Pedirán el juicio político contra el juez Guido Otranto y la remoción de la fiscal por las pinchaduras al teléfono del hermano de Santiago Maldonado

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, será denunciado posiblemente antes del fin de semana por "mal desempeño" de sus funciones y por ordenar escuchas contra la familia de Santiago Maldonado. Probablemente en dos denuncias separadas en un lapso de pocos días, legisladores nacionales y la familia de del tatuador pedirán el juicio político del magistrado ante el Consejo de la Magistratura por su trabajo mientras estuvo a cargo de la investigación de la desaparición del joven de 28 años.

Otranto comandó el caso Maldonado entre el 1º de agosto, día que Santiago desapareció en medio de un operativo represivo de Gendarmería dentro de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, hasta el 22 de septiembre, cuando fue apartado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, tras un pedido de la familia de la víctima, quien alegó "temor de parcialidad" en la investigación.

Según se supo días atrás, durante ese último mes al frente del caso, el magistrado ordenó la intervención de los teléfonos de varios testigos de la causa, entre ellos el de Sergio Maldonado, hermano del joven por entonces desaparecido.

La idea de denunciar a Otranto ante el Consejo de la Magistratura flotaba entre varios legisladores de Unidad Ciudadana y partidos de izquierda desde hace semanas, pero se aceleró tras el fallo del juez federal de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, que confirmó la "pinchadura" de los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzi (amigo de Santiago) y las mapuches Claudia Pilquiman y Marcela Anarda Stocovarz, y ordenó destruir la información que se había recolectado en esa instancia por pedido de Otranto.

"Otranto usó una lógica procesal basada en atacar a los testigos principales. Queda demostrado que lo que quiso hacer Otranto desde el primer momento no fue investigar la posible responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago. No investigó a Gendarmería, no intervino sus teléfonos. Intervino los teléfonos de Sergio, la víctima", explicó a Infobae la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.

Curiosamente en el último día que tuvo a cargo la causa Otranto ordenó que las escuchas fueran realizadas por la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial por un pedido de la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila. Un dato al menos curioso es que Rafaela Ricono, la secretaria de la fiscal federal de Esquel, es nada menos que la esposa del juez Otranto.

Respecto de Avila, quien además durante las escuchas pidió a Otranto el material de esos legajos reservados, y él se lo pasó, la familia Maldonado pidió su remoción. La acusa de "mal desempeño". Lo mismo contra Ricono.

Las acusan de ejercer "violencia" sobre Sergio y su esposa, Andrea Antico, y de falta de ética. En ese sentido también apuntan contra el juez Otranto y su esposa, además secretaria de la fiscal.

Pero sobre todo, apuntan contra la decisión de espiar a través de las llamadas telefónicas a los testigos mapuches y a Sergio Maldonado. "Los fundamentos expuestos por el Dr. Lleral, con respaldo en la mejor doctrina y jurisprudencia, resultan suficientes para concluir que la decisión de la Dra. Silvina Avila de solicitar y acompañar las intervenciones telefónicas a Sergio Maldonado y los testigos indicados, es de una gravedad tal que impide su continuidad como representante del Ministerio Público Fiscal en estos autos", dice la abogada Heredia, donde también argumenta que, dadas las circunstancias, Avila "no reúne las condiciones establecidas en las 'Directrices sobre la función de los fiscales'" adoptadas en la ONU.

En su fallo, Lleral declaró la nulidad de esas escuchas y ordenó destruir todos los documentos vinculados a esta decisión de Otranto. Y acusó a su antecesor y a Avila de tomar una decisión inconstitucional que viola el derecho a la intimidad del hermano de la persona desaparecida.

"Resulta evidente que la interceptación de las comunicaciones telefónicas a Sergio Maldonado y otros testigos no era el último recurso disponible. En otras palabras, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima no era la única opción disponible, ni siquiera la adecuada, cuando en verdad había otras alternativas para lograr la recolección de datos e informaciones conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado", escribió Lleral, y le explicó a Otranto que en todo caso podría haber citado a estas personas en calidad de testigos, una medida "elemental", que hubiera sido "menos revictimizante".

La respuesta del juez de Rawson nació por un pedido que le hizo Otranto respecto de estas escuchas y las documentaciones relacionadas con el fin de incorporarlas en una causa contra testigos mapuches, Ariel Garzi y los abogados que presentaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana. Todos ellos fueron denunciados por el Ministerio de Seguridad nacional y por Gendarmería.

"Este armado de causas paralelas, que son desprendimientos de la causa principal, donde fue apartado por parcial, es una manera de burlarse de esa recusación y de Santiago", comentaron en torno a la familia Maldonado.

Antes de conocerse el fallo de Lleral, en octubre del año pasado, la actual legisladora porteña Myriam Bregman, del PTS-FIT, había denunciado ante el fuero federal que el Gobierno estaba realizando espionaje a la familia Maldonado y a los organismos de derechos humanos y abogados que colaboran en la querella.

Bregman relató seguimientos tanto en Esquel como en Buenos Aires, y el propio Sergio Maldonado relató situaciones sospechosas, por caso, en un hotel de Capital. Según consta en la denuncia, el Ministerio de Seguridad ordenó el espionaje, y por eso está imputado Gonzalo Cané, hasta hace unas semanas funcionario de la cartera que conduce Patricia Bullrich.

"Otranto no puede seguir siendo juez con todas las graves violaciones a los derechos humanos que cometió", comentó Bregman a Infobae.

Otros pedidos de juicio político contra Otranto

No es la primera vez que Otranto es denunciado ante el Consejo de la Magistratura. El juez federal de Esquel tiene en curso dos expedientes. El 365/16, de noviembre de 2016, correspondiente a una denuncia que le hizo el ex gobernador de Chubut Mario Das Neves por "mal desempeño, negligencia grave en el ejercicio del cargo y realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones". Fue tras la decisión de Otranto de liberar al lonko mapuche Facundo Jones Huala.

La denuncia se encuentra en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura y fue unificada con otra presentada contra Otranto semanas más tarde por Diego Perazzo, vicepresidente de la Compañía de Tierras Sud Argentino, propiedad de Luciano Benetton, dueño de las tierras donde está la comunidad mapuche de la Pu Lof. El instructor a cargo es el consejero radical y ex gobernador de Chaco Ángel Rozas.

Casi un año más tarde, en septiembre de 2017, cuando Santiago aún estaba desaparecido, se abrió el expediente 190/17. El abogado Denis Pitté Fletcher acusó a Otranto de "ser funcional al kirchnerismo" en la investigación del caso Maldonado.

Para Pitté Fletcher "existió con plena evidencia una operación diseñada para inculpar al gobierno nacional por este presunto secuestro y desaparición, y con ello indirectamente ayudar a los eventuales verdaderos autores del eventual -aunque hasta ahora no probado- secuestro y -sí probada- desaparición".

De acuerdo con la denuncia del abogado, el juez Otranto había sido "funcional, ya sea en forma deliberada o por grave negligencia" y consideró que el magistrado de Esquel "caratuló la causa como desaparición forzada, algo directamente funcional a la estrategia del kirchnerismo y sus aliados, considerando solamente la declaración testimonial de sujetos encapuchados y sin documento de identidad".

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