Por qué el Gobierno quiere liberar presos: los alarmantes números de la sobrepoblación en las cárceles

Se sintió como una trompada al estómago de solo pensarlo. El reclamo histórico de la sociedad para los represores y torturadores condenados por crímenes de lesa humanidad que participaron de la represión ilegal de la última dictadura es que cumplan sus condenas en cárcel común, aún si eso implica morir en una celda.

El martes por la mañana, el periodista Martín Angulo reveló en Infobae la existencia de una lista de 1.111 presos presentada al Ministerio de Justicia por el Servicio Penitenciario Federal con la recomendación de que sean beneficiados por decisión judicial con la libertad condicional o la prisión domiciliaria bajo supervisión con tobillera electrónica. La integraban nombres como Jorge "El Tigre" Acosta, jefe del grupo de tareas de la ESMA y Julio Simón, alias "El Turco Julián". Había otros 94 condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, el ex capellán Cristian von Wernich. En paralelo, el ministro Garavano participó el jueves pasado de una reunión con jueces, fiscales y defensores oficiales para que entre 500 y 700 presos dejen los penales del SPF.

Los condenados por delitos de lesa humanidad, una población carcelaria que supera en su amplia mayoría los 70 años de edad, no fueron la única categoría de presos con sugerencia de salida en la lista del SPF: las planillas se completaron con 106 personas del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta de diez años de edad.

La razón de esta idea es tan paradójica como simple de entender: se trata de descomprimir. Las cárceles en la Argentina tienen más presos que nunca. Desde los últimos cuatro años del kirchnerismo en el poder que el Estado aumentó con singular fuerza su tasa de arrestos y encarcelamientos, pero el lugar para encerrarlos no crece. Hoy, según datos oficiales del SPF, hay 11.900 detenidos en penales federales a lo largo del país, cuando el cupo para alojarlos es de 11.500.

Lo cierto es que el Servicio Penitenciario Federal es mirado con envidia desde algunos despachos en La Plata: el Servicio Penitenciario Bonaerense, conducido por Juan Baric, que depende del Ministerio de Justicia a cargo de Gustavo Ferrari y contiene la población carcelaria individual más grande del país, tiene 38.883 detenidos en unidades y alcaldías —1.388 son mujeres— una población que supera la capacidad de alojamiento del SPB en más de 10.500 individuos, otra vez según cifras oficiales. Solo 1.791 personas tienen el beneficio del monitoreo electrónico en prisión domiciliaria. Las comisarías de la Policía Bonaerense a cargo del Ministerio de Seguridad tienen números más preocupantes. Su capacidad colectiva de detención es de 1.008 internos: al 28 de febrero último tenían unos 3.473 en todo el territorio provincial.

Los detenidos en comisarías aumentaron un 9% en apenas dos meses: eran 3.188 para el 29 de diciembre de 2017. En rigor, el número es solo un trazo en la curva de detenciones bonaerenses, que se disparó dramáticamente con la gestión de Daniel Scioli y ministros como Casal y Granados.

El SPB superó su cupo máximo para alojar en 2013 cuando aumentó su número de internos en unos 414 más, el comienzo de la escalada. De ahí en más todo fue exponencial. El número aumentó a 2.691 presos más en 2014, otros 4.673 en 2015. Los dos años de macrismo trajeron 16 mil presos más, unos 6.010 en 2016 y otros 9.962 en 2017.

Lo cierto es que meses atrás, el Servicio Penitenciario Bonaerense barajó hacer lo mismo que su contraparte federal: elevar una lista de presos que podrían acceder a la condicional o a una tobillera electrónica. El impacto que supone darle una mejora de situación a represores y torturadores del terrorismo de Estado no iba a recaer de su lado, ya que el SPB tiene apenas diez presos por delitos de lesa humanidad. La idea duró poco. "Vimos rápidamente que no podía ser", afirma una voz jerárquica dentro del Servicio: "Los condenados de mayor edad, por ejemplo, son abusadores, están por delitos sexuales intrafamiliares. No tendrían a dónde volver. De cara a esto, decidimos no hacerlo."

Hay un limbo mayor. Solo la mitad de los presos bonaerenses tiene condena firme o en primera instancia. La otra mitad permanece a la espera con prisión preventiva, casi 20 mil hombres y mujeres en cárceles hacinadas. Autoridades como James Cavallaro, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió sobre el problema en su última visita a la Argentina.

"El SPB, internamente, comparte la preocupación, más vale", dice un alto funcionario: "La Policía tiene la obligación de detener, pero depende de los jueces regular esto". Cavallaro y la radio interna del SPB no son los únicos en preocuparse. Funcionarios como el procurador provincial Julio Conte Grand también hablaron al respecto. El procurador afirmó estar "muy preocupado" por la sobrecarga de detenciones.

La sobrecarga impacta, en primer lugar, en las comisarías, donde los tiempos de espera sobrepasan lo legal. El agónico motín de la Comisaría N°3 de Merlo en diciembre pasado, protagonizado por 14 detenidos, que duró casi diez horas e incluyó una toma de rehenes, fue un fiel reflejo de esto. Los hombres señalados como cabecillas del motín registraban arrestos de varios meses sin evidentes traslados a cárceles: un hombre acusado de tenencia ilegal de estupefacientes estaba detenido desde fines de junio.

Los detenidos por delitos contra la propiedad son la mayoría absoluta: un 43% del total tumbero del SPB está imputado por robos agravados y hurtos. Los abusadores sexuales ascienden a un 6,5%; los involucrados en causas de estupefacientes son el 13,5 del total.

Fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense entregaron a Infobae un documento sobre su gestión para 2017. Las cifras hablan de más de 12 mil presos cursando estudios escolares, otros 5 mil capacitados en centros de formación profesional, 279 talleres en funcionamiento como panaderías y carpinterías, 5.100 colchones elaborados por internos en fábricas de unidades del SPB y unos 7 mil nuevos entregados en total, clases de yoga y una cancha de rugby de pasto sintético en la Unidad N°48 de San Martín, un nuevo centro de monitoreo para detenidos con tobillera electrónica, 13 mil vacunas aplicadas a presos y penitenciarios.

Los números de las requisas son más alarmantes. Hubo, según el informe, unas 15.800 facas incautadas en todo 2017 -poco más de cuatro de cada diez presos con un arma letal-, 26 mil celulares -es decir, casi 7 de cada 10 de todos los presos del SPB con un aparato clandestino-, 11.800 pastillas y 1.600 litros de bebida tumbera fermentada.

Ahora, ¿qué pasa con las nuevas cárceles? ¿Se están construyendo? "No bajan un mango más desde la provincia. Sí, hay más detenciones, hay más presos, pero no bajan un mango más. Si no hay para hospitales, no va a haber para los presos", afirmaba un funcionario de peso en noviembre pasado, alarmado por los números. Hoy, el Ministerio de Justicia proyecta dos nuevas unidades para 2018 en Campana y Lomas de Zamora, una nueva alcaidía también en Campana y nuevas ampliaciones en el resto de la provincia que garantizarían mil plazas más.

El número no cubre la sobrepoblación, ciertamente: faltan nueve mil presos y contando. "Estamos barajando con la gobernadora la posibilidad de una nueva cárcel que albergaría a 1.700 internos, una inversión, ponele, de 2.700 millones de pesos", dicen desde el SPB: "Igual, la cosa sigue estando bastante flaca". Una de las unidades que se encuentran en restauración es la 28, el penal de Magdalena, donde fallecieron 33 personas en un incendio en 2005 por el cual tres penitenciarios fueron condenados este año.

La iniciativa fue fuertemente criticada en un reciente informe del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. "Este pabellón es el continuo al que se incendió en el año 2005 en el que fallecieron 33 personas. Tiene las mismas características que aquel que se incendió: construcción de bajo costo que no cumple con los estándares mínimos internacionales para el alojamiento de personas", aseguró el documento.

El CELS, con la abogada Paula Litvachky a cargo de su área de Justicia y Seguridad, es uno de los críticos más acérrimos de las condiciones de encierro en la provincia, así como de la política de prisión preventiva que mantiene colmadas las cárceles y da a la Provincia de Buenos Aires la tasa de encarcelamiento más alta de la Argentina, con denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

"Este aumento desmedido del encarcelamiento que se registró en los últimos años no fue acompañado con una mayor cantidad de egresos y, por el contrario, aumentaron los ingresos. Tampoco se introdujeron medidas para mitigar las aberrantes condiciones de detención en las que se encuentran las personas allí alojadas. En consecuencia, se agravaron el hacinamiento y la escasez. Así como también la precariedad en el sistema de salud y la violencia. El escenario de sobrepoblación se observa en todo el Sistema Penitenciario Bonaerense, y en las comisarías es particularmente grave", diagnosticó el organismo en su último informe sobre el tema que data de diciembre pasado.

El texto cita un informe oficial en particular, entregado según el documento por el Ministerio de Seguridad: sobre 420 dependencias policiales relevadas solo un 6% tiene salidas de emergencias y solo la mitad cuentan con matafuegos. Fuentes cercanas al ministro Ritondo hablan de un programa de refacciones en curso. Hoy, el CELS propone "la promoción del dictado de una ley control de la sobrepoblación de alojamiento por centros de detención".

Los números de gestión del Ministerio de Justicia encuentran también su contracara en los informes de la Defensoría de Casación provincial encabezada por Mario Coriolano, que actuó como enlace entre el Gobierno y la familia de Santiago Maldonado. La Defensoría nuclea a todos los defensores oficiales de la provincia. Cada año, compila en un informe las denuncias por torturas y maltratos contra efectivos de la Bonaerense y el SPB en comisarías y cárceles.

En pocas semanas, la Defensoría lanzará el informe que contiene las estadísticas para 2017. El informe para 2016 reveló 331 denuncias de tormentos hechas desde las cárceles de la provincia. Se registraron 226 expedientes por puñetazos y patadas de penitenciarios en 2016, con otros 27 por golpes con objetos, seis por quemaduras, y cuatro hechos de abuso sexual. La jurisdicción de Morón lidera el ranking: 147 casos, seguida por 57 expedientes en Bahía Blanca Algunas escenas volcadas por defensores en el informe son grotescas.

Un preso trasladado desde el penal de Olmos a la cárcel de Batán, por ejemplo, afirmó que "le exigieron que se saque las vendas que tenía en la pierna producto de curaciones que le habían realizado" y tras negarse "comienzan a pegarle produciéndole fisura de costilla del lado derecho, un corte en la frente (por el que le dieron 45 puntos) y golpes en distintas partes del cuerpo". Al llegar a Batán, el interno denunció que penitenciarios lo golpearon con palos y le lanzaron gas pimienta al grito de "vos sos el piola que hizo renegar".

 El aislamiento forzado en celdas solitarias es el segundo ítem en la lista de supuestos tormentos a presos: se reportaron 68 casos de encierros prolongados en buzones a lo largo del año pasado. La Defensoría, por ejemplo, supo a través de la Asociación de Acompañamiento de Familiares de Detenidos que el 11 de junio pasado varias internas de la unidad 52 de Azul fueron obligadas a desnudarse para ser requisadas y muchas de ellas fueron golpeadas y dejadas desnudas dentro de los buzones, sin abrigo y en pleno invierno.