La trastienda de la indagatoria al principal acusado de la mayor estafa de la historia argentina y un tenso encuentro con su hija

Lucía Blaksley se parece a su padre, Enrique, un poco en el tono de su piel, como semi-bronceado, también un poco en la boca, en la forma angosta de los ojos. De 31 años de edad, vestida en un jardinero de jean y una camisita escocesa atada a la cintura, Lucía llega pisando fuerte con sandalias de goma blanca con plataformas a la antesala a la alcaldía de presos en la planta baja de los tribunales de Comodoro Py.

La antesala es un lugar para tristes, o para ansiosos, un lugar poco agradable en lo que significa: allí se sientan a esperar en sillones de más de cincuenta años quienes quieren ver aunque sea por un segundo a sus familiares detenidos o encarcelados mientras hombres y mujeres del Servicio Penitenciario Federal los trasladan esposados a indagatorias en juzgados, o a ser juzgados por tribunales.

También es un lugar para periodistas. Del otro lado de la puerta, Enrique Blaksley, presidente y socio mayoritario de la firma financiera Hope Funds, el principal acusado en la causa que investiga lo que sería la mayor estafa de la historia argentina, se sienta tras ser haber sido detenido en la mañana de ayer por la Policía de la Ciudad en su casa en el country Pacheco Golf tras una orden firmada por la jueza María Romilda Servini, luego de un pedido de la fiscal Alejandra Mangano. Lucía se sienta y espera a su padre en los sillones viejos a que lo suban al tercer piso de los tribunales para que sea indagado. Yo lo espero también.

Lucía me reconoce y me saluda agresivamente, con una voz nasal. No sé quién es, no a primera vista. Se presenta solo cuando pregunto su nombre. Es evidente que sabe quién soy.

Escribo para Infobae desde hace casi dos años sobre los movimientos y avances en las diversas causas en contra de Enrique Blaksley en diversos fueros, sobre sus más de 20 pedidos de quiebra, sus departamentos detectados en Panamá o Miami, sus negocios inmobiliarios fallidos, su club de polo que ya no existe, sobre los testimonios de ex colaboradores que viajaron de su mano por el mundo, testimonios de amigos y enemigos, de ex gerentes estrella que se aprestan a demandarlo en el fuero laboral por más de 500 millones de pesos en haberes y aportes impagos.  También, de su causa por lavado de dinero que se suma a su causa por estafa, iniciada por la AFIP y la PROCELAC en 2014, con 189 millones de pesos y 95 millones de dólares en operaciones sospechosas.

"¿Qué hacés acá?", dice Lucía, visiblemente tensa porque estoy haciendo mi trabajo. No debería explicarle: los tribunales de Comodoro Py son un edificio público. "No podés sacar fotos, lo sabés, yo trabajé acá", dice, señalando el palacio de justicia que tiene alrededor. Es posible. Sus registros previsionales hablan de nueve meses de empleo en el Ministerio Público Fiscal durante 2007. Le ofrezco tomar su testimonio en una entrevista, cosa a la que se niega. "¿Por qué anotás lo que te digo? Yo no te estoy dando un reportaje", sigue, advirtiéndome que puede accionar judicialmente si acaso publico lo que  diga en un artículo periodístico.

"Estoy muy contenta de estar acá, ¿vos?", pregunta Lucía, como intentando ser irónica. Luego dice estar "orgullosa de su padre, puse en todas mis redes sociales lo orgullosa que estoy de él", pregunta si tengo hijos propios y desea que "ojalá mis hijos estén tan orgullosos de vos" como "yo de mi papá." Su monólogo avanza y retrocede con frases inconexas, reiteraciones. "Te voy a seguir todo el día", dice, algo muy incómodo de oír: "Me gusta estar al lado tuyo" Le deseo, en todo caso, que encuentre pronto un enchufe para conectar su teléfono, ya que el día puede ser largo.

"Ojalá que seas feliz el resto de tu vida", finaliza. Le recuerdo que no soy quien esposó a su padre y lo cargó al asiento trasero de un patrullero de la Policía de la Ciudad, ni el que ordenó su arresto, que soy un periodista.

Lucía Blaksley habla también del "daño" en su "familia" que causaría la difusión de noticias sobre la causa Hope Funds. Quizás no tiene en mente las imputaciones en contra de su padre y más de diez asociados, incluidos sus tíos, Juan Pablo y Francisco Blaksley, llamados a indagatoria. La Justicia federal estima al menos 2200 damnificados de Hope Funds en base a presentaciones hechas en la Justicia comercial, 325 de ellos constituidos en el expediente del Juzgado Federal N°1, muchos de ellos representados por los abogados Victor Varone y Hernán Vega -del estudio Iezzi & Varone- y Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, denunciantes originales en la causa por estafa en noviembre de 2016.

Casi un año y medio después, Blaksley es finalmente detenido. El monto que habría sido captado por el conglomerado Blaksley, según pudo calcular la fiscal Mangano, es de al menos 550,6 millones de pesos, 500 de ellos en contratos de mutuo.

