Jaime y Schiavi procesados por coimas en el negocio del Tren Bala

Fue un proyecto anunciado y nunca concretado. Pero, según lo demostró la justicia, se firmó un contrato por una promesa de coima de un millón de dólares en el caso de que el anuncio se transformara en realidad.

El Tren de Alta Velocidad (TAVE) -rebautizado Tren Bala- que iba a unir Buenos Aires con Rosario y Córdoba jamás se construyó. Durante el kirchnerismo se adjudicó la obra a un consorcio encabezado por la filial argentina de la empresa francesa Alstom. Pero la obra no se realizó. Y la coima no se pagó. O por lo menos no pudo demostrarse que se haya concretado el pago.

El juez federal Luis Rodríguez dictó los procesamientos de los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por el delito de cohecho pasivo. Se basó para ello en la firma de un contrato entre Alstom y la consultora Controles y Auditorías Especiales (CAESA) propiedad de Manuel Vázquez, asesor y testaferro de Jaime.

El 16 de julio de 2008 se firmó el de consultoría entre CAESA –representada por Julián Vázquez–, Alstom Network UK Ltd. –representada por Jean-Daniel Lainé–, y Alstom Argentina SA –representada por Thibault Desteract–. Se pactó el pago de honorarios en U$S 1.000.000 a pagar del siguiente modo: U$S 100.000 cuando entrara en vigencia el contrato y luego 30 pagos de U$S 30.000 mensuales. Jaime había adjudicado en abril de aquel año el contrato al consorcio Veloxia formado por Alstom, Isolux Corsan, IECSA (la empresa de la familia Macri) y EMEPA.

El juez procesó tanto a los ex funcionarios como a los Vázquez por cohecho pasivo. Y también a los empresarios franceses de Alstom: Lainé y Desteract. Los franceses fueron procesados por cohecho activo. Todos fueron embargados en $2.000.000.

El caso comenzó en 2008 y Rodríguez se hizo cargo del juzgado federal 9 en octubre de 2012. Desde entonces fueron llegando al juzgado contestaciones de pedidos de información enviados a distintos países. Llegó una respuesta de Brasil donde se indicó que se investigaba a Alstom por sospechas de sobornos en aquel país. Arribó una respuesta de Suiza. También de Francia y una especialmente relevante desde el organismo del Reino Unido que investiga fraudes, corrupción y pagos de coimas: Serious Fraud Office (SFO).

Según el procesamiento firmado por Rodríguez al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, la SFO que tenía una investigación abierta sobre Alstom y las sospechas de pago de coimas en el extranjero, envió el contrato entre esa compañía de transporte y CAESA.

En el procesamiento se explica que "los investigadores de la SFO opinan que la mayoría de las consultoras no prestaron ningún servicio contractual, o que sus servicios consistieron solamente en transferir las sumas de dinero recibidas por parte de Alstom a otras empresas o terceros, luego de deducir una comisión. Se cree que los contratos de consultoría tenían el único fin de proporcionar una fachada para explicar el retiro de fondos de las empresas de Alstom y transferir los fondos a las consultoras para la subsiguiente transmisión a los funcionarios públicos o de gobierno. Se cree que los fondos se utilizaban para fines ilegales, principalmente para el pago de sobornos a receptores relacionados de manera directa o indirecta con la parte contratante".

Rodríguez citó en el procesamiento fragmentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por la Tragedia de Once en la que se explicaba que Jaime no hizo "nada" para mejorar la situación de decadencia del ferrocarril Sarmiento y del sistema ferroviario metropolitano. Y luego de eso agregó: "Lo sostenido por el Tribunal Oral resulta correcto, con la salvedad de que cuando afirma que Jaime nada hizo, en estas actuaciones se ha demostrado que cuando el nombrado nada hacía respecto de la desastrosa situación de los trenes que se encontraban transportando pasajeros, por otro lado comprometía al erario público para la realización de un tren de alta velocidad que en nada solucionaría aquel escenario referenciado. Lo afirmado en dicha sentencia explica el comportamiento del encartado Jaime. El manejo de la Secretaría de Transporte debe analizarse de manera global, resultando inconcebible que el imputado decidiera asumir la deuda que implicaría el desarrollo del TAVE, en la gravísima situación ferroviaria en que se encontraba el país. El actuar de Jaime, y sus consortes de causa, no puede ser examinado de manera aislada sino que debe someterse al contexto en que la maniobra ilícita se llevaba a cabo y desenvolvía".

Los imputados negaron haber cometido delito alguno. Jaime, quien está preso desde abril de 2016 por otros casos de corrupción, en su indagatoria dijo que recién se enteró de la existencia de la firma CAESA luego de su salida del gobierno en julio de 2009. Esa respuesta es un tanto insólita: Vázquez fue su asesor y  todas las empresas relacionadas al negocio del transporte pagaban un "abono" mensual en esa consultora mientras Jaime fue secretario de Estado. Además está probado en varias causas judiciales la relación entre Jaime y Vázquez y la firma CAESA. Tal es así que Jaime y Vázquez están detenidos desde el mismo día por la causa en la que se compraron trenes chatarra a España y Portugal y se cobraron coimas a través de CAESA.

La situación de Schiavi, que llegó en 2009 al cargo para reemplazar a Jaime, fue diferente a la de Jaime ya que el contrato ya estaba adjudicado. Según el juez, Schiavi tomó decisiones administrativas que permitieron la continuidad del contrato y con ello del hecho que había generado la promesa de pago de la coima.

Schiavi se defendió diciendo que "en relación a instrumentar prórrogas al contrato, que fueron aceptadas por el consorcio adjudicatario, fueron actos de protección de los intereses del Estado, en tanto en ningún caso la prórroga favoreció al consorcio citado".

Según explicaron a Infobae fuentes judiciales, como el contrato fue firmado directamente por Alstom fueron procesados los directivos de esa compañía. Se tiene que determinar qué grado de participación tuvieron en la maniobra los integrantes de Isolux, IECSA y EMEPA. El caso aún no está terminado.