión. "La solución de estos temas como el narcotráfico es más complicada", apuntó Ruani.
En el debate en Bahía Blanca, Walter Correa, edil de Unidad Ciudadana, formulado dudas en torno a la iniciativa, hasta que finalmente la acompañó. El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante local.
"Hay un reclamo muy contundente de distintos barrios respecto de esta problemática, pero no creo que sea una solución, sino un intento para ver si en conjunto se puede apuntar a disminuir el narcotráfico, sin deslindar la responsabilidad de las agencias de seguridad en esta cuestión", opinó Correa.
La persecución del narcomenudeo es el último eslabón de una cadena regional y global. En 2016, el 48,5 % de los hogares argentinos percibían de manera directa o indirecta que en su barrio se vendían drogas ilegales, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Seis años atrás, esa proporción era significativamente inferior, del 30 por ciento.
Esa sensación tiene una realidad: el consumo de estupefacientes se disparó especialmente entre los más jovenes. Entre 2010 y 2017, la demanda se triplicó entre los chicos de entre 12 y 17 años según el Estudio 2017 de Consumo de Sustancias Psicoactivas de Sedronar.
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