Exclusivo: la vida en la cárcel de los acusados de violar a los jugadores de las inferiores de Independiente

Los presos suelen estar expectantes. Saben quién entra a un pabellón y por qué. La ficción popular sobre la ley tumbera, sobre códigos no escritos de la cárcel, indica que cualquier abusador sexual es carne fácil para el encierro, un potencial esclavo para mandonear o boxear con frecuencia. Pero en la Unidad N°40 de Lomas de Zamora, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, nadie molesta por ahora a los seis detenidos de la causa por abuso sexual y corrupción de menores más resonante de la historia argentina reciente: la que investiga la trama de pederastia y prostitución infantil alrededor de las inferiores de Independiente, a cargo de la fiscal María Soledad Garibaldi y con al menos siete menores identificados como presuntas víctimas. No hay roces con otros internos, tampoco incidentes reportados hasta ahora por sus abogados defensores o por las autoridades carcelarias. Nadie les dio un baile de bienvenida, por así decirlo. 

El relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el arbitro Martín Bustos, Juan Manuel Díaz Vallone, organizador de torneos de fútbol amateur en la zona sur, Alejandro Dal Cin -administrador de edificios en La Plata- y Silvio Ernesto Fleyta, estudiante, oriundo de Ingeniero Budge, ingresaron a la Unidad N°40 a lo largo de los últimos diez días. Carlos Beldi -abogado de Bustos, detenido por encubrimiento agravado, acusado de destruir a martillazos el celular del árbitro- se encuentra detenido en una alcaidía adjunta al penal.

Todos ocupan celdas individuales en el Pabellón 1 de la planta alta del penal, que aloja en general tanto a hombres como a mujeres: las otras tres celdas en el pabellón están ocupadas por otros presos también acusados de abuso sexual.

El pabellón, por su parte, tiene su patio común, al que los seis presos por la causa Independiente acceden y comparten con otros detenidos. Ninguno tiene una orden expresa de resguardo de integridad física, vigilancia especial como la tuvo, por ejemplo, Cristian Aldana, líder de El Otro Yo, tras ser detenido y trasladado al penal federal de Marcos Paz por abuso y violación de menores.

Hay consideraciones especiales de índole médica. Cohen Arazi, por ejemplo, observa una dieta especial tras un reciente bypass gástrico. "Está, básicamente, sin estómago", dice una voz cercana al relacionista público, imputado por abuso gravemente ultrajante con acceso carnal. También tienen asistencia psicológica, con personal de la Unidad Sanitaria de la cárcel.

El Servicio Penitenciario provincial tampoco está en un estado particular de alerta. No se trata de imputados con prontuarios fuertes. Cohen Arazi, por ejemplo, registra solo dos causas en su contra en la Cámara Criminal y Correcional porteña: una de 2002, radicada en el Juzgado N°18, curiosamente por violación a la ley de residuos peligrosos y otra de 2009 bajo la carátula de defraudación, iniciada en el Juzgado N°36 por un abogado mediático.

Pasar a una unidad implica otra situación. Díaz Vallone, por ejemplo, había permanecido incomunicado varios días tras ser trasladado el martes por la mañana: solo su madre podía verlo de toda su familia bajo el régimen de incomunicación. Díaz Vallone fue acusado de violación por un solo joven, hoy de 19 años, que declaró en una testimonial común y no en una cámara Gesell: el hecho habría ocurrido entre febrero y marzo de 2016, en un lugar de Avellaneda que el joven no pudo especificar.

El viernes pasado por la noche, un grupo de desconocidos atacó el negocio de su familia, una conocida inmobiliaria sobre la avenida Lacarra en Gerli. "Coje nene", pintaron con aerosol negro sobre la persiana de metal.

Díaz Vallone se negó a declarar por consejo de su abogado, Antonio Solivaret, ya que no contaba con copias del expediente al momento de ser indagado por la fiscal Garibaldi. Solivaret, por su parte, niega que Díaz Vallone "tenga relación" con los otros defendidos. Alejandro Dal Cin, el administrador de consorcios platense, también se negó a declarar. Carga una imputación mucho más pesada: la fiscal Garibaldi pidió su arresto por siete hechos de violación a cuatro menores a los que pasaba a buscar en auto y les pagaba en efectivo según los testimonios en su contra.

El tiempo en la Unidad N°40, una cárcel relativamente reciente, creada hace 12 años, donde se esperan mejoras en las instalaciones cloacales según anuncios recientes del SPB, donde El Arte de Vivir dictó talleres de respiración y donde varias mujeres detenidas en 2017 denunciaron haber sido reprimidas a punta de escopeta por reclamar mejores condiciones de encierro según Página/12 y la Comisión Provincial por la Memoria, será largo.

Varios abogados defensores todavía no plantearon recursos de excarcelación. La fiscal Garibaldi hoy se dedica a un extenso análisis de llamadas y celulares para probar vínculos entre los jóvenes que denunciaron haber sido prostituidos y violados y los detenidos. En la conferencia de prensa realizada esta tarde en el Polo Judicial de Avellaneda junto al procurador Julio Conte Grand, Garibaldi aseguró que esos vínculos existen. 

Este viernes, fuentes cercanas al caso aseguran que ocurrirán dos nuevas declaraciones en cámara Gesell, dos nuevos menores que buscan hablar, presuntas víctimas de la red de prostitución infantil y pedofilia alrededor de uno de los clubes más grandes de la Argentina.

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