El “Madoff argentino” está acusado de usar a vecinos de la Villa 1-11-14 para una maniobra de lavado de dinero

El uso de prestanombres, hombres y mujeres pobres que alquilan su identidad y poder de firma por unos pocos pesos en tramas aparentemente legales que ocultan negocios turbios, es un viejo clásico del delito financiero argentino.

Ocurrió, por ejemplo, en el escándalo de Sueños Compartidos y Madres de Plaza de Mayo, encabezado por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, también, más recientemente, en la investigación a la mafia que operaba con las viejas declaraciones DJAI para obtener dólares para importaciones a preso oficial durante el cepo kirchnerista, una causa a cargo del juez en lo penal económico Gustavo Meirovich.

Hoy, los prestanombres regresan a Comodoro Py en una lista de 18 identidades que constan en la causa a cargo de la jueza federal María Romilda Servini que investiga lo que sería la mayor estafa de la historia argentina, con el financista Enrique Blaksley, presidente y socio mayoritario como principal imputado. Entre los nombres está, por ejemplo, el de N.P, de 41 años de edad, nacida en Bolivia, vecina de la Villa 1-11-14, monotributista durante algunos meses en 2017 y beneficiaria de dos planes del ANSES.

No es la única persona en la lista con domicilio en el asentamiento del Bajo Flores: la gran mayoría son ciudadanos de orígen extranjero que residen en la zona, hombres y mujeres vinculados al negocio de los talleres de costura, algunos de ellos empleados en los papeles por ciudadanos coreanos, de 25 a 45 años de edad en promedio. Hay apenas un nacional argentino, una mujer registrada en la categoría de servicios jurídicos de la AFIP, también domiciliada en la zona de Flores que cobra una Asignación Universal por Hijo.

Todos ellos aparecen, insólitamente, como aportantes de dinero, con cifras individuales que van entre los 17 mil y los 80 mil dólares, poco menos de medio millón de dólares en total. Son, en teoría, adherentes a un fideicomiso inmobiliario conformado entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013 y vinculado al mayor negocio fallido de Blaksley: el proyecto de country Verazul, ubicado en Pilar.

En su lanzamiento en 2013, Verazul prometió espacio para más de 2 mil unidades, con una laguna de 33 hectáreas para actividades náuticas, club house y amarradero, cancha de squash. Un terreno de 800 metros cuadrados podía valer cerca de 85 mil dólares. Un reconocido animador infantil con presencia en teatro y televisión incluso compró una parcela en el lugar. Hoy, Verazul está frenado por la Justicia federal. Infobae voló su drone sobre Verazul a fines de 2016, un lugar de difícil acceso a través de una angosta calle de tierra: lo que se vio fue básicamente un humedal. Las construcciones brillan por su ausencia.

De vuelta a los vecinos de la 1-11-14, Servini determinó que fueron, básicamente, parte de una extraña mecánica.

De acuerdo al expediente instruido por Servini junto a la fiscal Alejandra Mangano y la PROCELAC, Pablo Andrés Willa, ex abogado de Blaksley -que fue indagado en la causa por lavado de activos iniciada contra el financista en 2015 por la AFIP y la PROCELAC y fue llamado a declarar nuevamente por Servini la semana pasada– es el fiduciario del fideicomiso a través de Willa Servicios Financieros, la firma que presidía en aquel entonces, con Grileon Sociedad Anónima, otra firma clave en el conglomerado Blaksley como "fiduciante A".

Grileon, con dirección fiscal en Sarmiento al 600, las viejas oficinas de Hope Funds, se dedica en los papeles al rubro de servicios inmobiliarios: Enrique Blaksley fue designado como su presidente en su último cambio de directorio, notificado por el Boletín Oficial en 2014. Hoy, de acuerdo al Banco Central, adeuda la sideral suma en cheques sin fondo de 10,4 millones de dólares.

Así, los vecinos del asentamiento se convertían en el segundo bloque de fiudiciantes, "quienes aportaban el dinero necesario para las obras de construcción del emprendimiento" y a quienes oportunamente "se le adjudicarían los lotes" de Verazul.  "Los beneficiarios de ese fideicomiso eran el 'beneficiario A' y el 'beneficiario B'", apuntó Servini en un reciente escrito. El "beneficiario A" estaba compuesto en un 50 por ciento por Hope Funds Sociedad Anónima, otro 45 por ciento por Hope Funds Holding y un 5 por ciento por Grileon, es decir, firmas integradas por o vinculadas a Enrique Blaksley. Luego de la liquidación y adjudicación de lotes, el conjunto de firmas recibiría el remanente.

Hubo movimientos. Entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, los vecinos de la 1-11-14 "rescindieron sus adhesiones y cedieron los montos abonados" a una curiosa sociedad llamada Wall Street Group SRL, conformada en junio de 2014 y registrada en el rubro de construcción y reforma de edificios de la AFIP. El monto de la cesión era considerablemente menor que los aportes nominales, unos 331 mil dólares. 

El movimiento final llegó el 7 de mayo de 2015, cuando Wall Street Group "cedió" sus derechos y obligaciones a Hope Funds Sociedad Anónima por un valor mucho más bajo todavía: 165 mil dólares en total.

Para Servini, la maniobra tuvo un solo fin: lavar plata. "En este contexto, se puede concluir que a través de estas operaciones se justificó la inyección de fondos al fideicomiso que luego de ser cedidos a una persona jurídica creada pocos meses antes de la operación volvieron a Hope Funds Sociedad Anónima bajo la apariencia de una causa lícita", argumentó la jueza en su pedido de detención a Blaksley firmado el 9 de abril.

La UIF, básicamente, no se creyó la lista de adherentes al fideicomiso de Verazul. Elevó un informe a Servini en donde revelaba que todas las personas que firmaron vivían en barrios de emergencia y que no tendrían la capacidad económica para hacer estos aportes en dólares: la división Antifraude de la Policía Federal constató los domicilios. La PFA también constató la dirección vinculada a Wall Street Group, que no eran precisamente oficinas con vidrios brillantes: era una casa de familia en donde nunca habían oído hablar de la empresa. 

Blaksley, según aseguran sus defensores, ofreció explicaciones sobre esta maniobra en su maratónica indagatoria de ocho horas realizada ayer en el Juzgado Federal N°1.

A fines de esta tarde, el Servicio Penitenciario Federal aguardaba la llegada de oficios con la firma de Servini para recibir a Enrique Blaksley en una celda. Su cupo, por lo pronto, está asegurado en el penal de Ezeiza.