El juez federal Julián Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y de su socio Carlos Fabián de Sousa, en el marco de la causa en la que están acusados de evadir $8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles a través de su empresa OIL. Ercolini los procesó con prisión preventiva por considerarlos partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra una administración pública. De Sousa ya fue detenido por la Gendarmería en un domicilio de Puerto Madero.
El magistrado decidió detener a López -sospechado como testaferro de Cristina Elisabet Kirchner- por obstrucción a la justicia, al haber vendido el paquete accionario del Grupo Indalo, violando la inhibición general de bienes dictada oportunamente.
Además, el juez Ercolini procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por considerarlo autor del delito que se le imputa también a los empresarios.
El juez trabó un embargo contra los tres procesados por diecisiete mil cuarenta y dos millones quinientos nueve mil seiscientos noventa y dos pesos ($17.042.509.692).
Según la acusación, la maniobra delictiva comenzó en mayo de 2011, cuando Oil Combustibles comenzó su operatoria. Durante más de cuatro años la AFIP -comandada por Echegaray- a través de diversas irregularidades, habría permitido que la compañía de López no pagara el impuesto a los combustibles líquidos. Los empresarios utilizaron ese dinero en forma indebida para capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo tornando de esta manera incierto el cobro de la deuda que mantienen con el Estado Nacional.
Para Ercolini, los regímenes de pago de la AFIP con los que Echegaray benefició a Cristóbal López permitieron que Oil Combustibles no pague el impuesto a los combustibles líquidos. Esto sucedió a partir de la laxitud en el otorgamiento de los planes de pago del organismo recaudador, la falta de control y la concesión sistemática y deliberada de nuevos planes por parte de los funcionarios de la AFIP, cuyo titular era Ricardo Echegaray. Este accionar le permitió a Oil Combustibles refinanciar la deuda fiscal una y otra vez al tiempo que la habría favorecido para que con ese capital fondeara a otras empresas del grupo.
De la documentación que hay en el expediente surge que la empresa de López habría pagado una sola cuota de los planes de pago y la AFIP no exigió el pago de las restantes. Con este dinero que dejaba de pagarle al fisco, Cristóbal López capitalizó otras empresas del grupo Indalo. Con esta maniobra logró el vaciamiento de Oil Combustibles tornando incierta la posibilidad de que el Estado Nacional pueda cobrar la deuda.
Para completar el fraude, Oil Combustibles se presentó en concurso de acreedores ante un juzgado de Comodoro Rivadavia donde López pretendía jugar de local. Ese juez se declaró incompetente y giró las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Comercial. El expediente quedó radicado entonces en el juzgado comercial nro. 4 con asiento en esta Capital que decretó de oficio la nulidad de la apertura del concurso. Apelado ese fallo, la Cámara lo revocó parcialmente manteniendo la validez de la apertura. Sin embargo consideró que existió una conducta fraudulenta de la empresa de Cristóbal López al crear un domicilio ficticio en Chubut con la finalidad de eludir la competencia de la Justicia Nacional.
El expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia que el pasado 15 de noviembre confirmó la nulidad de la apertura del concurso de Oil Combustibles por entender que es fraudulento.
El fallo completo
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