El abogado de la familia de Débora Pérez Volpin apuntó contra el sanatorio de La Trinidad por supuesto ocultamiento de pruebas

Diego Pirota, abogado querellante en representación de la familia de Débora Pérez Volpin, asegura en diálogo con Infobae: "No nos vamos a quedar con esto".

Esta mañana, Pirota –ex defensor en Comodoro Py de funcionarios en causas sensibles como Amado Boudou y Fernando de Santibañes- presentó un pedido de medidas de prueba en la causa que investiga la muerte de la periodista, a cargo de la fiscal Nancy Olivieri bajo la firma del juez Gabriel Ghirlanda, con una calificación de homicidio culposo. No solo la anestesista Nélida de la Puente y el gastroenterólogo Diego Bialolenkier están cuestionados y bajo sospecha en los cálculos de la querella: a tres semanas de la muerte de la ex legisladora y conductora de TN en el Sanatorio de la Trinidad, la clínica misma está bajo fuego. La historia clínica y el aparato con el que se habría realizado la endoscopía y que fue incautado por la Policía de la Ciudad dos días después del fallecimiento se convierten en el nuevo centro del problema.

—Hoy se presentaron una serie de medidas de prueba en la causa. ¿Cuáles son estas medidas?

—El pedido se lo hicimos a la fiscal Nancy Olivieri que tiene delegada la instrucción. Primero, queremos conocer los nombres de todas las personas que trabajaron los días 5, 6 y 7 de febrero en la clínica y que tuvieron que ver con el tratamiento de Débora, toda la gente que haya intervenido desde que llegó hasta el último día. Sobre el endoscopio secuestrado también estamos ampliando la investigación para corroborar si ese endoscopio se usó o no en el procedimiento. Queremos las identidades de quienes trabajaron para citarlos como testigos, a los que tengan un grado de responsabilidad médica se verá el tenor de la declaración.

—¿Por qué hay sospechas sobre el endoscopio incautado?

—Sospechamos que el que se secuestró no es el que se utilizó. Vamos a la explicación más simple, la que nos dan los profesionales que lo vieron en persona o en fotografías. Es uno muy antiguo, que no se usa hace muchos años, más en un sanatorio como La Trinidad que cuenta con equipos de otra tecnología. Diré algo burdo: el avance de la tecnología es terrible y vemos este equipo que tiene 20 o 30 años. En el mismo lugar tienen tecnología más actual en otro lugar del edificio y no en los quirófanos. Casualmente no graba, no saca fotos ni deja registro de las imágenes que se ven. Y lo que reclamamos son las imágenes. El estudio se ordena justamente para eso, para ver las imágenes. Este estudio no se hacía de urgencia, sino que fue programado, no estaba en un cuadro de desesperación. Y Débora, como dijo la anestesista, estaba llena de vida. No tenía un cuadro de gravedad tal que había que hacer el estudio como sea. Quince minutos después sabemos lo que pasó.

Pirota luego va hacia un terreno igual de inquietante: una serie de anotaciones realizadas durante el procedimiento por el responsable de hacerlo, el gastroenterólogo Diego Bialolenkier y que están presentes en la historia clínica de la periodista fallecida. "Refiere primero una cosa y a la hora y media después refiere otra", dice Pirota.

El abogado querellante cita: "18:15. Se progresa con distensibilidad dificultosa del tracto digestivo sin lograr correcta visualización". Es decir, le costó ingresar. "19:45. Se inicia procedimiento a las 19:20 progresando sin dificultad", Pirota continúa. "Esto", asevera el querellante, "fue secuestrado y consta en la causa. Es el mismo procedimiento evaluado por la misma persona".

Por lo pronto, Pirota no pidió la indagatoria de Bialolenkier, que no tiene ninguna restricción legal para dejar el país a pesar de verse involucrado en un expediente bajo la calificación de homicidio culposo, algo que Pirota no cree necesario. "Todavía restan muchas más medidas. Para conocer la verdad tenemos que conocer todas las pruebas para que cuando se den las indagatorias pueda defenderse como corresponde", asevera el abogado: "No es este el momento."

—Por lo que puede verse en la causa hasta hoy: ¿la responsabilidad recae en la anestesista, en el gastroenterólogo o en ambos?

—Hoy los abogados de la querella consideramos que la responsabilidad es compartida. Entendemos que el endoscopista mediante una situación imprudente coloca a Débora en una situación de crisis tal que hace necesaria la intervención de la anestesista que realizando un procedimiento que no debía realizarse provoca la muerte. No sé quién tiene más responsabilidad que quién, cada uno tuvo un aporte distinto para el mismo resultado. Se concluyó una parte de la pericia. Ahora falta el informe histopatológico. Pero con esto sabemos que Débora murió por este tratamiento.

—Pérez Volpin pasa por varios estudios antes de llegar a la endoscopía. ¿Falló tal vez la supervisión de un médico superior?

—La sensación que tenemos de analizar la historia clínica, que es de la poca documentación que hay en la causa, es que faltaba ese médico de cabecera que coordina y va recibiendo la información para determinar el paso siguiente. Es una historia clínica donde no hay diagnóstico más profundo que un "dolor abdominal", cada profesional repite lo mismo que el anterior. Y así va hasta la endoscopía. Sí hay un momento en donde un gastroenterólogo que ordena la endoscopía, lo que quiere es verlo, por eso no está presente. Necesita ver el resultado. La clínica nos quiere hacer creer que la clínica no se grabó. ¿Cómo se iba a ver si no se grababa? Lo ideal será conocer las imágenes, donde estará la verdad absoluta.

—¿Existen las imágenes?

—Siempre hablo en hipotético: entiendo que no. Pero tengo la confianza de poder corroborar y que si se hizo algo mal se encuentre al responsable.

Hay una curiosidad final que apunta a Galeno, la empresa que controla al Sanatorio de la Trinidad. Galeno hizo, según Pirota, una presentación judicial sumamente llamativa. "Se presentó en el juzgado con un poder general apoderando a una abogada, algo que nos tiene atónitos. El juez hizo lugar a este pedido de una persona jurídica que no está imputada, no hay directivo imputado y hoy no lo debería haber salvo que demostremos que no se entregó la máquina que usó. No sé lo que pasó. Es un híbrido. El juez no aclaró qué tipo de responsabilidad tienen. Pedimos una nulidad que el juez rechazó".

La familia de Pérez Volpin, por lo pronto, no presentó un letrado civil para iniciar una demanda por daños y perjuicios con un resarcimiento económico.