A Enrique Blaksley Señorans, el principal acusado de la mayor estafa de la historia argentina reciente, no le hizo mucha gracia que un escribano público fuera a buscarlo a su casa en el country Pacheco Golf para servirle una notificación en noviembre pasado. Blaksley, como presidente y accionista en un 97% de la financiera Hope Funds, no había sido alguien fácil de encontrar.
Las viejas oficinas de Hope Funds en la calle Sarmiento al 600 ya estaban desiertas para ese entonces, una pequeña ruina de papeles revueltos sobre escritorios y sillas desocupadas. La firma cambió su sede social con una maniobra que fue publicada en el Boletín Oficial en agosto de 2016: la mudó dentro del mismo edificio.
Mucha gente había buscado a Blaksley, ciertamente. Una de sus antiguas inversionistas se lanzó desesperada sobre el capot de su BMW, llorando. Como titular de Hope Funds, Blaksley se había convertido con su corte de pelo clásicamente sanisidrense en el jugador más mediático del mercado argentino de finanzas: había sido sponsor de las visitas de Usain Bolt y Roger Federer a la Argentina, fue recibido en audiencias en la Santa Sede por el papa Francisco y por Benedicto XVI y fue también sponsor de La Dolfina, equipo de polo de Adolfo Cambiaso, en una de sus campañas más victoriosas.
Las inversiones que supuestamente manejaba, precisamente, eran la columna vertebral de ese brillo: su esquema se basaba en contratos de mutuo firmados con grandes y pequeños ahorristas que le entregaban su dinero con la promesa de recibirlo de vuelta con un jugoso interés del 12%, con una trama de 40 firmas locales y offshore en territorios como Uruguay, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas que llegó al escándalo de los Panama Papers, además de emprendimientos inmobiliarios en venta al público en Pilar.
La debacle llegó de a poco. Primero fue una denuncia por lavado de activos radicada en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, motorizada por la PROCELAC: Hope Funds habría procesado dinero de grandes inversores que no podían justificar sus ingresos. Un informe entregado por la AFIP reveló que de 521 clientes apenas tres tenían la capacidad económica suficiente para hacer una inversión. Eventualmente llegaron 25 pedidos de quiebra y las firmas ligadas al financista acumularon más de cinco millones de pesos en cheques sin fondo.
Luego, Blaksley, su principal socio, Federico Dolinkué, su mujer, su cuñada y más de una decena de colaboradores de su mesa chica que participaron en los contratos de mutuo fueron denunciados por estafa a fines de 2016 por los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, que señalaron no solo la maniobra de los mutuos impagos sino también la extensa red de firmas. Los también querellantes Hernán Vega y Víctor Varone se sumaron poco después.
Hoy, ambos equipos de letrados representan colectivamente a 370 damnificados que reclaman un total de casi 35 millones. Las causas tanto de lavado como de estafa fueron concentradas por la jueza María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mangano con la PROCELAC como organismo coadyuvante. Mangano estimó los damnificados en un requerimiento de noviembre pasado en más de mil.
Servini decretó un embargo sobre Blaksley de casi 19 millones de pesos, le impuso la prohibición de salir del país y pidió una batería de información y nuevas medidas a diversos organismos estatales argentinos e internacionales. La facturación estimada en el expediente: 72 millones de dólares y 275 millones de pesos por año.
Se detectaron terrenos, nueve cuentas bancarias, un yate llamado Suertudo. Pero los presuntos estafados en el mayor esquema Ponzi de la historia argentina -similar al que perpetró el neoyorquino Bernie Madoff- son solo una parte de la historia. El escribano público que llegó hasta el country Pacheco Golf para notificar a Blaksley no llegó de parte de la Justicia penal, sino que llevaba una notificación del fuero laboral. Quienes fueron la clave del negocio del financista también reclamaban su parte: los encargados de captar a estos inversionistas presuntamente defraudados fueron los vendedores de Hope Funds.
Eran una tropa ambiciosa, muchos de ellos ex jugadores en el mercado de las aseguradoras que encontraron una segunda chance en el esquema de Blaskley. Y el trato era fabuloso: estos vendedores, con un lugar en las oficinas de la calle Sarmiento, podían llevarse comisiones de hasta el 8,5% del bruto de cada contrato.
Estaban divididos en cuatro grupos con cuatro jefes: estos líderes ganaban su propia comisión, hasta un 2% del pozo general. Blaksley era generoso con sus vendedores, al menos, con los que más dinero recaudaban. Los premiaba con viajes por el mundo en los que él mismo participaba, las fotos de varios de esos viajes ilustran esta nota. Ningún destino era de cabotaje; la elite de Hope Funds visitó Escocia, Gales, Irlanda, un lujoso crucero por el Mar Báltico.