Casi en simultáneo al monólogo de Lucía Blaksey, Federico Dolinkué -el histórico socio minoritario de su padre en Hope Funds- llegaba al Juzgado Federal N°1 para ponerse a derecho. Servini había ordenado su captura a la Policía de la Ciudad junto con la de Blaksley. Dolinkué no fue encontrado, tal como Verónica Vega, cuñada de Blaksley y una de sus principales manos operativas en el entramado de Hope Funds.

El nombre de Dolinkué es conocido para quienes denunciaron a la financiera por estafa: fue el encargado de firmar diversos contratos de inversores que aportaron su dinero. El socio de Blaksley quedó detenido en el acto tras notificarse, luego de que Servini rechazara un pedido de exención de prisión presentado por su defensa. Verónica Vega, la última prófuga en la causa, llegaría poco después, según voces en Comodoro Py.

El día fue efectivamente largo. La defensa de Blaksley había adelantado a Infobae que el empresario no se negaría a declarar y que contestaría preguntas, que detallaría la formación de su empresa y la mecánica de los contratos con inversores. Lucía Blaksley no pudo ver a su padre salir de la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal. Las autoridades policiales en el piso cerraron las puertas y le pidieron a la prensa presente y a la familia del financista dejar el lugar y retirarse al hall central de la planta baja: los familiares de Blaksley cuestionaban la decisión mientras comían galletitas. Tuvieron que conformarse con sentarse en las escaleras de piedra de la entrada, con unos vaporosos 36 grados de sensación térmica poco después del mediodía.

En el tercer piso, donde se ubica el juzgado de Servini, otros policías pidieron dejar el pasillo central libre, impidiendo ver la llegada de Blaksley al juzgado, algo que no ocurrió ni siquiera con las indagatorias de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza, demorada en su despacho de la calle Talcahuano con la pequeña crisis de intervención del PJ, se tomó su tiempo en llegar. Blaksley comenzó a declarar poco después de las 16, con su versión de los hechos. "Va para largo", apuntó una voz en tribunales. En paralelo, en cafés en Belgrano, ex colaboradores del financista especulaban con que podría "entregar" a otros nombres históricos de Hope Funds que todavía no están involucrado en la causa.

Para el querellante Victor Varone, la detención del financista es un punto de inflexión y una puerta a nuevos arrestos. "La defensa de Blaksey, Dolinkué y otros dilataron esta situación lógica. Apelaron la inhibición de bienes, la salida del país. La Cámara Federal, lejos de darle la razón, conminó a que se ejerciera el poder de policía del Estado. Atento a una buena gestión de la fiscalía y el juzgado así como de la PROCELAC, lograron una muy amplia y detallada resolución. Se pidieron casi 40 allanamientos, investigar a más de 40 empresas a nivel local y offshore. Ya se comenzó a desenredar la red de negocios, que no sabemos a dónde nos puede llevar. No tengo dudas de que puede haber más detenidos", asevera.

Gonzalo Romero Victorica, el denunciante original en el expediente por estafa, intenta ver más allá. "A veces la Justicia se demora pero finalmente llega. No celebramos la detención de Blaksley, aún cuando nos da una sensación de justicia. El verdadero éxito estará en conseguir que los inversores damnificados recuperen su dinero", apunta.

El pedido de detención a Blaksley firmado por Servini, que suma embargos, inhibiciones y congelamientos bancarios de otros diez imputados, incluye un nombre curioso: el de Eduardo Atilio Polverelli.

Infobae lo había entrevistado, en un artículo que la jueza federal cita en su documento: dueño de un colegio de Villa Lugano, Polverelli reconocía ser el cobrador de un cheque por más de 15 millones que la empresa Emprendimientos Recoleta de parte del poderoso Grupo IRSA, que controla gran parte de los shoppings de la Capital Federal y con que Hope Funds se había aliado para controlar el centro comercial Buenos Aires Design en Recoleta. Hoy, ese dinero está cautelado judicialmente.

Polverelli decía que Juan Pablo Blaksley se había acercado con el cheque, que había firmado contratos de mutuo con la empresa, que le debían unos tres millones más. Servini decidió llamarlo a indagatoria. El dueño del colegio de Villa Lugano recibió un revés inesperado: la presentación del presidente de un grupo inmobiliario, que documentaba la cesión de 14 lotes en el country Chacras de Pergamino, "declarando las partes que no quedaban más obligaciones pendientes." 

Los números, razonó Servini, "exceden holgadamente los montos que, en principio, Polverelli intentó justificar mediante la existencia de contratos de mutuo. Así, válidamente puede presumirse que las trasferencias de cifras millonarias realizadas obedecieron al propósito de someterlas a un mecanismo de reciclaje."

Polverelli apunta, preocupado: "Yo soy un acreedor, son inversiones diferentes, todos bancarias. Las de los terrenos son transferencias de mi cuenta particular de 2012 que fueron declaradas ante la AFIP. Tengo las declaraciones juradas y toda la documentación. Este error nos causa un perjuicio enorme. Yo soy un acreedor de Hope Funds. Cuando les pedí dinero en 2012 por los intereses que me adeudaban ofrecieron cederme terrenos." Servini, en cambio, razona que Polverelli "habría intervenido" en insertar "los fondos defraudados en el mercado legal de bienes y servicios."