Una visita a Hawaii en 2013 incluyó estadías en el hotel Hyatt Regency en Waikiki, donde una habitación simple con vista al mar vale 400 dólares la noche. Setenta vendedores participaron de aquel viaje. En una lujosa cena en San Petersburgo, Blaksley, vestido como un noble del siglo XVII, se hizo cantar una canción de homenaje a sí mismo por todos sus empleados sobre cómo un hombre construyó una gran empresa. "Olvidate de ir con la tarjeta, con el pasaporte alcanzaba", afirmó un ex empleado a Infobae. Y todo era pagado por Hope Funds.
La notificación que Blaskley recibió en su casa era un nuevo capítulo en su ruina: 14 de esos empleados, los gerentes y capitanes de mayor jerarquía de su empresa lo demandarán el mes que viene tras el fin de la feria judicial por comisiones y aportes laborales impagos. La demanda alcanza colectivamente un monto de 500 millones de pesos en concepto de indemnizaciones y haberes impagos según asevera el abogado que los representa, el doctor Gonzalo Espinoza Paz.
"Blaksley no solo cambió de domicilio una, sino dos veces. La denuncia será introducida tras el fin de la feria. Lo demandaremos a él y a su socio Federico Dolinkué como responsables solidarios. La solidaridad se extiende por tener trabajadores en negro, no registrados, con aportes retenidos, lo que conlleva una posible denuncia penal por retención indebida", afirma el abogado. Blaksley, irónicamente, fue una víctima de su propio esquema. Figuraba ante la AFIP no como empleador en Hope Funds, sino como empleado: su información previsional reveló aportes impagos hasta mediados de 2016.
Llegar hasta una demanda laboral ante un juez implica instancias agotadas: el paso previo son las audiencias de mediación SECLO de conciliación laboral obligatoria del Ministerio de Trabajo. "Hubo dos. No solo que no fue Blaksley, que fue citado, sino que no fue nadie en representación de Hope Funds", afirma Espinoza Paz.
Los vendedores son figuras ambiguas en la historia, víctimas para algunos, victimarios para otros: muchos de ellos siguieron el clásico esquema Ponzi de venderles mutuos a familiares y amigos que jamás cobrarían, quizás sin saber. Otros, afirma un ex vendedor de Hope Funds que no es parte de la demanda, "siguieron tocando mientras el barco se hundía sabiendo lo que hacían". Los pocos leales que le quedaban a Blaksley tras la presentación de la denuncia por estafa continuaron vendiendo mutuos mientras intentaban convencer a sus clientes de que no se presenten en la Justicia con reclamos contra la empresa.
Blaksley se cruzó con uno de sus viejos vendedores en octubre pasado, en el clásico café Exedra frente a la avenida 9 de Julio. El vendedor había sido alertado de que el financista estaba allí, en una mesa, que había sido visto desde la ventanilla de un colectivo.
El "Bernie Madoff argentino", vestido con su típico saco sport, le dedicó unos insultos desde la vereda: "Vos me cagaste", le espetó. En sus cálculos privados, afirman quienes conocen al financista, el creador de Hope Funds "cree que su empresa se desplomó porque algunos vendedores les dijeron a clientes que retiren su plata, piensa que vendía inversiones genuinas". El vendedor insultado volvió a cruzarse a Blaksley sobre la calle Reconquista en Recoleta, a fines del año pasado: esta vez, su ex jefe era acompañado por un guardaespaldas.
De vuelta en Comodoro Py, la Justicia evalúa cifras y nombres de contratos de mutuo relevados hasta ahora por la fiscal Mangano y aguarda la información requerida a través de múltiples exhortos nacionales e internacionales.
Las primeras respuestas llegaron el día 29 de diciembre: el fiscal Rómulo Bethancourt Rivera y el fiscal adjunto Marcos Mosquera, ambos de la Procuraduría de Panamá, enviaron una serie de mails a la fiscal Mangano sobre una decena de departamentos vinculados a Blaksley ubicados en el edificio PH The Panamera Residences en la capital panameña, registrados a nombre de la firma estadounidense Global Corporate Suites Inc. en el registro público de ese país. La intención de la Justicia argentina: congelarlos y embargarlos, algo que el fiscal Bethancourt le advirtió a Servini es también facultad de la legislación panameña. Así, Bethancourt le anunció a Servini la "aprehensión previsional" de los bienes para que queden a disposición del Juzgado Federal N° 1.
Sin embargo, estos departamentos son solo una parte del hipotético rompecabezas. Servini requirió el 3 de diciembre pasado través del Grupo Egmont -un concilio de las unidades de información financiera del mundo del cual Argentina es miembro- datos a Costa Rica, España, Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, Marruecos, Nueva Zelanda, Suiza y Uruguay. De repente, para la Justicia argentina, Hope Funds se vuelve un planisferio.